Tito López: un fantasma para el fisco, pero con un patrimonio multimillonario - EsChaco.com - Resistencia

INFORME REVISTA LITIGIO

Sábado, 14 de septiembre de 2024

Tito López: un fantasma para el fisco, pero con un patrimonio multimillonario

Ramón “Tito” López, uno de los líderes piqueteros más importantes del Chaco, hoy detenido por lavado de dinero y asociación ilícita, amasó una enorme fortuna en base a manejos irregulares, fundamentalmente con las tierras fiscales y los fondos que recibía por parte del gobierno chaqueño para proyectos productivos. En simultáneo, tanto él como su familia, casi no registraban movimientos bancarios y la AFIP los tenía como contribuyentes erráticos. El detalle de sus bienes y las operatorias por las cuales hoy se encuentra en serios problemas con la Justicia Federal.

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Detenido junto a su esposa y sus tres hijos, acusado de asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos, Ramón “Tito” López, uno de los máximos líderes piqueteros del Chaco acumuló una gran fortuna en la última década, en base a maniobras presuntamente irregulares, las cuales se podrían englobar en el uso indebido de tierras cedidas por el gobierno provincial, que alquiló a empresarios locales; la ocupación ilegal de más de 1200 hectáreas cercanas a Cote Lai, pertenecientes a un grupo empresarial de Buenos Aires, donde estableció su negocio ganadero; la recepción masiva de fondos del Instituto de Agricultura Familiar del gobierno de Chaco, los cuales, en lugar de ser invertidos en proyectos productivos, habrían sido desviados; y, finalmente, la evasión de impuestos.

Esta causa que investiga la Justicia Federal, y que tuvo sus momentos más álgidos esta semana, con múltiples allanamientos y detenciones, se inició con una comunicación del Equipo Fiscal Especial del Poder Judicial de la Provincia del Chaco a la fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini. La misma daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos, que, sumadas a otras circunstancias anómalas, demostrarían una importante exteriorización patrimonial, que no se compatibilizaba con los perfiles económicos de la familia del líder piquetero.

¿Qué decía la justicia provincial en su informe? En primer lugar, se dio detalles sobre la usurpación de más de mil hectáreas a un campo privado, por parte de Tito López. El campo se encuentra ubicado en el Potrero 9, del lote 35, sobre Ruta Provincial 49, a unos 17 kilómetros de la localidad de Cote Lai. La ocupación no era novedad: comenzó hace siete años.

Las tierras usurpadas pertenecen a la empresa Timbó SA con domicilio en Buenos Aires, cuyo titular es Atilio Gibertoni, empresario de origen italiano, pero con muchos años de actividad en Argentina, especialmente en el plano agropecuario.

En ese predio rural, López realizó numerosas mejoras, como alambrados, instalación de postes, y construcciones. Se sospecha que ahí también tendría camiones, varios vehículos y habría comprado en septiembre de 2019 varias cabezas de ganado. Se adjuntó a la comunicación de mención copias de denuncias recepcionadas en sede judicial provincial, por parte de los cuidadores del campo usurpado y un disco compacto con imágenes y videos del lugar.

En distintas declaraciones a los medios, antes del escándalo que terminó con él tras las rejas, López había reconocido que efectivamente estaba instalado en ese lugar y que su situación era irregular, pero explicó que no lo hizo a sabiendas, sino que fue por culpa de una supuesta estafa del que había sido víctima.

¿Quién lo estafó? Un tal Luis Gómez. De acuerdo al cuidador del predio rural posteriormente usurpado, Gómez se presentó en 2017 diciendo tener un papel que le entregó el gobierno de la provincia del Chaco que le otorgaba la titularidad sobre el campo. Posteriormente, le habría transferido este papel a Tito López, quien posteriormente se instaló. El predio tiene un tamaño de 1.250 hectáreas, lo que en comparación serían unas 156 veces el tamaño del Estadio Monumental.

Respecto del papel que tenía el tal Gómez, el Registro Único de Beneficiarios del Hábitat informó que el sujeto en cuestión había solicitado un censo en tal lugar, y que luego de las averiguaciones correspondientes, se constató que era un inmueble de propiedad privada, por lo tanto, no se otorgó certificado alguno. Es decir, Gómez mintió. ¿López sabía? ¿O fue estafado, como dijo? Lo deberá dilucidar la Justicia Federal.

Quien adquirió el ganado que luego fue a parar al predio ocupado por López fue su hijo, David. Lo compró a la productora agropecuaria, María del Carmen Castelán. En total fueron 154 cabezas de ganado por un monto total de 1.100.000 pesos, equivalente en ese entonces a 17.900 dólares. La compra se hizo en efectivo, sin factura y contra entrega de guía a nombre del comprador. La negociación previa había sido con Tito López.

Aquí surgen las preguntas: ¿Cómo hizo Tito López y su familia para comprar 154 cabezas de ganado en efectivo? ¿De dónde sacó el dinero para alambrar 1250 hectáreas de campo sumado al alambrado destinado a los otros campos que ya tenía en la zona de El Impenetrable, además de construir corrales, adquirir vehículos y maquinarias? ¿Por qué en febrero de este año dijo a los medios de prensa locales que tenía 1.600 millones de pesos de patrimonio, que había comprado hace poco un campo por 200 mil dólares y cada tanto compartía videos de sus viajes a zonas exclusivas, en temporada alta, como la realizada en julio último a Caviahue, un centro de esquí ubicado en la provincia de Neuquén? ¿De dónde obtuvo tanta plata?

Secreto fiscal
Estas inconsistencias abrieron nuevas líneas de investigación que derivaron en el levantamiento del secreto fiscal de Tito López y de su núcleo familiar. Así se determinó que su patrimonio es multimillonario. Tanto él como sus parientes cercanos, tenían a su nombre desde campos y vehículos hasta casas y ganado vacuno. También estaban al frente de fundaciones creadas exclusivamente para facturarle al gobierno del Chaco, por millones de pesos, sin que se comprueben que se hayan realizado contraprestación alguna.

Sin embargo, a pesar de esta fortuna que amasaban, para la AFIP eran casi fantasmas. Sus movimientos e ingresos declarados eran exiguos, prácticamente nulos. Queda de manifiesto, en definitiva, que de acuerdo al blanco que declararon, no tenían la capacidad económica ni financiera para poder afrontar la adquisición de los bienes, inmuebles y demás incrementos patrimoniales observados por la Justicia.

El detalle de la situación fiscal de la familia es el siguiente: Tito López tiene fecha de alta de monotributo en diciembre de 2010 y baja definitiva en agosto de 2014. La constancia de inscripción actualmente se encuentra bloqueada, debido a que en noviembre de 2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico.

Su actividad económica principal, para la AFIP, es inexistente. No registra actividad laboral como empleado en relación de dependencia ni como empleador. Tampoco es jubilado, pensionado o autónomo. Del detalle de sus cuentas bancarias, surgen acreditaciones en su caja de ahorro del Banco del Chaco, en el período 2015, por $5.400; en 2016, por $79.500; en 2017, $3.000 y desde 2018 a junio de 2022 no hay acreditaciones bancarias. Es decir, un llamativo movimiento exiguo en su cuenta bancaria.

La situación de la esposa de López no es muy distinta. Según el fisco, Librada Beatriz Romero tiene fecha de alta en el monotributo en diciembre de 2010 y baja definitiva en noviembre de 2014. Se dio de alta nuevamente diez años después, en diciembre de 2020 en el Impuesto al Valor Agregado, Ganancias y Bienes Personales.

Las actividades declaradas entre 2010 y 2014 fueron: prestación de servicio o locación, ventas (ambas con baja actualmente) y servicios personales n.c.p. (continua activa). En tanto que desde diciembre de 2020 a la fecha está de alta en el rubro cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche y desde el período agosto de 2022 también se incorporó al rubro de reparación de cámaras y cubiertas.

En lo que respecta a ingresos, entre noviembre de 2019 y septiembre de 2023 presenta facturas electrónicas emitidas (es decir, ventas) únicamente en el período de agosto de 2022, por un monto de algo más de $947 mil pesos. Mientras que en el período de noviembre de 2019 a marzo de 2023 registra facturas electrónicas recibidas (es decir, compras y gastos) en varios meses, totalizando $329 mil pesos.

En el impuesto a los bienes personales, presentó declaraciones juradas únicamente en los períodos fiscales 2013 y 2014. No se encuentra inscripta como empleada en relación de dependencia ni como empleadora. En cuanto a las acreditaciones bancarias, registró en 2015 $4.102; en 2016, $77.306 y desde el período fiscal 2017 al 2023 no registra acreditaciones.

Por su parte, Walter Ramón López, hijo de Tito y Librada, tiene fecha de alta en el monotributo en diciembre de 2010 y baja definitiva en junio de 2014, como así también con fecha de alta en Impuesto a los Bienes personales en enero de 2013 y baja en diciembre de 2018. En lo que respecta a presentaciones de declaraciones juradas de impuesto sobre los bienes personales, AFIP informó que se realizaron las presentaciones únicamente de los períodos 2013 y 2014. La actividad declarada en el período de diciembre de 2010 a junio de 2014 fue de ventas, y desde el período de enero de 2014 sigue con la actividad de “servicios personales”.

En cuanto a las acreditaciones bancarias, registra en el período de enero a abril de 2022 ingresos por $273.629; en 2021, $1.525.583; 2020, $125.772; 2019, $207.659; 2018, $112.060; 2017, $3.593.193; 2016, $115.457 y en 2015, $17.903. En suma, su movimiento de dinero bancario era escaso.

Se observó además que el 30 de enero de 2017 constituyó un plazo fijo en el Nuevo Banco del Chaco por la suma de $50.000, a tres meses, y en junio de 2017 constituyó otro plazo fijo por un monto total de $99.900 a 31 días. No se encuentra inscripto como empleado en relación de dependencia ni como empleador.

David Alberto López, también hijo de Tito, tiene fecha de alta en el monotributo en julio de 2011 y baja definitiva en noviembre de 2014, como así también fecha de alta en Impuesto a los Bienes personales en enero de 2013 y baja en junio de 2019.

La actividad declarada entre enero de 2014 y noviembre de ese año fue “prestación de servicios o locación”; en julio 2011 declaró como actividad “ventas”; en enero de 2014, “Mantenimiento y reparación de motocicletas” y en noviembre de 2021, “Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras”.

En lo que respecta a presentaciones de declaraciones juradas de impuesto sobre los bienes personales, AFIP informó que se realizaron las presentaciones únicamente de los períodos 2013, 2014 y 2015. Del informe bancario, el mismo registró acreditaciones únicamente en el período 2016 por un monto de $77.300. No se encuentra inscripto como empleado en relación de dependencia ni como empleador.

Finalmente, Daniel Orlando López, el tercer hijo de Tito, tiene fecha de inscripción en el organismo fiscal el 27 de julio de 2016, pero sin registrar altas de actividades como de impuestos.

Del informe bancario, surge que tuvo acreditaciones únicamente en los períodos 2016 por un monto de $12.000 y en el 2018 por un monto de $40.000. No se encuentra inscripto como empleado en relación de dependencia ni como empleador.

En lo que respecta al detalle de comprobantes recepcionados (es decir, compras y gastos realizados), en el período fiscal 2018, registró un total de $36.168; en el 2019, $143.244; en 2020, $344.363,11; en 2021, $2.728.838; en 2022, $1.129.215; en 2023, $599.765 y en los primeros meses del 2024 registro un importe total de $1.473.700.

Varios de los comprobantes recibidos corresponden a “Liquidación de compra directa B- Sector Pecuario” como así también facturas de la Asociación Civil de Productores de Cote Lai Chaco, desprendiéndose de ello que si bien Daniel López podría estar realizando alguna actividad relacionada al sector pecuario, la cual no fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, los ingresos que la misma representa no justifica el enorme movimiento patrimonial constatado respecto de los investigados.

Patrimonio
Ante este tipo de información se podría pensar en personas que tenían un nivel de vida muy modesto. Sin embargo, en el caso de los López esto no era así.

De acuerdo a los Registros de Propiedad Inmueble de Resistencia y Sáenz Peña, la AFIP y el Instituto de Tierras Fiscales del Chaco, Tito López adquirió cuatro inmuebles, donde tres de ellos fueron otorgados por el Estado Provincial: un terreno ubicado en el Departamento San Fernando, de 220 metros cuadrados, adquirido en 2003 (por un valor de casi 12 mil pesos); un predio ubicado en el Departamento Güemes, de 10 hectáreas, adquirido en 2015 (por 67 mil pesos, otorgado por el Instituto de Colonización); y otros dos campos, también ubicados en el Departamento Güemes, otorgados por el Instituto de Tierras Fiscales, que totalizan casi 600 hectáreas. Por estos últimos, pagó 222 mil pesos en 2017, con fecha de adquisición definitiva en 2021.

El cuatro inmueble lo compró de manera informal, a través de boleto de compra y venta, sin la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. La compra la realizó ante la Escribanía Escobar, ubicada en cercanía a su domicilio. Se trata de la vivienda ubicada en calle Uruguay, entre Mitre y la avenida Sarmiento, en Resistencia.

Librada Romero, su esposa, tiene a su nombre tres terrenos, todos otorgados por el Estado provincial: un predio de 220 metros cuadrados, en Resistencia, adquirido en 2012 por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (adquirido por el monto de 50 mil pesos); un campo de 284 hectáreas en el Departamento General Güemes, entregado por el Instituto de Colonización en 2017 (comprado por 68 mil pesos) y otro campo en la misma zona de El Impenetrable, de 289 hectáreas, adquirido en 2022 por el Instituto de Tierras Fiscales, pagado en su totalidad en 2021 a un valor de 157 mil pesos.

También es titular de cuatro motocicletas: una Zanella ZB 125 SHARK, adquirida en 2009; una Honda NF100WAVE, adquirida en 2009; una Guerrero G110 TRIP, adquirida en 2008 y una Chirette CH110R, adquirida en 2007.

Por su parte, Walter López, tiene a su nombre tres inmuebles y seis vehículos. Adquirió en 2012 un terreno en Resistencia de 259 hectáreas a través del IPDUV, por un valor de 3.377 pesos. Tiene la titularidad del 50% del mismo (la otra mitad le corresponde a su hermano David). También cuenta en el Departamento General Güemes con un predio rural de 293 hectáreas, con el 100% de la titularidad. Lo adquirió en 2017, por un valor de 66.900 pesos, a través del Instituto de Colonización.

A su vez, en el Departamento Donovan, existe un inmueble que presuntamente sería de su titularidad. La sospecha surge de una copia de Poder Especial otorgado por Walter López a su madre, Librada Romero, para que en su nombre y representación venda y/o ceda y/o transfiera su parte indivisa 1/5 y/o su 20% del inmueble en mención. El mismo cuenta con una superficie de más de 1.007 hectáreas y fue otorgado en 2024.

¿Cuáles son los vehículos que tiene Walter López? Una Ford Transit 2.2L 350M- casa rodante con motor, modelo 2018, adquirida en 2022; una camioneta Volkswagen Amarok 2.0L TDI 140 CV 4X2, modelo 2016, comprada en 2022; una Chevrolet S10 CD 2.8 TD, modelo 2021, comprada 0km, con cédulas adicionales a nombre de sus padres; una Ford Ecosport 1.6L 4X2 XLS, modelo 2010, fecha de adquisición en 2017; una Suzuki Fun 1.4, modelo 2010, adquirida en 2015 y un Ford Taunus G.T, modelo 1980, comprado en 2013.

Por su parte, David López tiene dos bienes inmuebles, ambos otorgados por el Estado Provincial: uno en Resistencia, de 259 hectáreas, que comparte la titularidad con su hermano Walter y otro en el Departamento General Güemes, de 290 hectáreas. Fue otorgado por el Instituto de Colonización, con un valor de adquisición de 62 mil pesos.

Surge la adquisición de un tercer inmueble ubicado en Resistencia. El mismo seria de su titularidad, de acuerdo a una copia de Cesión de Derechos y Acciones Hereditarios de Alejandro Daniel González a favor de él, fechado el 9 de marzo de 2021. El mismo cuenta con una superficie de 180 metros cuadrados y costó 300 mil pesos.

Del informe aportado por la AFIP figura una propiedad en avenida Sarmiento 1280, en Resistencia, donde David declara la titularidad del 100% a nombre propio. No obstante, su madre declaró el mismo inmueble, donde manifiesta ser titular en un 100%, ambos en el mismo período.

En relación a este domicilio, se destaca que, en el mismo, funcionaría una escribanía denominada “Escribanía Escobar”, aunque no se halló información de que el inmueble pertenezca a la familia López. Sin embargo, de las pesquisas realizada por Gendarmería, el inmueble ubicado en avenida Sarmiento al 1283 pertenecería a David López, donde en el primer piso del edificio residiría su hermano Walter.

Por otra parte, David tiene registrado bajo su titularidad una camioneta Toyota Hilux 4×2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, modelo 2019, adquirida en 2020.

Asimismo, se obtuvo de las tareas investigativas incorporadas, que el investigado, reside en el siguiente en calle Mario Bandeo, entre las calles Pueyrredón y Mitre. La vivienda es de una sola planta, con una fachada revestida en azulejos en tonos grises. En la parte superior de la vivienda, está escrita la frase: “No te preocupes por lo que tengo, preocúpate por lo que a TI te falta”.

En tanto que el hermano Daniel, tiene a su nombre los siguientes inmuebles: un predio de 143 metros cuadrados ubicado en Resistencia, adquirido en 2023 por un valor de 3 mil pesos. Esta transacción fue realizada mediante una permuta por otro inmueble, según los registros oficiales. También tiene otro inmueble en la capital provincial de 143 metros cuadrados, que también compró en 2023. por un monto de 2 millones de pesos mediante compra venta.

“No te preocupes por lo que tengo, preocupate por lo que a tí te falta”, reza el ingreso de la casa de uno de los hijos de López.
A su vez, en el Departamento Güemes tiene tres inmuebles, todos entregados por el gobierno provincial. Uno tiene 310 hectáreas y fue adquirido en 2021, por un monto de 226 mil pesos; otro, de 132 hectáreas, fue adquirido en 2021, por un valor de 226 mil pesos; y el tercero tiene una superficie de 174 hectáreas, fue adquirido en 2021, por un valor de 226 mil pesos. Daniel López reside en una vivienda de dos plantas, adquirida de manera informal, ubicada en calle Mitre y calle Uruguay, en Resistencia.

Tiene a su nombre una Chevrolet Tracker 1.2T AT Premier, modelo 2021, adquirida ese mismo año. Cuenta con dos cédulas azules adicionales: una a nombre de Daiana Elizabeth Barca y otra a nombre de Walter López.

Del informe aportado por el Instituto de Tierras Fiscales surge que en las tierras fiscales otorgadas a los López, además de haber sido abonadas en su totalidad efectivo, sin tomar el plazo de pago otorgado, efectuaron mejoras importantes, realizando kilómetros de alambrados perimetrales, por millones de pesos.

“A esto se suma el importante volumen de pasos migratorios que traducen viajes internacionales y alto nivel de vida demostrado por todos los integrantes de la organización ilícita, que importan una exteriorización patrimonial que no se condice con sus perfiles fiscales”, sostiene la Fiscalía en su imputación.

Leasing y fundaciones
Para entender el patrimonio irregular de los López, la fiscalía explica que hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Una es la recepción de fondos millonarios por parte del Estado provincial, particularmente a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), por medio de fundaciones que tienen a los López entre sus integrantes. Estos fondos, a priori, no fueron destinados a los proyectos productivos comprometidos para su financiamiento.

Y la otra es la maniobra de alquilar las tierras fiscales que recibieron por parte del Estado provincial a empresas privadas a través del sistema leasings, en un uso totalmente anómalo para el que se les fue otorgado esos terrenos.

El leasing, también conocido como arrendamiento financiero, es un contrato mediante el cual una empresa (arrendador) cede el uso de un bien a otra empresa o particular (arrendatario) a cambio de pagos periódicos. Al finalizar el contrato, el arrendatario tiene la opción de comprar el bien por un valor residual previamente acordado. En este caso, los López fueron los arrendadores, mientras que los arrendatarios fueron los hermanos Brúa, propietarios de Brúa Agropecuaria SA, una compañía agropecuaria de Charata.

Los López integran tres fundaciones. En 2020, la fundación “Los dueños de la raza”, cuyo presidente es David López, facturó únicamente al Ministerio de Gobierno y Trabajo por un total de 509 mil pesos; en 2021 emitió 20 facturas de $1 cada una a consumidor final y una al Ministerio de Gobierno por un monto total de casi 60 mil pesos. En 2022 emitió recibos a varias personas por un monto de 15 mil cada una, totalizando 300 mil pesos y siete facturas al IAFEP por un monto total de 2.610.000 pesos, totalizando el período en 2.910.000 pesos. En 2023 facturó únicamente al IAFEP un total de 71 millones de pesos.

En relación a facturas recepcionadas, es decir los gastos que tuvo a lo largo del tiempo, ya sea para pagar a las personas que trabajen en los supuestos proyectos productivos como en la compra de bienes y adquisición de servicios para tal fin, se puede observar que en el período 2020 no se recibió factura alguna. En 2021, las facturas recibidas fueron por 103 mil pesos; en 2022, 907 mil pesos y en 2023, 636 mil pesos.

“Queda en manifiesto la disparidad numérica entre las facturaciones emitidas (ingresos) con las compras/gastos producida en los periodos, aunque con mayor relevancia se aprecia en los años 2022 y 2023”, señaló el fiscal Sabadini. A su vez, surge también que dicha fundación no cuenta con bienes muebles, inmuebles, ni empleados para poder funcionar, adicionando que el domicilio declarado resulta el mismo que declara toda la familia López (Mitre 1300, en Resistencia), como así también por todas las fundaciones relacionadas a los mismos.

Por su parte, la fundación “Buen Vivir y Trabajo”, presidida por Walter López, entre 2017 y 2019 facturó únicamente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: en 2017, $679.250; en 2018, $339.625 y en 2019, $67.428,11.

En el período 2020 y 2021 emitió facturas al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y al Ministerio de Gobierno y Trabajo. En 2020, facturó poco más de 2 millones de pesos, y en 2021, 1,7 millones de pesos. A partir de 2022, facturo únicamente al IAFEP: en 2022, 12 millones de pesos y en 2023, 29 millones de pesos.

En relación a facturas recepcionadas, en 2017 no se recepcionó facturas. Es decir que no realizó compras de bienes ni servicios. En 2018 sí lo hizo, por un monto de 105 mil pesos, en 2019, por 145 mil pesos; en 2020, por 28 mil pesos; en 2021, por 424 mil pesos; en 2022, no recibió facturas y en 2023, el monto alcanzado fue de 388 mil pesos.

La disparidad numérica entre las facturaciones emitidas con las compras y gastos producido queda de manifiesto, aunque con mayor relevancia en 2020 y 2023, destacándose que en el período 2022 los gastos y compras fueron nulos contra facturas emitidas por 12 millones de pesos al IAFEP. Al igual que “Dueños de la raza”, la fundación “Buen Vivir y Trabajo” no cuenta con bienes muebles, inmuebles, ni empleados para poder funcionar. El domicilio declarado es el mismo que declara toda la familia investigada.

Fundación “Construyendo País” es la tercera que regentean. Presidida por Daniel López, comenzó a facturar en septiembre de 2022 al IAFEP, casi inmediatamente después de su creación. En el período 2022, las facturas emitidas fueron únicamente al IAFEP por 570 mil pesos y en 2023, por 46 millones de pesos (incluidas algunas notas de crédito).

En relación a compras y gastos, en el período 2022 no se recepcionó facturas y en 2023 sí se hizo pero por un monto de 101 mil pesos. Queda de manifiesto, una vez más, la disparidad numérica e incongruencia entre las facturaciones emitidas con las recepcionadas. Esta fundación, al igual que las demás, no cuenta con bienes muebles, inmuebles, ni empleados para poder funcionar. También está registrada en Mitre al 1300.

“De acuerdo a lo expuesto, queda en evidencia que la creación de esta fundación fue a los fines de la emisión de facturas apócrifas que documentaban operaciones- venta de bienes o prestaciones de servicios- inexistentes, llamando la atención los exorbitantes monto de dinero facturado al IAFEP, no surgiendo acreditado gastos o compras que demuestren la prestación efectiva de algún servicio o bien, en tanto que las únicas facturas registradas estarían relacionadas a la prestación de servicio contable (Contalcon SRL y Zibecchi Patricia Raquel)”, señaló el fiscal.

“En tal sentido, se advierten presuntas irregularidades en el funcionamiento de dichas fundaciones que comprometerían la prestación efectiva y real de los servicios o bienes, entre otras, no registran bienes a su nombre, no tienen empleados en relación de dependencia, y registran montos ínfimos de facturaciones de compra”, añadió.

Cabe recordar que a través de una ley enviada por el actual gobierno provincial se determinó el cierre del IAFEP, teniendo en cuenta las enormes irregularidades detectadas, con desmanejos, deficiencias administrativas e incumplimiento de obras, todo lo cual derivó en una denuncia penal que se tramita en el fuero provincial. El organismo, vale recordar, fue creado durante la gestión de Jorge Capitanich y estuvo presidido por Mauro Andión.

Brua Hermanos
En cuanto a la cuestión de leasing, fue la actual titular del Instituto Tierras Fiscales, Ana Maria Canata, quien denunció públicamente que el Estado provincial, en gestiones anteriores, otorgó a los López, desde el año 2011 hasta la fecha, un total aproximado de tres mil hectáreas de campo que constituían patrimonio del Estado Provincial, mediante tramitaciones administrativas que se expedían “con prioridad, en tiempo récord y de manera harto irregular”.

Que si bien dichas tierras se concedieron con la finalidad de productividad y pesando sobre las mismas una prohibición absoluta de disposición durante el periodo de diez años, se constató la contravención de dicho propósito inicial ante la ausencia de empleados en blanco sin generación de empleo registrado, el estado de abandono de casi la totalidad del campo, la ausencia de actividades productivas en el mismo, y la disposición onerosa de las mismas a favor de particulares- en todos los casos, a favor de los hermanos Walter Emanuel y Diego Hernán BRUA, que las habrían adquirido por un precio muy inferior al de mercado a través de contratos de leasing inmobiliarios- produciendo ello siderales ganancias ilícitas.

Sostuvo que dicha organización ilícita contó con la connivencia y participación necesaria de altos funcionarios públicos del Estado Provincial, cuyo rol y grado de participación en el marco de la organización ilícita será determinados en el curso de la investigación y análisis del plexo probatorio reunido.

La denuncia realizada por Canata fue constatada por los expedientes recabados por la Fiscalía Federal en donde se describe las maniobras realizada por los López para arrendar sus campos a empresarios agropecuarios de Charata.

Patricio Sabadini, fiscal de la causa.
Se contabilizaron seis leasings a nombre de los hermanos Brua, en predios que la familia López había recibido del gobierno provincial en el departamento Güemes, por un total de 2.097 hectáreas. Todos se constituyeron a través de un fideicomiso, denominado “La Alejandra Uno” realizado en Smart Capital SA, firma de Charata especializada en asesoramiento y gestión empresarial. Los fiduciantes “a” y beneficiarios son Tito López, Librada Romero, David López, Walter López, Daniel López y Dévora Acosta, mientras que los fiduciantes y beneficiarios “B” son Brua Agropecuaria S.A. La operatoria de los seis leasings se realizó el 1 de octubre de 2022, ante la escribana María Artieda.

“Corresponde aquí destacar, que todas éstas tierras otorgadas por el Instituto de Colonización, han sido destinadas o sometidas a contratos de leasing, obteniendo los integrantes de ésta asociación ilícita, ganancias irregulares, y en todos los casos, tales contratos fueron celebrados con los hermanos Brua, conforme surge de los folios reales incorporados”, señaló la fiscalía Federal en el requerimiento fiscal.

Con todo, Sabadini imputó por el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad y haberse concretado de manera organizada a Ramón “Tito” López; su esposa, Librada Romero; y sus hijos, David Alberto; Daniel López y Walter Ramón, todos en calidad de coautores.

Por otra parte, en relación a los delitos precedentes, consideró que los tipos penales que le caben a los nombrados -a los que se suma Dévora Acosta, nuera de Tito López-, son los de asociación ilícita y fraude a una administración pública, en donde el líder piquetero sería el jefe y organizador y el resto coautores.