Violencia familiar: Policías denunciados no portarán el arma de fuego fuera de servicio - EsChaco.com - Resistencia

DEBERÁ RETIRARLA Y ENTREGARLA EN SU LUGAR DE TRABAJO

Jueves, 15 de agosto de 2013

Violencia familiar: Policías denunciados no portarán el arma de fuego fuera de servicio

La Cámara sancionó con fuerza de ley Nº 7274, a partir de un proyecto de los diputados justicialistas María Lidia Cáceres y Gustavo Carballo, que prohíbe la portación, tenencia y transporte del arma de dotación, fuera del horario de servicios, a los efectivos de las fuerzas de la Policía de la Provincia, que hayan sido denunciados por violencia familiar, con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes. La norma fue aprobada en general con 28 votos afirmativos por el despacho y un voto en mantenimiento en cartera del diputado Jorge Varisco.

La Ley sancionada prohíbe “la portación, tenencia y transporte del arma de dotación, a los efectivos de las fuerzas de la Policía Provincial, fuera del horario de servicio, que hayan sido denunciados por violencia familiar o de género, en el marco de las leyes 4175 y 6689 respectivamente y con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes” y establece que “la prohibición deberá ser dispuesta por resolución fundada del Jefe de Policía de la Provincia, cuando la denuncia resulte verosímil, en los términos de la reglamentación prevista”. La norma aclara que “el personal denunciado deberá retirar el arma de dotación en el momento de ingreso y entregarla al final de la jornada de trabajo”.

Se establece, además, que “dentro del plazo de treinta días corridos, contados a partir de de la publicación de la presente, el Jefe de la Policía de la Provincia, deberá adecuar las normas, procedimientos internos y establecer las responsabilidades que correspondan, con relación a la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación utilizada por el personal de la fuerza, de conformidad con la índole de las funciones, situación operacional o modalidad de cumplimiento de servicios del personal denunciado”.

Asimismo, “el levantamiento de la medida establecida en el artículo 1º de la presente, estará sujeto a los informes elaborados por el equipo interdisciplinario de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar y del Delito y así lo determine la resolución del juez interviniente”.

Los fundamentos

El diputado Martín Nievas al momento de considerar el proyecto en cuestión indicó que “se inscribe en una temática que esta Cámara ya vino jalonando”. “Primero con la ley de violencia familiar, con la ley de violencia de género, con la ley de niños, niñas y adolescentes, con la modificación última hace poco tiempo, no obstante, la adhesión a la ley nacional, flexibilizar la cuestión procesal y permitimos que jueces de paz alejados de la geografía provincial, el juez por más lego que sea, pueda tomar medidas urgentes que tienen que ver con hasta exclusión del hogar del supuesto agresor. Esta nueva ley se inscribe en esa línea” explicó y pidió el apoyo a de la iniciativa legislativa a la que resaltó.

Se sumó en los fundamentos la vicepresidenta primero diputada María Lidia Cáceres autora de la iniciativa con el diputado Carballo, indicó que este proyecto de ley cuyo número de ingreso es el 330/13 “ha tenido en la comisión respectiva el análisis y los informes pertinentes, y todos los informes coincidían en la importancia de este tipo de prevenciones a los que apunta esta normativa”. “Estamos enmarcados en una serie de leyes, - como decía el diputado Nievas, - ley 4175, ley 6689 a nivel provincial, pero también el marco de la ley 26485 de protección integral hacia las mujeres. Y también la producción legislativa que ha habido aquí incluso a instancias del Poder Ejecutivo del gobernador, y lo que tiene que ver con medidas urgentes, y esta es una medida urgente de tipo preventivo” destacó la legisladora.

“En la policía del Chaco, - continuó - quienes tengan este tipo de medidas que son básicamente de protección hacia aquellas que son las agredidas, aquellas mujeres o también aquellos integrantes del grupo familiar, porque es omnicomprensivo también de de la violencia familiar que existe hacia los menores, y también muchas veces hacia los progenitores del propio agresor”.

“Es una ley - detalló - que se enmarca en una decisión política de esta Cámara de Diputados y del Gobierno provincial para erradicar todo tipo de violencia. Me toca a mí, ser autora de la ley de cyberbullying, es decir, de violencia escolar, también de la violencia laboral, y esta es una ley que tiene que ver con la violencia de género y doméstica”.

“Esto nos va trazando un camino de mayor civilización, y es simplemente un aporte que tiene que ver con la portación restringida para la policía con denuncias por violencia de género o doméstica, como decía de manera preventiva, la portación legítima de armas que tiene que darse de todas maneras por ser miembro de la fuerza policial tiene que ser otorgada el arma al iniciar la jornada laboral y entregar el arma al finalizar su horario laboral”, es decir, “el policía no estará desprovisto de su arma, sino que seguirá cumpliendo su rol que el Estado le estableció. Pero es el Estado el que debe garantizar las medidas de prevención, como lo establece la ley 26485, que dice que el Estado debe garantizar la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia”. “Y es justamente un hombre del estado, un policía, quien comete el delito, un delito de violencia, y es justamente el Estado el garante de prevención de delitos. Sabemos que un arma potencia, en un ámbito de violencia las posibilidades de agravamiento del delito, de pasar de lesiones leves, podemos estar ante el peor de los escenarios. Es decir, una mujer sacrificada en el altar de su casa por su propio esposo que a la vez es integrante de las fuerzas de seguridad del estado provincial, situación grave que queremos prevenir. El rol del Estado debe ejercerse en todos los ámbitos, y fundamentalmente en los de un miembro de sus fuerzas, que es el agresor. A eso básicamente apunta esta normativa” señaló la legisladora que agradeció a todos los que han suscripto a este proyecto, “entendiendo a los que decidan abstenerse”, pero básicamente dijo “transmitirles que se trata de protección a las víctimas y una prevención del delito. No es una sanción o castigo al policía, sino buscando la prevención de quienes son agredidos”. “Y en esta normativa se ha buscado también generar la verosimilitud de la denuncia. Es decir, no ante la mera denuncia ya quitar el arma al policía, sino que será el jefe de la policía del Chaco, por resolución fundada, y de acuerdo con lo que establece la normativa que debe dictarse al efecto por la propia policía de manera de reglamento quien establezca el quite de la portación en horarios fuera de las labores de la policía. Por eso decirle muchas gracias al equipo interdisciplinario de violencia y delito de la provincia del Chaco. Muchas gracias al Secretario de Seguridad que ha comprendido que esta normativa que hace al bien común, a la prevención. Agradecer también a la Policía del Chaco, que ha comprendido que esto tiene que ver con garantizar la seguridad de todos, incluso a la familia de un miembro de las fuerzas de seguridad” concluyó la diputada María Lidia Cáceres.

Por su parte el diputado de la alianza Marcelo Castelán recordó que “el año pasado, cuando se trató la ley provincial de seguridad, se discutió un artículo que tenía algo de parecido con esto, pero que regía para todos los casos y sin necesidad de que exista una denuncia”. “Era una prevención genérica que decía que el agente de policía debía dejar el arma al finalizar su horario de trabajo. Pero la mayoría de esta Cámara no aceptó esa modificación, porque ante la inseguridad vigente lo exponíamos a riesgos que después iban a ser lamentables y de los que nos íbamos a sentir responsables”.

“En el caso de este proyecto, - continuó - la cuestión cambia ya que se ocupa de un caso puntual, cuando existan casos de violencia familiar o de género, y lo hemos tocado en la comisión, y nosotros dijimos que estábamos de acuerdo con la diputada Cáceres, pero que había que encontrar alguna forma para que no sea una denuncia automática la que motive la pérdida del uso del arma por parte del policía, sino que la denuncia debería tener condiciones de verosimilitud para que pueda prosperar la medida preventiva de esta naturaleza que tiende a evitar males mayores como casos de violencia doméstica”.

“Encontramos en la redacción del segundo párrafo del artículo primero, alguna fórmula que establece que la prohibición no es automática, sino que será dispuesta por resolución fundada al jefe de policía, de acuerdo con la reglamentación que se dicte, y cuando la denuncia resulte verosímil”. “Nos parece que con esto hacemos un aporte a la normativa que tiende a evitar la violencia doméstica y de género, y tratando de lograr un equilibrio con la propia seguridad de los policías y de la población” planteó.

“Está claro que se trata de casos muy puntuales, muy específicos, y que el jefe de policía tendrá una responsabilidad muy importante para determinar las circunstancias en que esta ley sea aplicable. Por eso he firmado el despacho que está a consideración y voy a apoyar este proyecto de ley” argumentó Castelán.

Sobre este tema el diputado Carlos Martínez argumentó: “pese a que está planteado únicamente en relación a violencia de género y familiar, seguramente va a plantear un debate fuerte respecto de la misma cuestión que se planteó el año pasado. Esto es, una parte de la sociedad dice que le estamos sacando el arma al policía, entonces ante un hecho de inseguridad vamos a estar como desnudos. Eso se planteó y me alegro que hayamos avanzado en algún nivel de comprensión con esta iniciativa. No me preocupa tanto eso, sino me preocupa el tema de la salud laboral de nuestros agentes”.

“El policía es el que está por portar el arma, que aumenta el poder ofensivo de las personas en condiciones de infringir daños mayores. Pero los mismos problemas de salud laboral los estamos viendo, es decir, que aparte del machismo y otras circunstancias que preceden a este tipo de lamentables hechos, uno tiene que considerar que hay un plus en lo que tiene que ver el estrés laboral de todas las personas que desempeñan sus funciones en ámbitos como el de la seguridad o el de los docentes”.

Por ello solicitó “que se cumplan las condiciones de trabajo establecidas en la ley provincial de seguridad, en un estatuto para el personal policial y penitenciario. Queremos también que los policías participen en este tipo de decisiones, por lo cual seguramente en el corto plazo vamos a volver a plantear la cuestión del derecho de sindicalización del personal policial y penitenciario, porque uno puede llegar a pensar que el policía es el violento y yo pregunto qué pasaría si le hacen hacer guardias o cumplir con más de 60 horas semanales. Entonces también hay que tener en cuenta eso, por eso hablamos del estatuto profesional para el personal policial y penitenciario. Por eso decimos que el policía debe dejar de ser un esclavo laboral del Estado, para pasar a ser un trabajador de seguridad”.

Daniel Trabalón del bloque Frente Grande intervino para plantear que “cuando se discutía este proyecto presentado por la diputada Cáceres y diputado Carballo en la comisión, decíamos que nuestro bloque iba a acompañar. Acá aparece como mezclados o confundidos, en realidad, relacionados dos temas: uno es la portación de armas del funcionario provincial, y en esto hay una referencia de diputados en relación con la ley de seguridad provincial, y nuestra posición era que el agente no debería portar el arma fuera de su horario laboral. Yo quiero correr de ese debate, - siguió - para plantear el segundo eje que tiene que ver con este proyecto que nosotros acompañamos, porque es central y con el que comienzan los fundamentos del proyecto, que es la ley 26485, que establece el sistema de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Si hay un tema que nuestra sociedad ha tomado como agenda pública, política, es el tema de la violencia de género; todos coincidimos en que hay que generar políticas de Estado muy claras para erradicarlo. Digo esto tratando de plantear comprensiones con respecto a qué pensamos del proyecto y las dudas que nos surge ahora sobre el despacho”.

“El proyecto es muy claro porque plantea dos cuestiones centrales: primero, dice que se prohíbe la portación, tenencia y transporte de armas fuera del horario de servicio a los agentes que hayan sido denunciados por violencia familiar. Estamos hablando de un funcionario provincial que es denunciado de haber tenido actos de violencia familiar”.

“Ese planteo con respecto a la violencia de género, que me parece que es con el que arranca este proyecto en sus fundamentos. Y acá hay una decisión política de combatir seriamente esto, y en ese sentido nos parece muy bueno el proyecto, por eso queremos acompañarlo desde nuestro bloque. Nos parece también que en ese sentido tiene que ser claro que ante una denuncia de esa magnitud tiene que haber una decisión clara de la fuerza que haga operativa esta ley, y en esto sí nos genera algunas dudas respecto de cómo se redactó este despacho acerca de cómo esa solicitud está en manos del jefe de policía” y añadió “nos gustaría hacer una precisión respecto a que el jefe de policía tiene la responsabilidad de sacarle el arma” y propuso “que debería decir, en ese caso, que el jefe ´deberá´ sacar el arma al agente policial. Este es el mensaje que tenemos que dar respecto de la responsabilidad del Estado en este tema. Nuestro bloque acompaña este proyecto pero vamos a solicitar un cuarto intermedio para precisar los términos de este despacho” sostuvo Trabalón.

En tanto el diputado Raúl Acosta del bloque Concertación Forja, apoyó la posición del diputado Trabalón afirmando “creemos también que a partir de la denuncia el jefe de la policía deberá sustraer el arma y no que quede a criterio del jefe porque sino la ley no tendría ninguna fuerza”. “Me parece que la ley tiene que ser imperativa, dar la orden de que ante una denuncia deberá sacar el arma en horas en que no esté en servicio”.

“Creemos que tiene que ser así por una cuestión de prevención. Si ya es peligroso el imputado, con un arma se vuelve mas peligroso entonces me parece que no tiene que ser la ley a criterio del jefe de policía. Estamos hablando de una persona que está indefensa en su casa con un violento que tiene un arma encima” consideró Acosta.

El diputado Jorge Varisco entendió que “por las circunstancias de la realidad y frente a algunos pedidos de los que se están haciendo la sociedad de organismos correspondientes al sector comercial o empresarial de la ciudad, entiendo que no están las condiciones para aprobar este proyecto de ley. Y lo digo porque a pesar de que en esta legislatura se sancionó una ley en contra de la inseguridad, aún hay situaciones en que todas las partes involucradas no han cumplido la misma con la celeridad o con la seriedad que el tema imponía”.

“Nuestra policía del chaco no sólo tiene fallas conceptuales operativas sino que también carece de equipamiento, hay una deuda pendiente en cuanto a lo que deben aprender también como policías. El personal policial es un personal civil al cual una ley lo faculta a la portación de armas reglamentarias. Dentro de ese concepto y razonamiento ese personal civil puede usar esa arma contra cualquier persona sin necesidad de que sea su esposa o hija y el sistema es tan permisivo que le permite a una persona enferma poder utilizar otra arma que no sea la reglamentaria”

“También es una realidad que no podemos ignorar que por el nivel de modernidad de las armas que son parte de la dotación todo miembro de las fuerzas de seguridad tiene que tener otra arma para estar cubierto en lo que refiere a la obligación que le impone la ley 1134 que en su artículo 36 dice que el personal policial está obligado en todo momento y lugar a portar arma de fuego. Analizada esa posición entiendo que el proyecto debe quedar en cartera hasta que se modifiquen las circunstancias”.

Finalmente el diputado Ricardo Sánchez informó a los legisladores que se incorporó lo pedido por el diputado Daniel trabalón en orden a que sea “imperativa” la redacción.

Esto motivó a que la diputada Cáceres señale “que esto refuerza aún más la normativa de manera que estamos contentos con la modificación entendiendo que esto va a fortalecer el fin que persigue la norma”.