Transporte: las víctimas son los usuarios - EsChaco.com - Resistencia

Por el Dr. Gustavo Corregido

Domingo, 8 de septiembre de 2013

Transporte: las víctimas son los usuarios

Las repercusiones de los fallos del juez Julián Flores se dispararon para cardinales insospechados. Sin embargo, tanto desde los estamentos oficiales, como desde el sector empresario, hubo una notoria coincidencia en la línea argumental del discurso. El sistema de transporte se derrumbaba y ninguno de ellos estaba llamado a hacerse cargo.

Deslindando artesanalmente sus responsabilidades se erigieron como víctimas de una circunstancia en la que no reconocen ningún compromiso. Repentinamente quienes tienen que velar por el bienestar ciudadano daban la impresión de preocuparse más por el bolsillo de los empresarios, disparando acusaciones en todas direcciones, pero nunca pensando en modo autocrítico.

Es interesante observar cómo todos los autores intelectuales y materiales de esta situación se victimizaron. Cómo los funcionarios que están para defender los intereses del ciudadano se volcaron repentina y desembozadamente a defender los intereses empresarios.

El mundo se había dado vuelta de la noche a la mañana.

Podrá argüirse que ninguna de esas partes estaba notificada de los fallos. Pero al momento de sus propias declaraciones la cuestión ya era pública y así como el Instituto del Defensor del Pueblo se notificó de las sentencias a primera hora del viernes, las accionadas interesadas también pudieron hacerlo, antes que esperar la visita del Oficial del Justicia con la cédula.

Fuera de esta cuestión menor, lo significativo es que los responsables del área de transporte, el municipio por su lado con la intendente Aida Ayala a la cabeza y el subsecretario Marcelo López por el otro, repito, habiendo omitido cumplir con su responsabilidad como funcionarios tal como señala el fallo del juez Flores, todavía pretenden seguir escapando a sus obligaciones.

A partir de ahora es cuando están llamados a resolver la situación. Lo que pasa por estas horas no lo generó el Defensor del Pueblo, ni la Justicia, sino ellos mismos por el incumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley y la Constitución.

Una apariencia de legalidad o formalidad no es suficiente. No solamente debe parecer, también debe ser. Si el ciudadano común no puede alegar la ignorancia de la norma, mucho menos el funcionario. No cuesta tanto entonces arribar a una dramática conclusión: avanzar contra lo dispuesto por la normativa vigente implicaría el incumplimiento de sus deberes como funcionarios.

Pero esa es otra circunstancia que se aparta del problema coyuntural. Ahora no hay tiempo para que pregunten quién se hará cargo. No puede dejar de señalarse que el fallo de ninguna manera establece la prohibición de la actualización del precio del boleto de transporte urbano e interurbano, si así correspondiese. Por el contrario afirma que las normas aplicadas son nulas por las graves fallas en el procedimiento utilizado, por lo que entonces habrá que crear otras, que surjan de la correcta aplicación de los procedimientos preestablecidos, asegurando la transparencia y participación de los usuarios.

Es una tarea que pueden comenzar de inmediato, independientemente de una esperable apelación al fallo.

Es oportuno indicar aquí –como un aparte- que la Defensoría está especialmente interesada en el anunciado recurso. En el caso que la cuestión vaya superando instancias en el ámbito de la Justicia,ratificándose así los fundamentos vertidos por esta Defensoría se terminaría sentando una valiosa jurisprudencia.

Pero hay una emergencia que no se puede ignorar. El trabajo corresponde al Concejo, a los técnicos de los dos estamentos, y debe ser también un compromiso para los empresarios del transporte. Ellos más que nadie saben que las cosas hechas a las apuradas terminan mal.

Es necesario rechazar –enfáticamente- la intención interlineada de algún funcionario que pretendió echar un manto de sospecha sobre el fallo, el juez y los motivos de intervención del Defensor del Pueblo, como así también la intención de la funcionaria que manifestó el avasallamiento a la decisión del Concejo Municipal.

Vuelven a poner en duda la división de poderes, desconociendo el sistema republicano y la obligación del Poder Judicial de contralar el cumplimiento de la ley y la Constitución.

No es posible en el marco del respeto a las instituciones conocer anticipadamente lo que va a resolver un juez. Pero no me privo de la convicción de pensar que la única manera de resolver estas acciones ajustándose a derecho era haciendo lugar a los amparos interpuestos.

Y en ese sentido me había expresado antes de que se conozcan las sentencias. Ese convencimiento, ausente en las contrarias, y la debilidad de los argumentos técnicos empleado en sus escritos de contestación, fortalecieron mi convicción respecto de cuál sería el resultado.

No puedo dejar pasar por alto la valentía e independencia del juez Flores por resolver el amparo como lo hizo, contra lo que evidentemente sabía que se avecinaba. Los contundentes fundamentos expuestos en ambas resoluciones hablan de un trabajo razonado, conectado con la realidad y con la gente y no ajeno de acertada jurisprudencia y doctrina.

Los fallos constituyen una pieza altamente recomendable, en el que se previeron todas las aristas que el decisorio terminaría teniendo. El mismo posee abundantes fundamentos que sirven prácticamente de recomendación para todas las partes involucradas en este proceso, los funcionarios, los empresarios, los dirigentes gremiales, los empleados de las empresas y claro, el ciudadano común.

Es posible definirlo como un verdadero compendio de acciones, que permite a quienes están convocados a resolver la emergencia tomarlo para encontrar el punto de partida a un trabajo que no puede tener dilaciones.

Finalmente. La ciudad de Resistencia y su área metropolitana, merecen un sistema de transporte moderno, que responda realmente a la demanda de su gente. Pero no a cualquier costo –nunca mejor expresado-. Los usuarios deben tener un papel preponderante en la determinación del precio, y sus representantes defenderlos.

Por el Dr. Gustavo Corregido

Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco