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Jueves, 17 de agosto de 2023

Lavado II: una primera audiencia de testimonios que no aportaron demasiado

Se llevó a cabo este jueves la primera audiencia de testimoniales en el juicio oral por la causa conocida como “Lavado II” o “PIMP” en la cual la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del STM, Jacinto Sampayo, llegaron imputados como presuntos jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la corrupción con fondos públicos municipales. El exdiputado Ricardo Sánchez dio detalles sobre el origen de su denuncia en el año 2014.

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Más allá de ciertos momentos de tensión que se produjeron durante el interrogatorio de la abogada defensora de la exintendenta, Olga Mongelós, al exdiputado provincial justicialista, Ricardo Sánchez, de los testimonios escuchados en esta primera audiencia no se pudo rescatar nada que aporte nuevos elementos a la causa.

En primer lugar, declaró la agente de la Policía Federal Argentina, Silvia Lapuente, quién manifestó no recordar detalles sobre la llamada anónima que, en el mes de enero de 2018, alertó a la delegación Resistencia de esa fuerza sobre un supuesto accionar delictivo del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, y que posteriormente dio origen a la apertura de una investigación preliminar por parte del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini.

“Recibí un llamado telefónico, labré un acta, comuniqué la novedad al jefe de dependencia de ese momento, se realizó la consulta telefónica al Juzgado y a la Fiscalía de turno, y exactamente qué me relataba en esa denuncia no lo puedo decir, no lo recuerdo”, narró la oficial principal de la PFA. Durante su testimonio, uno de los abogados defensores advirtió sobre una supuesta “contradicción” con lo que había declarado en la etapa de instrucción de la causa, lo que después fue descartado.

En rigor, los testimonios de la agente federal y de su por entonces superior, José Luis Kupczewski, fueron reveladores a la hora de echar por tierra las objeciones que desde el inicio de la investigación formularon las defensas sobre la validez de esa llamada. De hecho, ambos agentes federales fueron denunciados por el imputado Carlos Huidobro por presunta falsedad ideológica y falso testimonio con el objetivo de lograr la nulidad de la llamada anónima que dio origen a la investigación. Sin embargo, esa denuncia fue desestimada por la justicia federal de Resistencia y posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Fue el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, quién pidió al TOF incorporarla para corroborar la legalidad de la misma.

La investigación del Centro Mandela

A su turno, el exdiputado provincial Ricardo Sánchez relató que junto a un grupo de sus pares de bloque decidieron formalizar la denuncia penal luego de tomar conocimiento de una investigación realizada por el Centro de Estudios Nelson Mandela, a cargo del abogado Rolando Núñez, “donde daba noticia de dos contrataciones que se habían hecho durante la gestión de Aída Ayala como intendenta de Resistencia y que tenían que ver con la recolección de residuos convencionales y no convencionales, que eran por arriba de los 500 millones de pesos en aquel momento”.

“Nosotros tomamos conocimiento de esa investigación de posibles irregularidades que habría en esa contratación y junto a otros legisladores en aquel momento hicimos una denuncia penal, creería que en el 2015, que luego viene a la justicia federal”, agregó.

El exlegislador recordó que una de las principales objeciones era que la contratación de la firma PIMP SA no pasó por el Concejo Municipal. “Se hizo una contratación que la llevaba adelante tanto la entonces intendenta (Aída Ayala) como su jefe de Gabinete, Leandro Zdero”, reveló. También, recordó que en aquel entonces advirtieron que la empresa que iba a prestar servicios “ni siquiera tenía el alta de AFIP para la contratación de personal de servicio, no tenían ni un solo empleado cuando se le hace ese contrato que hoy con la inflación uno hasta pierde noción de los valores pero en aquel momento era un contrato millonario”.

Sánchez reconoció desconocer qué sucedió con esa denuncia penal por el caso PIMP (ante la Fiscalía Nº 4, en aquel momento a cargo de la fiscal Graciela Griffith Barreto), ya que ni él ni sus colegas legisladores se constituyeron como querellantes particulares en esa causa ante la justicia provincial.

“No va a preguntar más sobre este tema, ya está”

La abogada defensora de Ayala interrogó al exdiputado sobre cómo tenían conocimientos de detalles de la licitación, a lo que Sánchez respondió que “mucha documentación teníamos sobre este tema, centró la atención pública durante un buen tiempo”.

“No eran versiones, yo quiero que quede claro eso”, aseguró el exdiputado justicialista.

Olga Mongelós centró su objetivo en indagar en el conocimiento que el exlegislador tenía sobre el procedimiento de contratación municipal. En ese sentido, Sánchez afirmó que “no puedo decir si era una ordenanza o la resolución, que muchas veces son consecuencia de la ordenanza, lo que quedaba claro era que el paso del Poder Legislativo Municipal fue obviado aviesamente”, recalcó.

En ese momento, la abogada insistió en que el testigo diferencie entre una “concesión” o una “prestación de servicios”. “Se me piden precisiones que no estoy en condiciones de determinar atento al paso del tiempo”, contestó Sánchez.

El presidente del TOF, Juan Manuel Iglesias, advirtió a la abogada de Aída Ayala que la pregunta ya había sido contestada y que el testigo no recordaba más detalles sobre la modalidad de contratación de PIMP. “No va a preguntar más sobre este tema, ya está”, la reprendió el titular del tribunal, ante el reclamo del fiscal Carniel.