Maldonado: Proyecto que limita la responsabilidad del Estado asegura impunidad
El diputado nacional Hugo Maldonado UCR (Chaco) se refirió a la reforma como “perverso e impresentable proyecto que limita las responsabilidades del estado
y sus funcionarios”.
“Anoche debatimos en la Cámara de Diputados un perverso e impresentable proyecto de ley para limitar la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios ante los reclamos de los ciudadanos. Lamentablemente el oficialismo impuso su mayoría para darle media sanción a esa reforma legal por 129 votos, contra 105 de la oposición. Hasta ahora cualquier ciudadano podía recurrir al fuero civil en busca de un resarcimiento económico de daños causados por la negligencia o inacción estatal. Una vez sancionada esta ley que impulsa Poder Ejecutivo todos los ciudadanos, perderán esa posibilidad. Todas las cuestiones relacionadas con demandas contra el Estado se resolverán en el futuro por el derecho administrativo de cada Provincia. Desaparece la legislación nacional unificada en materia de responsabilidad del Estado y de sus funcionarios, asegurándoles protección e impunidad ante las demandas futuras”, señaló el diputado nacional Hugo Maldonado UCR (Chaco) al referirse al proyecto de ley que ayer recibió media sanción de la cámara baja:
“Queda en claro que esta sanción legal encubre una verdadera autoamnistía para los funcionarios kirchneristas, como sostuvimos a voz en cuello durante el debate nocturno de la víspera. También el texto aprobado establece que el Estado no deberá responder civilmente por los daños causados por concesionarios de servicios públicos. El gobierno trata de proteger a los funcionarios más que a los ciudadanos, poniendo fin al principio de igualdad ante la ley”, recordó.
“Además –continuó-, el proyecto aprobado elimina los derechos y las acciones colectivas ante los daños causados por la inactividad ilegítima del Estado y su reparación plena. Todos los casos por responsabilidad de los funcionarios prescribirán ahora a los tres años, lo que nos dejará un Estado irresponsable por las consecuencias futuras de su accionar presente. Los daños a usuarios y consumidores quedarán impunes cada vez que los funcionarios, por acción u omisión, sean cómplices de los concesionarios corruptos de los servicios públicos”
“Los derechos humanos y las garantías constitucionales afectadas por este proyecto de ley, nos obligan a impulsar su derogación, como la ley antiterrorista y otras, que desprotegen a la ciudadanía”, concluyó el legislador chaqueño.