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CONFLICTO CON BOLIVIA
Jueves, 21 de febrero de 2013
España hizo oficial su malestar por expropiaciones
El secretario de Estado para Iberoamérica y la embajadora boliviana en Madrid mantuvieron una reunión luego de que el gobierno de Evo Morales violara acuerdos con la firma Sabsa.



La embajadora boliviana en España, Carmen Almendras, concurrió este miércoles a Madrid, convocada por el ministerio español de Asuntos Exteriores de España, tras la reciente expropiación de la gestora aeroportuaria Sabsa, llevada adelante por el Gobierno de Evo Morales.



Allí, el secretario de Estado español para Iberoamérica, Jesús Gracia, "ha expresado el malestar del gobierno de España ante las recientes expropiaciones", según informó la cancillería en un comunicado.



En un breve encuentro, "la embajadora de Bolivia ha manifestado comprender la reacción de España y se ha comprometido a agilizar los plazos para hallar una solución", afirmó el ministerio de Asuntos Exteriores.



Según medios españoles, Almendras no ha contestado cuando, al salir de la reunión, fue consultada por la prensa sobre los retrasos en el pago de las indemnizaciones a Red Eléctrica e Iberdrola, que sufrieron nacionalizaciones con anterioridad a Abertis y Aena.



El ministro de Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, ya había conversado el martes con el ministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, para trasladarle su protesta por la expropiación de la gestora aeroportuaria Sabsa a las empresas españolas Abertis y Aena.



Quintana "se comprometió a buscar una solución satisfactoria" y, reconociendo retrasos en la tramitación de los expedientes de nacionalización de las empresas españolas, "transmitió su compromiso de acelerar los procesos en marcha", aseguró la cancillería española.



Afirmando esperar una "compensación adecuada", Abertis anunció que reclama US$ 90 millones tras la nacionalización de Sabsa, tercera expropiación que afecta a capitales españoles en menos de un año en Bolivia.



Cabe destacar que en mayo de 2012, el país expropió la Transportadora de Electricidad (TDE), empresa en la que Red Eléctrica de España (REE) tenía casi el 100% de las acciones y en diciembre nacionalizó cuatro empresas vinculadas al sector de la electricidad gestionadas por la firma privada española Iberdrola.



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