Roy Nikisch, el intendente con peor imagen de una ciudad capital en el país
A diez meses de su mandato, la imagen del jefe comunal de Resistencia, Roy Nikisch, está en franca caída, según la consultora nacional de opinión pública CB.
El estudio mensual realizado sobre mandatarios provinciales y comunales de todo el país muestra al intendente de la capital chaqueña, en septiembre, con una caída del 4,1%, ubicándose en los últimos puestos del ranking junto a otras ciudades con un 38,3%, siendo el mandatario con peor imagen de una capital provincial, sólo superado por Pablo Grasso, de Río Gallegos, con 37,2%; y Walter Cortés, de Bariloche, con un 36,8%.
Desde sus comienzos, la gestión Nikisch arrancó con polémica con acusaciones cruzadas con la gestión anterior y el despido de 432 trabajadores de planta permanente que reclaman su reincorporación en la vereda del municipio desde marzo. El caso fue llevado a la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa a cargo de la jueza Natalia Prato, hasta la fecha sin avances.
Estas personas se encuentran en un limbo. No cobran su sueldo, no se realizan aportes, no poseen cobertura social, pero figuran como integrantes del personal de planta de la Municipalidad, por lo que no pueden acceder a ningún beneficio social (como la AUH) ni acceder a otro contrato en otro lugar por incompatibilidad.
Además, dentro del 432 despedidos se encontraban mujeres cursando sus licencias por maternidad y embarazadas, también en licencia o que habían informado su situación. Ellas supuestamente tienen la protección de no ser despedidas al menos hasta terminar la licencia por maternidad.
¿Falta de transparencia? Los concejales de la oposición reclaman falta de información importante en el convenio de firmado entre la Municipalidad y Vialidad Provincial para el bacheo y arreglo de calles, lo cual compromete las arcas del municipio en más $6 mil millones, sin documentación que sustente cómo se va a rendir, qué lugares se van a intervenir y en qué tiempo se van a terminar las obras.
A esto se le suma la ordenanza denominada Legítimo Abono, aprobada por los concejales oficialistas, la cual pretendía que el Concejo Municipal habilite el pago a proveedores por supuestas deudas, sin la documentación respaldatoria que el Tribunal de Cuentas de la provincia negó el pago ante un pedido de informe presentado por la oposición.