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DOCUMENTO DE PRIMERO CHACO

Miércoles, 11 de junio de 2025

SIN JUSTICIA NO HAY DEMOCRACIA

Estamos presenciando, con estupor, una presión mediática sin precedentes sobre la Corte Suprema de Justicia, para proscribir la participación de Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones.

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Existen antecedentes históricos de proscripciones de líderes populares en Latinoamérica y nuestro país, con el caso emblemático del peronismo en el siglo pasado, donde se prohibió desde pronunciar el apellido Perón, hasta su participación en elecciones democráticas, luego del golpe de Estado de 1955.

Como claro y nefasto antecedente en Latinoamérica, vivimos la -entre otras-, injusta proscripción de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, al que la justicia lo envió a la cárcel por 580 días y le impidió participar de las elecciones presidenciales de 2018 que consagró al derechista Jair Bolsonaro como Presidente de Brasil.

La denominada “Causa Vialidad” estuvo plagada de irregularidades desde sus inicios, con graves acusaciones de parcialidad tanto de los fiscales como de los jueces intervinientes en contra de Cristina Fernández de Kirchner, tal el caso del Fiscal Diego Luciani y el Camarista Federal Mariano Llorens quienes integraban el mismo equipo de fútbol que jugaba en la quinta presidencial con el ex Presidente Mauricio Macri, causa motorizada a instancias de denuncia de uno de sus funcionarios.

La evidente parcialidad de estos funcionarios judiciales en contra de la ex presidenta, haría que la “Causa Vialidad” sea de nulidad absoluta, y amerite un estudio profundo para evitar cometer una injusticia de enorme trascendencia institucional.

Y de los trascendidos judiciales que conocen de cerca este proceso, hablan de irregularidades marcadas en el enjuiciamiento, como la no consideración del consenso unánime de los peritos afirmando que no hubo sobreprecios, ninguna prueba directa de intervención, firma ni decisión ejecutiva específica en obras, ni tampoco llamados telefónicos o conversaciones por medios electrónicos que la involucren a la Ex Presidenta, como las imputaciones parciales y sobreseimientos selectivos. Por caso, no fueron imputados ni los miembros del Congreso que aprobaron el presupuesto de la obra pública destinada a Santa Cruz, ni el Jefe de Gabinete responsable de la ejecución presupuestaria, ni el Ministro de Planificación, responsable de la obra pública nacional, ni los responsables de las licitaciones en Santa Cruz.

Así las cosas, todos hablan que la probable prisión de la Ex Presidenta estaría dada por la aplicación del Art. 280 del CPCCN, que le permitiría a la Corte Suprema rechazar el recurso interpuesto sin necesidad de expresar ningún argumento o motivación que justifique el fallo, solo su discrecionalidad y considerando que la causa es insustancial, con falta de agravio suficiente o lo peor,que carece de “trascendencia “, cuando es evidente la enorme trascendencia institucional, lo que descartaría la aplicación de dicha norma y debería obligar a la Corte a la consideración del Recurso interpuesto para tal fin.

El deber de motivar las resoluciones es una garantía jurídica primigenia, que otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática, so pena de considerar dicha resolución arbitraria, que no explicita cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la justicia para tomar su decisión, que hacen a la garantía del debido proceso y de acceso a la justicia.

Por todo lo expuesto, surge a las claras que estamos ante una sentencia política para proscribir la participación electoral de la ex Presidenta, generando un peligroso precedente de intervención del Poder Judicial por fuera de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, impidiendo el ejercicio de sus derechos políticos a ser elegida y el derecho de los ciudadanos a elegirla.

Finalmente, si la Corte Suprema llegara a tomar medidas con tal celeridad, luego del anuncio de la candidatura de la ex Presidenta, dejaría en evidencia que los tiempos judiciales dependen de las necesidades del poder real.

Como nuevo espacio político, que aspira a renovar las prácticas políticas para resolver los problemas de nuestro pueblo, no podemos quedar como meros espectadores de la destrucción de la República y hacemos público nuestro repudio a la posible condena a nuestra ex Presidenta.

PRIMERO CHACO