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Corriente Agraria nacional y popular

Domingo, 13 de octubre de 2013

El Campo elige seguir haciendo

Mucho hemos ganado en esta última década. La consolidación del proceso de unidad latinoamericana, expresado en el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC, constituyen herramientas de integración, construcción y defensa de la Patria Grande, dando impulsos significativos en lo que hace a la agricultura familiar con políticas comunes para avanzar en su desarrollo.

Los derechos a la jubilación, la obra social y la posibilidad de
estar registrados de los pequeños productores, vinieron de la mano del
Monotributo Social Agropecuario y el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar, política que reconoce y da entidad productiva a
las 250.000 familias rurales que eran anónimos trabajadores de la
producción de alimentos del país.

Se creó el RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios) que registra y fiscaliza el pleno respeto a la nueva Ley del
Estatuto del Peón Rural, que igualo derechos laborales y que se
propone evitar el trabajo agrario no registrado y de explotación
laboral, dolorosas injusticias que inescrupulosos empresarios o
inversionistas todavía practican incluso con menores en situación de
absoluta desprotección.

La ley de Protección al Dominio Nacional sobre la tenencia, dominio y
propiedad de las tierras rurales puso límite a la extranjerización de
las tierras rurales, puso un límite a la venta de tierras a
extranjeros, empresas o particulares, resguardando de esta forma la
soberanía territorial, que no tenia ningún limite para su venta hasta
hace tres años. Se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, que
tiene como misión la protección al dominio nacional sobre la
propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
Cuando Néstor Kirchner llegó al Gobierno, existían 14 millones de
hectáreas hipotecadas en el campo. La recuperación sostenida en el
sector agropecuario ha permitido que desde que llegaron Néstor y
Cristina nunca más se remató ni una hectárea de tierra en la República
Argentina.

Se jerarquizaron áreas gubernamentales como el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca y su refuerzo presupuestario, así como
el de los organismos descentralizados dependientes de él. Se
restituyeron organismos como el Instituto Nacional de Semillas y se
reforzó el Programa de Servicios Agrícolas (PROSAP) con nuevos
préstamos del BID. Se dio mayor calidad a las instituciones,
informatizando y regionalizando el SENASA.

Se mejoraron las condiciones de los trabajadores de los organismos
vinculados a la producción. El INTA pasó de tener una planta
constituida por 52% de personal contratado a tener la mayoría de su
personal en planta, creándose nuevos centros de tecnología y
aumentando 10 veces su presupuesto. Se creó y se puso en marcha la
Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, donde casi la
totalidad del personal mejoraron las condiciones laborales y
contractuales , terminando con los contratos chatarra de la década
neoliberal y mejorando sustancialmente la estabilidad, la cobertura
social y previsional y el ejercicio pleno de sus derechos laborales.

En nuestra provincia se reivindicó la Agricultura Familiar e impulsó
su desarrollo y fortalecimiento, con la sanción de la ley de
Consorcios de Servicios Rurales que permite que 13.650 productores
familiares se encuentren organizados en 86 consorcios de Servicios
Rurales y se sancionó recientemente la creación del Instituto de
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.

La corrupción enquistada en el Instituto de Colonización que hizo de
la tierra publica un negocio para los amigos en gestiones anteriores,
fue puesta en juicio. Se condenó a tres funcionarios rozistas del
Instituto de Colonización a 3 años de prisión en suspenso por “estafa
al Estado, violación de deberes de funcionario público y negociación
incompatible con la función pública".

Mucho queda por seguir avanzando: Garantizar el derecho a la
alimentación de toda la población y la seguridad alimentaria tanto en
calidad, cantidad, precio y variedad; democratizar el acceso a la
tierra para su utilización productiva y en defensa de la soberanía;
manejo, conservación y acceso a los recursos naturales nacionales;
preservar el medio ambiente para las generaciones futuras y
reivindicar la activa participación del Estado para el logro de esos
fines.

Necesitamos leyes que pongan freno a los desalojos de las familias
campesinas; necesitamos una Ley de Asignación Universal por Arraigo,
para quienes quieren permanecer y para quienes quieren volver al
campo; una nueva Ley de Tierras que suspenda el actual proceso de
privatización de las tierras públicas, manteniendo lo que queda en
manos del Estado a fin de destinar a los pequeños y medianos
productores, a sus hijos y habitantes urbanos que quieran volver al
campo; una Ley de Servicios Ambientales Urbanos y Rurales que graven
progresivamente el daño ambiental e incentivos a quienes generan
producciones orgánicas, agroecológicas y servicios no contaminantes;
una Ley de Promoción del Abastecimiento Local Agroalimentario,
delimitando la región periurbana que tendrá la función de
abastecimiento local, actuará como zona de resguardo ambiental y de
servicios sociales periurbanos; favoreciendo a los que emprenden
producciones y servicios agroalimentarios; entre otras leyes
necesarias y urgentes.

Profundizar el Proyecto Nacional tanto a nivel provincial como
nacional exige leyes específicas, y para ello necesitamos legisladores
comprometidos con el proyecto nacional, popular y democrático; para
seguir construyendo un gran país para todos, con compromiso militante
para sumar, aportar iniciativas, para seguir construyendo un país
mejor, un país más justo, un país más soberano, un país más
equitativo, un país más igualitario, junto a todos los países hermanos
de América Latina.

CORRIENTE AGRARIA NACIONAL Y POPULAR - CHACO
EL 27 TODOS Y TODAS CON EL FRENTE PARA LA VICTORIA