Usurpación en Margarita Belén: la Justicia le dio la razón al intendente - EsChaco.com - Resistencia

FIN DE LA TELENOVELA

Martes, 2 de julio de 2024

Usurpación en Margarita Belén: la Justicia le dio la razón al intendente

La Fiscalía 10 prohibió a los integrantes del clan Fernández acercarse al predio en disputa y cesar las acciones de “perturbación, hostigamiento e intimidación” de lo contrario quedarán a tiro de detención.

La Fiscalía de Investigación 10 le dio la razón al intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, en cuanto al caso de un clan familiar que usurpó dos parcelas en esa localidad, situación que derivó en una situación que se viralizó en redes sociales en las últimas semanas.

La fiscal Lilian Beatriz Irala emitió una medida resolutiva en la que prohíbe terminantemente a seis de los Fernández acercarse y acceder al predio en disputa.

Por otra parte, la funcionaria judicial ordenó el cese de toda “perturbación, hostigamiento e intimidación” contra el personal municipal y los terrenos en conflicto bajo expreso apercibimiento de emitir un pedido de detención contra esas seis personas.

“Celebramos y destacamos el rápido accionar de la Justicia en las denuncias que realizamos por los hechos de público conocimiento días atrás”, aseguró este martes el intendente Martínez.

“Vamos a seguir defendiendo lo que tenemos que defender, aunque algunos oportunistas y personajes de siempre quieran hacer política barata”, agregó el jefe comunal.

El caso de la usurpación de los terrenos en Margarita Belén había tomado estado público luego de que se viralizara un video en el que se lo ve al intendente discutiendo álgidamente con varias personas entre insultos y agravios.

Esa situación tuvo lugar el pasado 23 de junio y fue el corolario de una larga puja entre la comuna margaritense y la familia Fernández por la parcela 113 de la chacra 96 y la parcela 15 de la chacra 82A del ejido municipal.

El clan familiar había tomado ambos terrenos y el intendente en persona fue a acompañar un procedimiento de desalojo al cual los Fernández se opusieron.

Finalmente, este lunes la Fiscalía de Investigación 10 le dio la razón a Martínez e impuso una serie de medidas restrictivas contra los “okupas”.

Se trata de un lote en el que esa familia construyó dos viviendas pero que tenía una orden de desalojo porque las edificaciones fueron realizadas sin ningún tipo de autorización.

Ayer, tras tomarles declaración a las seis personas involucradas, la fiscal Irala emitió las medidas contra los imputados Martín Diano Fernández, Vilma Benitez, Orlando Daniel Fernández, Gisela Batista, Julio Fernández, alias "Macho", y Griselda Fernández, atribuyéndole la comisión del delito de usurpación por turbación de la posesión, tal lo normado en el artículo 181 inciso 3 del Código Penal.

“Espero que los portales y comunicadores compartan también, para conocimiento de toda la comunidad”, sostuvo el intendente Martínez, haciendo alusión a coberturas periodísticas amarillistas que habían apuntado en su contra desde la viralización del video de la discusión de alto tono.

A tiro de la Justicia
Por otra parte, pero en la misma medida resolutiva, Irala notificó a los Fernández que deberán “permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones que se le formulen”; al igual que “abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley”.

Finalmente, la fiscal les comunicó a los integrantes del clan familiar que cualquier incumplimiento con lo resuelto significará que incurrirán en el delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal “todo bajo apercibimiento de ordenarse su inmediata detención”.

Por último, la funcionaria judicial corrió vista la Comisaría de Margarita Belén en cuanto a que deberá prestar el auxilio que sea necesario en caso de que los Fernández no dieran cumplimiento con lo ordenado.El clan familiar había tomado ambos terrenos y el intendente en persona fue a acompañar un procedimiento de desalojo al cual los Fernández se opusieron.

Finalmente, este lunes la Fiscalía de Investigación 10 le dio la razón a Martínez e impuso una serie de medidas restrictivas contra los “okupas”.

Se trata de un lote en el que esa familia construyó dos viviendas pero que tenía una orden de desalojo porque las edificaciones fueron realizadas sin ningún tipo de autorización.