La preocupación de los vecinos de El Sauzalito por los niños expuestos al daño que provocan el alcohol, las drogas, el riesgo de las adicciones, en general ocurre en toda la geografía provincial. Lo hemos visto en las últimas horas en Presidencia Roque Sáenz Peña. Enorme revuelo causó hace algunos meses, medidas tomadas por autoridades y fuerzas vivas del pueblo de La Verde, que sin embargo, alejado ya de la polémica en los medios de comunicación se continuaron aplicando y produjeron algunos resultados alentadores.
La preocupación de los vecinos, sus autoridades, organizaciones intermedias, deberían constituir un verdadero llamado de atención no solo para la cuestión focalizada en esta localidad del norte Impenetrable, sino también para la sociedad en general y las autoridades de todo el Chaco.
Se atribuye a la crisis de la familia una constante y a partir de este punto se mira al Estado como el órgano supra personal que debe aportar las soluciones. Pero hay medidas que se deben tomar conjuntamente para encontrar alternativas sustentables de salida positiva.
No puede perderse de vista que estamos hablando del bienestar y la salud de niños chaqueños y en favor de ellos estamos todos obligados a contribuir. Es preciso tener en cuenta además que el Estado está compuesto por la suma de la decisión de todos los individuos que colocan funcionarios a los que se les encarga la tarea de administrarlo.
Dentro de los atributos del Estado, se encuentra el ejercicio del monopolio de la fuerza legal y dentro de él, claramente se incluye al Poder Legislativo en su función de sancionar leyes. Las leyes sancionadas son de cumplimiento obligatorio. El Código de Faltas, las normas de protección integral del niño, ordenanzas -que atraviesan prácticamente en idéntico sentido a todos los municipios, entre otras.
Parte del Estado ha cumplido y otra parte, no lo hace. Aquella que debe aplicar las normas sancionadas objetivamente está en deuda. Este fenómeno fue estudiado y denominado “la última milla”. Se debate públicamente el tema, sancionan las normas y cuando el escenario está listo para su aplicación, finalmente los resultados no se producen. ¿Por qué? En la recta final defeccionan los responsables de la aplicación de estas medidas. Afortunadamente, con las herramientas que existen no es necesario empezar de cero para enfrentar el problema, sino retomar el camino en donde ya existe un recorrido trazado.
Pero quién más, dentro del contexto social, evade sus responsabilidades. En primer lugar, ya se ha dicho, la familia. A la luz de la intervención de vecinos, sus demandas, sus opiniones, está debatida la relación entre el Estado y la familia. Están quienes ven una relación de sustitución y otros que entienden que se trata de un complemento.
Desde mi perspectiva, no hacen falta tantos argumentos para entender por qué uno no puede sustituir al otro. Necesariamente deben ser un complemento. En el ejercicio del monopolio de la fuerza legal, el Estado previó qué sucederá si la familia pretende desentenderse del menor. Las responsabilidades de los padres en las acciones de sus hijos menores están perfectamente establecidas en el Código de Faltas.
Complementados, el Estado a través de los organismos pertinentes tiene la potestad para llamar la atención a los verdaderos responsables del problema, en el sentido más amplio.
¿Y quiénes son también responsables? Además del Estado y la familia. En el caso bajo estudio, el comerciante. Como en todo lo anterior, están previstas las medidas para quienes estén dispuestos a anteponer el afán de lucro por sobre la ley.
Ordenanzas vigentes, con mucho debate y repercusión en la prensa (dependiendo de cada localidad) –y, de nuevo, el Código de Faltas- tienen regulado qué ocurre si algún comerciante desaprensivo prefiere desoir las leyes en relación a la venta de alcohol fuera de horario y a la venta de alcohol a menores las 24 horas del día.
Existen excusas oficiales que intentan adjudicarle a la viveza del vendedor de alcohol -para conocer anticipadamente la llegada de un operativo y cerrar oportunamente la venta e incluso reabrirla cuando el “temido” control se ha alejado- las causas del fracaso. Decididamente mientras estas cuestiones inconclusas subsistan habrá gente que seguirá vendiendo alcohol fuera de horario y también a nuestros chicos.
Otras prefieren hablar de falta de recursos materiales y humanos para ejercer los controles. Importa recordar aquí que un grupo de padres en la ciudad de Resistencia decidió tomar la ley en sus manos –aunque suene fuerte- y controlar (¿sustituir al Estado?). Hay que destacar que la experiencia se viene replicando en otras ciudades del interior.
La Encíclica Rerum Novarum publicada por el Papa León XIII en 1891, hizo una referencia al “capitalismo salvaje” desde el aspecto de la relación del trabajo. Desde la explotación del obrero. En “Centesimus Annus”, Juan Pablo II actualizó esa definición. Atacó los defectos del capitalismo desarrollado consumismo, droga, pornografía, desastres ecológicos y recordó que para los países en desarrollo todavía siguen siendo válidas muchas de las premisas de la Rerum Novarum, que entonces criticó el capitalismo salvaje reinante en Europa.
Parece desproporcionada esta argumentación, porque el entonces Jefe de la Iglesia en el mundo hablaba de los Estados, de los poderosos y de la economía global. Sin embargo hay que hacer notar que esos principios que mueven a ese capitalismo denunciado por el Papa son idénticos a los del dueño del quiosquito más pequeño en alguna localidad alejada de la provincia que antepone el lucro por encima de su responsabilidad social, no solo como comerciante, sino también como vecino de aquel niño, joven o adulto a quien perjudica. Todos miembros de la misma comunidad.