Cómo funciona el ciberacoso del gobierno de Milei contra las mujeres periodistas - EsChaco.com - Resistencia

INFORME PÁGINA12

Martes, 17 de septiembre de 2024

Cómo funciona el ciberacoso del gobierno de Milei contra las mujeres periodistas

“Las agresiones provienen principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial” y son iniciadas o replicadas “por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X”, advirtieron en una conferencia de prensa, en la que participaron María O'Donnell, Nancy Pazos, Cynthia García, Noelia Barral Grigera y Romina Manguel, entre otras integrantes de PA, varias de ellas afectadas por las agresiones denunciadas.

Por Mariana Carbajal

El colectivo Periodistas Argentinas denunció este lunes “una escalada significativa” de ataques en redes sociales contra mujeres periodistas, con una particularidad: “Las agresiones provienen principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial” y son iniciadas o replicadas “por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X”, advirtieron en una conferencia de prensa, en la que participaron María O'Donnell, Nancy Pazos, Cynthia García, Noelia Barral Grigera y Romina Manguel, entre otras integrantes de PA, varias de ellas afectadas por las agresiones denunciadas.

PA presentó así el informe "Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, donde detalla 16 “casos emblemáticos” de “trolling” y advierte que ese mecanismo orquestado “afecta y limita la libertad de expresión”, tiene un efecto “disciplinador” para silenciar a otras voces y “socava la democracia”. Por esa razón, reclamó el fortalecimiento del “marco legal” para “proteger el ejercicio periodístico, garantizar la transparencia en el uso de algoritmos y bots, y fomentar una respuesta efectiva por parte de las empresas de medios y de las autoridades para enfrentar esta creciente amenaza”.

La presentación se hizo en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA. Entre el público estuvieron referentes de Amnistía Internacional, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y legisladoras, entre ellas Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. La periodista Nancy Pazos planteó la urgencia de que “se tome conciencia, que algo suceda, que no pase desapercibido”, el informe.

“En la Argentina, en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones provienen principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”, dice el informe de PA.

En ese sentido, el relevamiento describe que las periodistas argentinas que han sufrido acoso en la red, y las situaciones que han enfrentado cada una de ellas, tienen características en común: “Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía”. Generalmente, los ataques “no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales”.

El papel de Milei en el ciberacoso
En la mayoría de los casos que citan en el informe, “el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad”.

En el informe se incluyen 16 casos de periodistas que sufrieron ataques sistemáticos y orquestados en redes sociales: Ella son Luciana Peker (Infobae), Ivy Cángaro (periodista de investigación), Paula Moreno Román (presidenta de Fopea), Marina Abiuso (exeditora de género de TN), Nancy Pazos, María O'Donnell, Romina Manguel, Luisa Corradini (corresponsal del diario La Nación), Silvia Mercado (El Cronista), Sofía Diamante (La Nación y LN+), Jesica Bossi (TN), Ángela Lerena, Cecilia Boufflet (Radio Mitre y TN), Julia Mengolini (Futurock), Mónica Gutiérrez y Delfina Celichini (La Nación).

En muchos de los casos, contaron las periodistas, el ataque afectó también la relación periodística de esas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales. “La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder. Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones. No creen que sea personal, aunque sí disciplinador”, alertó PA.

El impacto sobre la libertad de expresión
Las periodistas afectadas coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión. “Las consecuencias no son exclusivamente individuales, sino que se derraman y generan más repliegues: de colegas y activistas que rehúyen de la visibilidad, y de otras mujeres que no quieren ser entrevistadas o participar de un debate público para no ser hostigadas. Por cada mujer silenciada o que se intenta acallar, son varias las que se retiran o ni siquiera llegan al debate público”, describe el informe, en el que examinan cómo funcionan los ataques impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas --aunque con especial intensidad en la red X-- para coordinar intimidaciones y descalificaciones “con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas”.

“Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”, concluyen.

“Hablamos de un proceso global: no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos, tal como advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF) en una investigación realizada en 32 países: 'Cuando hablamos de este fenómeno internacional, también encontramos que la desinformación masiva puede ser orquestada por las más altas esferas del Estado, en regímenes autoritarios y en ciertas democracias a la deriva. En una treintena de países se han creado ejércitos de trolls para callar a los disidentes'”, indica el informe.

Como conclusión del relevamiento pidieron al Estado que:

Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.
A las empresas de medios solicitaron que:

Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan o intenten prevenirla. En ese sentido, consideraron que los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección.
Pidieron además que no se tomen “como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir”.
Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.