Apipé: unánime declaración de emergencia y objeción del FPV al reclamo judicial por daños - EsChaco.com - Resistencia

AYER EN SESION EXTRAORDINARIA DEL SENADO POR LA CRECIENTE

Sábado, 13 de julio de 2013

Apipé: unánime declaración de emergencia y objeción del FPV al reclamo judicial por daños

Con la participación de isleños y la proyección de fotografías sobre el impacto de la inundación, sesionó por más de dos horas la Cámara alta. Finalmente, aunque con modificaciones, dio media sanción a la declaración de zona de desastre. Breard expuso los argumentos de la ley e hizo hincapié en que la EBY habría priorizado a Posadas en la ejecución de obras como las defensas costeras. Algunas razones esgrimidas fueron refutadas por el FPV. Hubo fuertes cruces verbales.

Ayer, desde las 11.30 y hasta después alrededor de las 14, se desarrolló la sesión extraordinaria en el Senado para someter a votación un proyecto de ley que declara en emergencia y zona de desastre a la isla Apipé Grande. El voto afirmativo fue unánime, pero integrantes del Frente para la Victoria objetaron varios artículos referidos a realizar presentaciones judiciales en contra del Estado nacional y la EBY.
Tras la apertura protocalar de la sesión a cargo del presidente de la Cámara alta, Pedro Braillard Poccard, el senador Noel Breard (ECO) realizó una breve introducción del proyecto y la intendenta de Apipé Grande, Mónica Romero, graficó la situación compleja en la que están inmersos luego de que el agua avanzara sobre las costas y terminara afectando un 60% del territorio. Seguidamente, en una pantalla fueron proyectadas imágenes de la inundación en la comuna isleña, de la asistencia brindada en el lugar e inclusive de la reunión que el pasado lunes mantuvieron funcionarios provinciales con los pobladores afectados.
Una reseña fotográfica que fue aplaudida por el grupo de habitantes de Apipé Grande que estaban en el recinto legislativo.
Luego, el senador Noel Breard, que junto a varios de sus pares fue autor del proyecto de ley para declarar en emergencia y zona de desastre a Apipé Grande, comenzó a explicar los fundamentos. En primer lugar rescató el trabajo que en diferentes años realizaron legisladores e intendentes para intentar conseguir que se ejecutaran obras en la isla: el senador Rubén Pruyas, Araceli Ferreyra, Gustavo Canteros y los ex intendentes Octavio Valdés (Ituzaingó) y José Ojeda (Apipé Grande) fueron algunos de los citados.
Después hizo una breve referencia a los objetivos que se había trazado Yacyretá, enumerando: generar energía, facilitar la navegación, controlar las crecientes periódicas y establecer un puente de integración entre ambos países. “Pero de todos ellos cumplió sólo el primero, porque inclusive el puente dicen que no tiene la suficiente carga de cemento por lo que afirman no se puede usar para el tránsito pesado”, expresó Breard. A lo que agregó “inclusive Menem quiso privatizar por mil quinientos millones de dólares Yacyretá y en agosto de 1996 quien es ahora Gobernador, junto a Polich y otros dirigentes radicales nos manifestamos frente a la represa y se logró frenar eso”.
Luego, continuó: “Después primó el capitalismo cuando se decidió elevar a cota 83 sabiendo que la represa técnicamente estaba preparada, pero socialmente no”. Detallando en este punto que en respuesta un pedido de informes, desde la EBY habrían manifestado que a la isla entregaron una moto, un freezer, una heladera y 130 metros cuadrados para que vivan los guardaparques. “Ese aporte que hicieron en teoría para la preservación de los recursos naturales es para que los organismos internacionales continuaran dándoles créditos para ejecutar las obras que precisamente permitieron luego llegar a la cota 83”, señaló el senador., quien añadió “pero resulta que desde acá se daba luz a todo el país y a la isla recién llegó el tendido en el 2010”.
Al escuchar estas consideraciones y otras apreciaciones partidarias por parte de Breard, se interrumpió brevemente la exposición por un cruce de palabras con el senador Rubén Bassi (FPV).
Luego, el legislador oficialista retomó su alocución y planteó que la EBY, tal como realizó defensas costeras en Paraguay y Posadas (Misiones) debería hacerlas en Apipé Grande. “Yacyretá debe resarcir el daño que hace”, señaló e inmediatamente dijo que “también deberían pagarnos los 600 millones de regalías que nos deben desde el 2006”.

Objeción y coincidencia
Por parte del FPV, hizo uso de la palabra el senador Rubén Pruyas, quien explicó: “Quiero aclarar una cuestión con respecto a las regalías porque hay un registro de ingresos con fecha 16 de diciembre del 2011, de más de 40 millones”.
Tras lo cual precisó que se le otorgó unos $744 mil a Ituzaingó, otros $258 mil a San Antonio y un poco más de $31 mil a Villa Olivari. “Pero en realidad la distribución tendría que haber sido de 7 millones para Ituzaingó, de 2 millones para Apipé Grande y 307 mil para Villa Olivari, Sería interesante saber qué sucedió con eso, por eso nuestro bloque va a pedir informes”, anticipó Pruyas, que aclaró que coincide “en la declaración de emergencia pero sería importante saber qué pasó con ese dinero”.
Posteriormente, la senadora Susana González intervino en el debate, quien pidió debatir en otro momento el dinero que se debe y el que se pagó, para dar respuestas concretas y en forma urgente a la gente. Al mismo tiempo que solicitó a los legisladores nacionales que se unan para hacer reclamos ante el Estado nacional.
Después fue el turno del senador Rubén Bassi que expresó: “Estamos preocupados por las islas pero no sólo por Apipé”. Detallando en este punto a otras zonas que también sufrieron las consecuencias de la inundación. “Esto pasa constantemente”, destacó y recordó lo sucedido en Goya en 1998 “donde se estuvo a punto de evacuar la ciudad”.
Y fue en este contexto que brindó una definición sobre inundación, indicando que se trata de un fenómeno natural que deriva, por lo general, de abundantes precipitaciones. Pero que más allá de esto, rememoró la ley provincial Nº 5.588 en la que se estableció que la línea de ribera de las diferentes poblaciones costeras del Paraná como del Uruguay será fijado por el Icaa, quien también de acuerdo al artículo 15 debería definir las obras necesarias y entregar créditos o subsidios para los pobladores que estén en zonas inundables y que necesiten ser relocalizados.
Y luego, Bassi referenció que la EBY desde el 21 de junio emitió alertas de la creciente al Icaa, acotando además que la creciente registrada en junio en Puerto Iguazú por las abundantes lluvias generarían indefectiblemente un impacto en las poblaciones ribereñas correntinas. Haciendo hincapié en que lo ocurrido con la isla Apipé se debe a la gran cantidad de milímetros recorridos, señalando que en la década del ‘80 cuando aún no estaba la represa, igual se inundaron. En este punto fue interrumpido por algunos lugareños que corrigieron al senador sobre el año en que se produjo la inundación y el impacto que ésta tuvo. Acto seguido, mientras Bassi hablaba, Breard pronunció comentarios sobre su par, lo que derivó en una fuerte discusión entre ambos y que inclusive obligó a otros legisladores a que intervinieran para evitar que se produjera algún tipo de agresión física.
Una vez que los ánimos se calmaron, ambos legisladores pidieron disculpas y Bassi continuó haciendo uso de la palabra y se comprometió públicamente a realizar las gestiones que sean necesarias ante el Gobierno nacional y se quejó por la falta de propuesta, indicando que sólo se expresaron quejas.

Modificaciones
Pruyas de nuevo pidió la palabra y tras aclarar que “nuestro trabajo no es hacer de esto una pelea política sino que tenemos que hacer normas”. Y en ese contexto propuso incorporar al proyecto de ley provincial, la norma nacional referida a la emergencia agropecuaria para poder así gestionar recursos para los damnificados.
Luego, el senador Sergio Flinta pidió disculpas por la discusión que se generó y pronunció críticas sobre la elevación a cota 83, lo que consideró que aumentó los riesgos para los isleños. Concluidas las exposiciones, se aprobó con modificaciones el proyecto de ley. Y en el caso del FPV apoyó la declaración de la emergencia pero objetó ir a la Justicia por los daños.