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Por Carim Peche
Martes, 13 de mayo de 2014
El día en que Aníbal la llevó a pasear
El problema de la inseguridad se ha colocado al frente de las demandas políticas y sociales aún pendientes de resolución. A lo largo de la década varios fueron los planes anunciados, todos ellos en años electorales o luego de obtener resultados adversos, sin continuidad en el tiempo y sin resultados favorables a saber: el “Plan estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007” presentado por el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Gustavo Béliz luego del asesinato de Axel Blumberg; en 2009 Cristina Kirchner anunció el programa “Convivencia Ciudadana” que estaría a cargo del por entonces ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández que concluiría en que la inseguridad es una “sensación”; en el año 2010 la presidente dispuso la creación del Ministerio de Seguridad (por fuera del de Justicia) a cargo de Nilda Garré y finalmente en junio de 2011 se anuncia el “Plan Unidad Cinturón Sur” entre otros vinculados al control del narcotráfico como el operativo “Escudo Norte”.


La inseguridad ciudadana afecta la calidad de vida de todos los sectores de la población, impide un mayor desarrollo económico y de inversión en el país, afecta la credibilidad pública de las instituciones como así también la capacidad de gobernar y afecta al sistema judicial.

Si nos ponemos a analizar sus causas podemos concluir en que luego del deterioro económico y social que sufrió Argentina en las últimas dos décadas, el país no tenía ninguna posibilidad de quedar al margen de ese flagelo, más aún si tenemos en cuenta que el enorme crecimiento económico de los últimos 10 años no fue destinado a garantizar un mejor desarrollo de los sectores más postergados de la sociedad.

La marginalidad es el mejor caldo de cultivo que encuentra la delincuencia. Allí donde no llega ninguna política pública, los controles sociales no funcionan y nadie hace propias las normas de conducta de la sociedad, las familias se quiebran, los adultos carecen de trabajo y los niños y jóvenes alejados de la escuela son empujados hacia la mendacidad y suelen crecer con las “reglas de la calle”. De ahí al delito hay sólo un paso.

El kirchnerismo ha puesto en marcha un modelo de gobierno que difunde un relato distorsionado de la realidad frente a un país con 14 millones de pobres, 2 millones de desocupados y subocupados, mas de 1 millón de jóvenes “NI”: ni trabajan ni estudian, 18 millones de personas dependientes del asistencialismo oficial a través de los 58 planes sociales vigentes y absolutamente insuficientes y más de 200.000 villas miserias.

A eso debemos agregarle el ingreso y radicación en el país de los principales carteles del narcotráfico provocando que Argentina haya dejado de ser un país de paso para convertirse en productor de estupefacientes. La quinta Encuesta Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas realizada en el año 2011 por el Observatorio Argentino de Drogas dependiente de la SEDRONAR indica que el 50% de los detenidos por cometer delito lo hizo bajo el efecto de alguna droga y se concentra en adolescentes entre 16 y 17 años.

Aun así no son estas las únicas causas que explican el aumento del delito, hay otra tal vez madre de las anteriormente enunciadas: la corrupción bajo la cual se ampara un sistema que en muchos casos acaba asociado a quienes deben combatirlo. La reciente declaración sobre inseguridad dada conocer por la iglesia católica dice “…la corrupción, tanto pública como privada, es un verdadero cáncer social, causante de injusticia y de muerte…” y agrega “…son estafas económicas y morales que corroen la confianza del pueblo en las instituciones de la República y sientan las bases de un estilo de vida caracterizado por la falta de respeto a la ley y a ello se agregan mafias del crimen organizado sin freno…”

A comienzos de la década de los noventa la ciudad colombiana de Medellín era catalogada como “la más violenta del mundo” y cuna de uno de los carteles de droga más complejos y poderosos. Años después pasó a ser una ciudad modelo de convivencia y seguridad ciudadana. La fórmula que planteó para transformar ese panorama el por entones alcalde Sergio Fajardo fue reducir la puerta de entrada al mundo del narcotráfico a través de opciones principalmente para los jóvenes como educación y empleo.
Empezó su administración con una consigna: dar lo mejor a los más pobres, los mejores parques, las más modernas escuelas, bibliotecas o espectáculos, “…les devolvimos la dignidad a un pueblo que antes sólo recibía migajas y encima debían agradecerlas…” decía por aquellos años. Y agregó “…si nos hubiéramos robado un solo peso, todo esto que ustedes ven ahora, no estaría ahí…”.

Será imposible resolver el problema de la inseguridad si el combate al delito se funda en un reconocimiento oportunista del problema nacido de encuestas, traspiés electorales o embates de sectores opositores. Mientras haya funcionarios como Aníbal Fernández que sostienen que la inseguridad es una “sensación”, por lo menos hasta que la llevó pasear en su propio BMW, es evidente que la erradicación del delito será materia de resolución de otro gobierno que nos permita recuperar un desarrollo económico y social equilibrado, el acceso a una educación igualitaria y de calidad, erradicar la corrupción y el narcotráfico y trazar una política integral que fortalezca a las instituciones públicas encargadas de investigar y sancionar el delito, así como de promover el acceso a la información, la rendición de cuentas y una cultura democrática que permita que las leyes no sean utilizadas como un traje a medida para proteger al funcionario de turno.


(*) Dr. Carim Peche - Pte. Interbloque Diputados Unión por Chaco


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