Slimel cargó contra la oposición sobre el uso de celulares en cárceles: dejen de mentir
El diputado provincial, en nombre del Bloque Justicialista, se refirió a la vigencia de la regularización del uso de telefonía celular en la provincia, conforme a la Resolución N°676/22 del Ministerio de Seguridad y Justicia.
“Es muy triste que sigan usando los mismos temas, en cada sesión, para hacer una mala política y confundir a la gente”, aseguró.
El diputado provincial Nicolás Slimel se refirió, en nombre del Bloque Justicialista, al veto parcial enviado por el Poder Ejecutivo sobre la sanción legislativa 3794-J, que establece la “prohibición del uso de telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios”.
En este sentido, y teniendo en cuenta que este punto no se encontraba en el temario de las y los legisladores en la sesión ordinaria del día, aseguró en nombre del Bloque Oficialista que “acordamos el tratamiento del veto en la próxima sesión ordinaria” y argumentó los motivos: “Primero hay que analizarlo técnicamente desde el punto de vista que plantea el Poder Ejecutivo provincial, y lo segundo, si vamos a tener coherencia y respeto por nuestra sociedad, es necesario que la oposición deje de mentir”, ratificó.
En relación al planteo de la oposición en el recinto legislativo, dijo que “es muy triste que aprovechen el momento para decir que no queremos limitar el uso de celulares en las cárceles y que sigan usando los mismos temas, en cada sesión, para hacer una mala política y confundir a la gente”. “La oposición otra vez busca un caso sensible, como el caso Cecilia, para hacer política. Me parece repugnante que sigan haciendo lo mismo”, exclamó Slimel.
Sobre la posible reformulación del proyecto de Ley, el diputado explicó también que “hay propuestas superadoras que se están analizando, que pueden sumar y aportar mucho al tema en debate”.
La Resolución N°676/22 del Ministerio de Seguridad y Justicia, establece el mecanismo y un protocolo de reglamentación del uso de telefonía celular por parte de los detenidos, brindando a los agentes policiales y penitenciarios, ejercer un control estricto sobre el uso de los dispositivos.
El veto parcial enviado por el Poder Ejecutivo tiene una vigencia de noventa días desde su presentación, por lo que caducaría en octubre de 2023. En votación a mano alzada y sin la aprobación de los dos tercios de los presentes, el debate se realizará en la próxima sesión ordinaria, que se realizará el miércoles 16 de agosto luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como tema prioritario.