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Por María Cafferata
Viernes, 6 de enero de 2023
Verano con pantalla caliente en Diputados
Con el decreto casi listo, el temario el temario para las extraordinarias tendrá como protagonista el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia en Comisión que será televisado. También incluirá una batería de proyectos económicos pendientes desde diciembre por la fricción entre oficialismo y oposición. Ley de blanqueo y moratoria previsional.



Con el pedido de juicio político a la Corte Suprema como ariete, el Frente de Todos se prepara para encarar un verano movido en el Congreso de la Nación. La convocatoria se oficializará la semana que viene, pero el decreto de sesiones extraordinarias está ya casi listo. El temario tendrá como protagonista al proyecto de juicio político contra los cuatro supremos, ya que la expectativa del oficialismo es poder generar una instancia de debate en donde se pueda exponer pública (y televisivamente) el accionar de los magistrados. No será, sin embargo, el único tema. Aguardan tratamiento una batería de proyectos --fundamentalmente económicos-- que el Frente de Todos viene queriendo impulsar en la Cámara de Diputados desde diciembre pero que no ha podido debido a los niveles de tensión con Juntos por el Cambio.

Luego de un diciembre de parálisis parlamentaria --con muchos gritos y pedidos de expulsión, pero sin una sesión especial--, el Congreso volverá a entrar en funcionamiento. Así lo anunció la portavoz Gabriela Cerruti en una conferencia de prensa, en la que anticipó que las sesiones extraordinarias comenzarán la segunda quincena de enero. El temario, que el presidente Alberto Fernández está terminando de definir, tendrá dos ejes: el pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda por "mal desempeño de sus funciones", por un lado, y un paquete de proyectos económicos que encabezará el blanqueo de capitales de Sergio Massa, por el otro.

Serán dos recorridos distintos, con objetivos y estrategias diferentes. En el caso del pedido de juicio político a los supremos, la disputa política girará fundamentalmente dentro de la comisión de Juicio Político. La comisión, que es conducida por Carolina Gaillard, deberá recolectar pruebas, citar testigos, interrogar involucrados, realizar inspecciones oculares y, con toda esa información, elaborar un dictamen acusatorio. Será un proceso largo, de dos meses, en el que el FdT tendrá que probar que existen motivos para avanzar con la remoción de los magistrados. En el proyecto del Ejecutivo -- que contó con el respaldo de 11 gobernadores--, se acusa a los cuatro supremos por "mal desempeño de sus funciones" por diversos hechos: el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos coparticipables -catalogado por el Ejecutivo y los gobernadores como "incumplible" y "antifederal"-; los supuestos chats filtrados entre el ministro porteño Marcelo D'Alessandro y un vocero de Rosatti -que terminaron motivando el pedido de licencia de D'Alessandro-; y la decisión de declarar la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura que había estado vigente, por ley, durante 16 años.

El FdT cuenta con una mayoría en la comisión - 16 de les 31 diputades integrantes son del oficialismo--, por lo que, pese a las fricciones que generó la resistencia de varios gobernadores a acompañar el pedido de juicio político, el bloque oficialista se muestra confiado en que tendrá el número para dictaminar. "Nuestros 16 están muy bien", afirmó una de las espadas del FdT que está organizando la estrategia de cara al inicio de extraordinarias. No se descuenta, además, que se puedan realizar algunos cambios entre les integrantes del oficialismo, reemplazando algunos nombres por otros. El recinto, mientras tanto, es otra historia: allí el FdT sabe que nunca tendrá los dos tercios para formular (y aprobar) la acusación, por lo que el objetivo principal es exponer públicamente a los cortesanos, acercar a la sociedad los motivos por los cuales se los acusa. Todo el debate en comisión, recordemos, será televisado.

En paralelo al trabajo de la comisión de Juicio Político, el oficialismo buscará también aprobar una serie de iniciativas que quedaron en el tintero. Este es el caso de la ley de blanqueo, la moratoria previsional, lavado de activos, agroindustria, hidrógeno verde, entre otros proyectos. En estos casos, el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, así como la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, deberán hacer un esfuerzo para retomar el diálogo con los diferentes bloques de la oposición luego del fracaso de las últimas dos sesiones de diciembre, cuando el FdT no logró sumar el número para el quórum.

Los elevados niveles de tensión y conflictividad entre el FdT y Juntos por el Cambio volvieron muy difícil sesionar a lo largo de todo 2022 -uno de los años no electorales con menor cantidad de sesiones-, pero el último mes fue aún más difícil. Con la disputa política en torno al Consejo de la Magistratura sobrevolando cada posibilidad de acuerdo -y una endurecida conducción de JxC renuente a concederle al oficialismo una última sesión del año-, los puentes entre oficialismo y oposición quedaron muy rotos en diciembre. Volver a construirlos implicará un trabajo de hormiga que se verá aún más complicado por el trasfondo de la discusión del juicio político a la Corte Suprema (al cual JxC se opone tajantemente).

Los proyectos a tratar en extraordinarias son, en sí mismos, capaces de sumar consensos. El plan de pagos de deuda previsional --que se volvió mucho más urgente desde que se venció la moratoria que estaba vigente desde 2014 (dejando en una situación vulnerable a 800 mil personas que están por entrar en edad jubilatoria y no cuentan con los años de aportes)- cuenta, por ejemplo, con el apoyo de varios sectores de la oposición, como el Interbloque Federal, la izquierda y Provincias Unidas. El proyecto de fomento a la Agroindustria, mientras tanto, cuenta con el respaldo de gran parte de JxC.

Queda pendiente aún, sin embargo, el proyecto de modificación de la Ley de Presupuesto que el Presidente había asegurado que resultaba imprescindible para poder cumplir con el fallo de la Corte Suprema respecto a la coparticipación. Si bien Fernández había asegurado que había encomendado al Ministerio de Economía a que redactara un proyecto de ley que definiese de dónde iban a salir los recursos para cumplir con el aumento a la coparticipación porteña, todavía no ha habido novedades de la iniciativa y, en la Cámara de Diputados, no se ha visto ni un borrador.


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