Caso Barraza: "El Juez Sandoval, timorato si los hay, solo busca ascender" - EsChaco.com - Resistencia

CARTA ABIERTA DEL ABOGADO, ADRIÁN MAXIMILIANO GAITÁN

Miércoles, 24 de julio de 2024

Caso Barraza: "El Juez Sandoval, timorato si los hay, solo busca ascender"

En una carta abierta enviada a Eschaco, el abogado litigante y representante de la Asociación de Abogados Penalistas de la Provincia del Chaco, Adrián Maximiliano Gaitán se expresó sobre el Caso Barraza y el tratamiento que la causa tiene en los medios de comunicación, con una supuesta injerencia del gobierno del Chaco, que "corrompe el sistema republicano de gobierno y la división de poderes". DOCUMENTO COMPLETO 👇🏽

De nuestra mayor consideración: Mediante la presente, quien suscribe en el carácter de abogado litigante y representante de la Asociación de Abogados Penalistas de la Provincia del Chaco, hemos advertido la preocupación que genera en nuestro sistema de justicia el trato que se está dando no solo en los medios periodísticos, sino en el seno de la justicia misma con el llamado “CASO BARRAZA”, toda vez que el mismo ha generado una seria de afectaciones constitucionales que van más allá de la persona del imputado o de la causa misma, incluso del delito atribuido, que no es más que en grado de sospecha, sin embargo el odio manifestado en los poderes públicos por funcionarios judiciales y del poder ejecutivo, despiertan en los medios periodísticos y en la sociedad, un recelo innecesario y discriminativo respecto a iguales situaciones o iguales calificaciones legales provisorios, propias de un “Estado de Odio” provocado por las autoridades públicas, que hacen eco, en algunos medios periodísticos de “poca monta” que reproducen sin pensar ni analizar lo serio de una situación procesal irregular que va más allá de la causa misma, sin referir a la realidad misma del expediente en curso.

Se instauró por parte de los funcionarios públicos en esos medios amarillistas, el odio hacia el “caso Barraza”, sin importar siquiera la real situación jurídica y constitucional de la causa. Por ello es necesario, como auxiliares del derecho, manifestar las violaciones constitucionales que se están sucediendo en el tracto de la causa, desde sus inicios, toda vez que las mismas afectan al Sistema REPUBLICANO DE GOBIERNO, y atenta contra el Art. 1 de nuestra Constitución Nacional, lesionando uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, como es la “DIVISIÓN DE PODERES”.

Desde un inicio de la causa, se han afectado garantías constitucionales mínimas de toda persona sometida a un proceso penal, no importa quien sea, Barraza es un ciudadano más de la provincia con idénticos derechos que cualquiera de nosotros, se le negó el derecho de defensa, previsto en el Art. 8.2.f de la C.A.D.H. a controlar la prueba de cargo, todo era secreto, incluso la supuesta denuncia anónima, como mera justificación, toda vez que siempre se supo que el denunciante era el mismo tesorero de la Asociación civil Humildad que presidia el Sr. Barraza, era quien retiraba el dinero que le daba el Estado, era quien disponía del mismo para los fines o no de la asociación, sin embargo esto sirvió para impedir a la defensa poder controlar elementos de pruebas, aportar nuevos testigos que desvirtúen tales dichos y se demuestre la responsabilidad del “anónimo denunciante”.

También se afectó en forma irremediable la “propiedad privada”, se secuestró bienes que no solo eran de propiedad del imputado sino de otras personas que nada tenían que ver con el hecho, bienes justificados e inscriptos en los respectivos registros de propiedades, lo que implicó un avasallamiento al derecho de propiedad resguardado en el Art. 17 de la C.N. y repartiendo esos bienes a quienes se los pedían sin tener legitimaciones activas en la causa, que ni el estado mismo las tiene, porque nunca fue parte de la causa, sin embargo la Sra. Fiscal Lilian Irala, repartía bienes a quienes se los requerían por un simple escrito, se convirtió al Chaco en una impensable Venezuela “chavista”.

Esta situación va más allá del resguardo al debido proceso del Art. 18 del a C.N. como limite del estado a perseguir y reprimir, se violaron las garantías mínimas de todo proceso, incluso con la participación de jueces NO NATURALES a la causa, como el caso del Dr Sandoval, quien a pesar de haber sido denunciado penalmente por el imputado Barraza, dando lugar a la causa 922/2024-1, el mismo volvió a intervenir para menoscabar los derechos del imputado. Siguiendo órdenes de funcionarios NO JUDICIALES, y esto es lo más grave de esta situación, decía más arriba que se afectó el pilar básico de todo estado de derecho, “LA DIVISIÓN DE PODERES”, escuchamos en los medios públicos el ministro de seguridad Hugo Matkovich y el secretario coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez, que fustigaron en la prensa la decisión de la jueza Pereyra de conceder la morigeración de la prisión preventiva por fines de salud y humanitarios, propios de un estado de derecho bajo el amparo de los derechos humanos, nuevamente el Ministro HUGO MATKOVICH, el mismo que ya tenía antecedentes de represor social en la era del Gobernados Nickisch, fue el ministro de Gobierno que en 2006, coordinó la brutal represión de Puerto Vilelas de unos 300 policías contra las familias que se habían refugiado en un barrio de viviendas luego de que sus ranchos fueran arrasados por una tormenta, y no fueron los únicos casos.

También ordenó el desalojo violento de familias campesinas en San Bernardo y en el barrio Balasto II de Fontana, donde “madres con hijos, madres con niños discapacitados y ancianos fueron desalojados de sus viviendas a fuerza de balas de goma, itakazos y gases lacrimógenos”, es decir nunca respeto a los DERECHOS HUMANOS de los chaqueños, y aprovecho esta causa para inmiscuirse e impartir directivas a funcionarios del Poder Judicial, su amigo el Procurador Adjunto Miguel Fonteina, otro personaje cuestionado de la Justicia Chaqueña, quien también desde los inicios de la investigación de esta causa, hablo públicamente diciendo que “ BARRAZA TENIA QUE PUDRIRSE EN LA CÁRCEL”.

Quien también salido a impartir órdenes y dar opiniones en los mismos medios amarillistas, sobre la medida humanitaria de la jueza Pereyra, donde nuevamente entra a la causa, el denunciado juez Sandoval, timorato si los hay, de aquellos jueces que solo buscan ascender y negociar un cargo más alto, como el pretendido por el Dr. Sandoval, aprovechando los puestos provisorios de las Cámaras del Crimen, se aboco a la feria a pesar de nulificar la resolución de la juez de Garantías, su par, porque supuestamente no debía habilitar feria, el si puede, algo impensado en un sistema judicial piramidal, donde solo un juez de Alzada puede revisar y revocar la decisión de un juez inferior, el se arrogo facultades extraordinarias como juez, violando la constitución, pero cumpliendo órdenes de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Procurador a cargo, y dicto una resolución contraria a derecho, cometiendo las conductas típicas reprimidas por el Art 248 y 269 del Código Penal, delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Esto sin dudas da lugar a lo previsto en el Art 7.e de la Ley 33-B de nuestra provincia como causal de MAL DESEMPEÑO que habilita el juicio político ante un Jurado de Enjuiciamiento, claro que eso nunca sucederá, toda vez que su amigo el Procurador adjunto es quien debe acusar al juez ante dicho Consejo de la Magistratura y los representantes del Poder Ejecutivo son parte consejeros del Jurado de enjuiciamiento, así que total impunidad para un juez violador de la constitución en nuestro sistema judicial quebrantado.

Un ministro del Poder Ejecutivo que imparte ordenes a funcionarios judiciales, y estos mediante sus jueces amigos lo cumplen, no cabe duda de la ruptura del SISTEMA REPUBLICANO DE GOBIERNO, a viva voz por los medios amarillistas se quiebran años de ESTADO DE DERECHO, tenemos a un Gobernador y a un Superior Tribunal de Justicia cómplices por omisión, dejando que la República se destruya por una causa, que sin duda no vale la pena, serán tantos los intereses políticos, para destruir un sistema republicano donde el poder ejecutivo ordena a jueces y estos obedecen ciegamente?. El caso Barraza es un claro ejemplo de la Prevención General negativa como fin de la pena, es un mensaje a los demás dirigentes sociales de que no va a resurgir esa modalidad, ¡les va a pasar lo mismo q a Barraza!! Sin Garantías constitucionales, sin Estado de Derecho, privados por un delito cuya pena tiene un mínimo de 6 meses de prisión condicional. No hay igualdad ante la ley del Art. 16 de la CN, y 24 de la C.A.D.H., no hay Debido proceso, con fiscales que cumplen ordenes sin respetar el derecho al recurso del Art. 18 C.N. y 8 C.A.D.H. no hay derecho de defensa, convirtieron a la provincia del Chaco en un estado sin garantías. Todo por un piquetero.

Con la presente se EXHORTA AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO LEANDRO ZDERO y al Presidente del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA de la provincia del CHACO, Dr. VÍCTOR EMILIO DEL RIO, a que RESTABLEZCAN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA, respeten LA DIVISIÓN DE PODERES Y PONGAN LIMITES ENTRE USTEDES garantizando la INDEPENDENCIA DE LOS JUECES del poder judicial, para mayor seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos, más allá de sus intereses funcionales, y ordenen el estado Constitucional de derecho que permitieron que sus funcionarios mediocres los violen. Siendo absolutamente responsables por la manda constitucional que ustedes ante el pueblo de la Provincia del Chaco juraron.