El gobierno chaqueño se endeudará para terminar un acueducto que Nación ya priorizó y tiene fondos asegurados - EsChaco.com - Resistencia

Qué dice el texto de la iniciativa enviada a Diputados

Sábado, 31 de agosto de 2024

El gobierno chaqueño se endeudará para terminar un acueducto que Nación ya priorizó y tiene fondos asegurados

Por Leticia Muñoz para Eschaco

-El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que no logró quorum en la sesión de esta semana, busca declarar la emergencia energética e hídrica de cara al próximo verano, y tener libre disponibilidad de 150 millones de dólares. Qué dice sobre el segundo acueducto del interior y el flujo de fondos necesario para terminarlo.

El segundo acueducto del interior es una de las obras troncales de abastecimiento de agua potable inconclusas que el gobierno provincial menciona expresamente en el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados el pasado 12 de agosto, solicitando autorización legislativa para el endeudamiento en 150 millones de dólares, en el marco de la emergencia energética e hídrica. Según indica el texto, la inversión necesaria para finalizarlo ronda los 52.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares).

Lo llamativo, en el caso puntual de esa obra, es que resulta una de las muy pocas ya priorizadas por el gobierno nacional, a las que se les garantiza financiamiento para su finalización. Dado el avance físico que tenía al momento de asumir Javier Milei, este acueducto fue incluido en un listado de unas 370 obras que la gestión decidió terminar y que negoció con los gobernadores tras el apoyo a la sanción de la Ley de Bases.

Si bien la obra sigue paralizada y, por ahora, no hay señales de reactivación, es el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) el organismo que venía aportando el financiamiento, y que seguiría haciéndolo según consta en la página de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Allí se ofrece información sobre el avance financiero y las características del acueducto, y se lo cataloga como prioritario.

La superposición del financiamiento nacional asegurado y de la posible afectación de parte del crédito en dólares para terminar este acueducto es solamente uno de los detalles de este proyecto de ley que llaman la atención, dentro de un texto donde se ofrecen pocos datos y pocas certezas sobre la forma en que se aplicarán los eventuales recursos logrados por la provincia por las distintas vías posibles que se enumeran.

Estrictamente en materia hídrica –tal vez una parte secundaria dentro del proyecto, ya que lo energético presenta mayor relevancia- los fundamentos del pedido repasan datos generales como el tendido total de acueductos que administra Sameep en toda la geografía chaqueña, y la integración de los costos para ofrecer ese servicio (el uso de productos químicos donde se invierte la mayor cantidad de recursos, la energía eléctrica y el mantenimiento de la infraestructura). En este último caso, se ofrecen sólo porcentajes y no cifras concretas sobre las proyecciones de incremento de esos costos por efecto directo de las condiciones de sequía actuales y previstas para el próximo verano.

Se indican también, como posible destino de los recursos del crédito solicitado aunque sin cuantificarse, reparaciones en el Primer Acueducto para recuperar el flujo de transporte de 500 metros cúbicos por hora, y en el acueducto de las siete localidades que conecta a Presidencia Roca, Pampa del Indio, Laguna Limpia, Las Garcitas, Ciervo Petiso, Colonias Unidas y Capitán Solari. Con respecto a esta última obra, si bien el tendido de caños está finalizado, quedaron pendientes algunas conexiones dentro de las ciudades, que deben concluirse.

Finalmente, y acerca del segundo acueducto del interior, el gobierno ofrece algunos detalles relevantes: se indica que en la actualidad sólo transporta 1800 metros cúbicos/hora, cuando la capacidad proyectada máxima era enviar 6.000 m3/hora de agua potable.

Con trabajos concentrados en la toma de agua y en la planta potabilizadora ubicada en Barranqueras, esta obra fue totalmente paralizada a fines de noviembre de 2023, y hasta ahora, pese a gestiones que hizo el propio gobierno chaqueño ante la Nación, y pese a ser una obra priorizada, los obreros no volvieron a sus puestos de trabajo.

Según indica el proyecto presentado, el monto estimado para finalizar el acueducto incluye la finalización de las obras necesarias para producir 10.000 m3/hora de agua cruda, de modo de reemplazar lo que genera la antigua toma sobre el Riacho Barranqueras, que alimenta hoy las plantas de tratamiento que abastecen al Gran Resistencia y al Primer Acueducto. Sin embargo, podría faltar explicar el resto de los trabajos necesarios para poner punto final a la construcción del ducto.

Palabra de funcionarios
Al informar sobre la utilización que se dará a los fondos obtenidos vía crédito u otras alternativas que se plantean, el secretario de Coordinación de Gabinete del gobierno chaqueño, Livio Gutiérrez dijo que en parte se destinarán al segundo acueducto del interior, ya que “faltan 50 millones de dólares para terminarlo”. Sus declaraciones a diario Norte fueron el pasado 12 de agosto, día en que ingresó el proyecto a Diputados. “Tenemos que decirle la verdad a la gente”, resaltó por entonces.

Este viernes 30 de agosto, el secretario volvió a defender el pedido y la explicación en la letra del proyecto, reconociendo al mismo medio gráfico que el acueducto tiene financiamiento nacional, pero admitiendo que “la provincia está en una situación de emergencia que no puede aguardar los tiempos de la Casa Rosada”.

A principios de este mes, el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez estimó en declaraciones a Radio Natagalá que al segundo acueducto le falta alrededor de un 20% para su finalización, lo que en términos de recursos significa más de 50 millones de dólares.

A principios de junio, y luego de la firma del convenio entre la Nación y la provincia para el traspaso de obras (listado que nunca se dio a conocer), Domínguez aseguró que “hay muchas chances de terminar el segundo acueducto” durante este año.

Ante el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, y el jefe de Gabinete Guillermo Franco, el funcionario chaqueño puso énfasis en que además “hay obras que son complementarias, que también están paradas”, apuntando así a las redes de distribución de algunas localidades del sudoeste para que el servicio llegue a cada hogar.

“Necesitamos volver a tener relación con el Enohsa, porque la provincia cortó relación con este ente desde 2022 y la obra se paró. Hay que terminar la obra de toma, donde tiene que haber seis bombas instaladas y hoy está funcionando solo una”, agregó Domínguez. Sus dichos son parcialmente ciertos, ya que el Enohsa durante 2023 siguió financiando la continuidad de los trabajos, hasta que se paralizaron a fines de ese año.

Lo que dice el proyecto, y lo que no dice
El proyecto del Poder Ejecutivo busca, como marco general, que Diputados declare la “emergencia energética e hídrica en la provincia del Chaco, por el término de un año, a partir de la promulgación de la presente ley”, con opción a prorrogarla por decreto en el futuro.

Bajo ese paraguas, el gobierno chaqueño le requiere al Parlamento facultades para concretar “operaciones de crédito público para contraer empréstitos”. Y allí abre un muy amplio abanico de opciones para el posible endeudamiento, que podrá ser “bajo la modalidad de fideicomisos financieros; y/o la celebración de contratos con entidades financieras y/o de fomento de gestión, públicas o privadas, con sede en la Argentina o en el exterior, incluyendo fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional; y/o la celebración de contratos de préstamos con organismos multilaterales de crédito; y/o la celebración de convenios subsidiarios de préstamos multilaterales con organismos del Poder Ejecutivo Nacional; y/o la emisión de bonos y/o títulos públicos”.

Los 150 millones de dólares (o el equivalente en otras monedas) que requiere el Ejecutivo tendrán como destino “financiar las contrataciones, adquisiciones, obras y financiamiento” que aseguren el normal abastecimiento de agua y energía eléctrica en la provincia.

En ese marco, las empresas Secheep y Sameep, y el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos podrán “adquirir mediante contratación directa, los bienes, materiales, insumos, equipos, servicios y ejecución de obras, con independencia de su monto, mientras dure la declaración de emergencia” y para asegurar la prestación de los servicios básicos en la temporada estival.

También el proyecto contempla la posibilidad de tener que restringir “temporalmente la oferta de los servicios de agua y energía”, y señala que la autoridad de aplicación deberá garantizar el suministro a hospitales y sanatorios, a las comisarías, alcaldías y organismos vinculados a la seguridad, entre otros.

Como garantía del endeudamiento, la Provincia cederá –autorizada por Diputados- derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales, es decir, la coparticipación federal de impuestos.

No existe en el articulado de la iniciativa parlamentaria ni en los fundamentos que sostienen el pedido ninguna proyección o detalle sobre cómo se utilizarán los recursos: cuántos se destinarán a obras, a acciones, a mantenimiento o reparaciones para la provisión de energía, y cuántos para mitigar la emergencia hídrica.

No se habla de estadísticas de consumo y demanda de agua potable y energía, y el incremento posible durante el verano. No existe, basado en números, un panorama cierto sobre la dimensión de la crisis.

En cambio, apenas se menciona el “bache” de oferta que produjo el retiro de generadores de electricidad de la empresa Aggreko (puede implicar hasta un 17% de merma si todos los grupos generadores son retirados), pero no se mencionan las opciones posibles para su reemplazo, con nombres de empresas, potencia de generación y costos posibles.

Se expone, en definitiva, una situación que requiere implementar “medidas urgentes y coordinadas para garantizar el suministro continuo y seguro de energía eléctrica” y de agua potable, pero esas medidas y acciones no se expresan en concreto ni con el detalle necesario frente a tamaño pedido de recursos que comprometerán las finanzas del Chaco por los próximos años. A veces –sólo a veces- hablar a través de los números significa ofrecer más transparencia en la gestión, como para que a nadie le queden dudas de las buenas intenciones.

*La autora es periodista, especialista en temas económicos.