Trás cinco años, realizarán un Jury de Enjuiciamiento
Después de casi cinco años, comenzará mañana un proceso de enjuiciamiento en la provincia, esta vez, para analizar la actuación de la jueza Amanda Matilde Corchuelo. El proceso se realiza en el marco del expediente Nº 166, de 2008, caratulado “Sánchez, Ricardo Luis s/acusación contra Amanda Corchuelo, jueza del Trabajo Nº 2 de Resistencia”, iniciado por el presidente del bloque de Diputados del PJ.
Preside y lleva adelante las audiencias el presidente del Consejo de la Magistratura, constituido en Jurado de Enjuiciamiento; Oscar Olivieri, luego que se declarara pertinente la acusación mediante la Resolución del 27/09/2008.
Cabe recordar, que las audiencias estuvieron a punto de iniciarse, pero se suspendieron a través de un amparo otorgado por Marina Lotero de Volman, quien ordenó la restitución en el cargo de Corchuelo, y la suspensión del proceso de jury. Ese amparo fue tramitado, a nivel judicial, mediante una controversia entre la jueza del Trabajo y el jurado de enjuiciamiento, que termina con la revocación del fallo de Lotero, y autoriza a seguir con el proceso.
A partir de allí, hubo un cambio en la conformación del Consejo de la Magistratura, por eso comienza a intervenir Olivieri, quien continúa las actuaciones hasta fijar la fecha de la audiencia para mañana, en el salón de Usos Múltiples del Superior Tribunal de Justicia.
LA DENUNCIA
El legislador recordó que la denuncia se presenta contra Corchuelo por haber incurrido en la causal de mal desempeño en sus funciones, y se la acusa de “desvío de poder o exceso en el ejercicio de la jurisdicción”. Esto tiene que ver con la sentencia de la jueza del Trabajo en autos caratulados “Salazar Luis y otros c/Provincia del Chaco y/o Lotería Chaqueña”, medida cautelar, expediente 1587/2007. Con el fallo Nº 255 de octubre de 2007, se hacer lugar a la medida cautelar y se le ordena, tanto a la Provincia como a Lotería Chaqueña, suspender los efectos de una resolución de Lotería, y cancelar los procedimientos administrativos de cierre de locales, retiro de habilitaciones o secuestro de máquinas o cualquier medida restrictiva de la actividad que realizaban Bruno Head, Miguel Basail y otros, tanto en Resistencia como en Barranqueras. Asimismo, la sentencia establece que, en caso de corresponder, se reponga las màquinas tragamonedas o de videopòker que hubieran sido secuestrada, y se ordena a los municipios se abstengan de tomar medidas que restrinja la actividad comercial.
“En definitiva, recordemos que la acción no la inician los permisionarios, porque en realidad no tenían argumentos para pedir continuar con la explotación ilegal, sino los trabajadores, a quienes les prestan el servicio jurìdico para que sean éstos quienes inicien la medida cautelar contra Loterìa”, explicó el jefe de la bancada oficialista.
Sánchez aseguró, no obstante, que “la jueza falló contrariando leyes provinciales, Ley Orgánica de Tribunales y otras normas que establecen que las sentencias de órganos superiores deben ser acatados por los inferiores, para no incurrir en una potencial subversión institucional, que es lo que ocurrió en este caso, ya que la jueza conocía el fallo del STJ y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinaba que la actividad de los permisionarios resultaba clandestina por la falta de permisos para funcionar”, dijo y añadió: “Entendemos que no puede reestablecerse la actividad, so pretexto de la continuidad de la fuente de trabajo, ya que se violentan leyes y los fallos otorgados en idénticas causas”.
Para Sánchez, remarcó que “en virtud de esto, formulé, en carácter de legislador, la denuncia correspondiente, en el entendimiento de que, con fallos como el de Corchuelo, todo el negocio del juego iba para un pequeño grupo donde la ganancia mayoritaria quedaba en manos de los privados y un pequeño canon, devaluado por cierto, correspondía a Lotería”. “Desde la asunción del Gobierno por parte de Jorge Capitanich, uno de los cambios más grandes se ha dado en Lotería Chaqueña, que hoy es una institución fuerte, ya que invirtió aquella situación, y los privados pasaron a ser socios minoritarios de la entidad”, agregó.
El legislador expresó que tiene la expectativa de que los integrantes del jurado de enjuiciamiento “lleven adelante un proceso transparente, que garantice a Corchuelo el derecho de defensa, en un proceso como este jury de enjuiciamiento que no es común en la provincia, y de hecho se realiza uno después de cinco años”.