Es realmente difícil de entender que una nueva movilización de trabajadores, movimientos sociales, y comunidades originarias haya vuelto a terminar de modo tan violento como ha ocurrido en la tarde del miércoles. Sin embargo la repetición de semejante acto bárbaro, justamente por repetitivo, permite sacar conclusiones y sobresale, por notoria, la falta de convocatoria al diálogo.
Es cierto que el diálogo debe tener un contexto que lo favorezca, pero también es posible señalar que se trata de un escenario que debe recrearse. Es decir, es posible crear las condiciones para la discusión pacífica.
Basta ver la imagen del Papa Francisco en Tierra Santa. Probablemente sea uno de los lugares en donde menos espacio hay para el diálogo, atento las acciones que las partes –enfrentadas por cuestiones políticas y religiosas- han llevado adelante.
Pero en ese núcleo de tanta discrepancia el Santo Padre ha ido a predicar la unión, la concordia y ha logrado que los demás líderes religiosos lo acompañen, al punto de encontrar una fecha para que la política se siente a dialogar.
Cuanto más alta la posición de un dirigente, más alta su responsabilidad. No encuentro los motivos por los cuales, a esta altura de los acontecimientos -acontecimientos que han ido sucediéndose desde el momento mismo en que el actual vicegobernador se hizo cargo del Ejecutivo provincial- la principal autoridad político-institucional del Chaco no pueda recibir a otros referentes también electos por sus propios seguidores, gremiales, sociales o hermanos originarios. Si bien es entendible que no pueda recibirlos con la asiduidad que reclaman los manifestantes; no lo es que no pueda encontrarse con ellos nunca. Mucho menos si de ello depende la paz social.
Por otra parte, la Justicia debe proteger la protesta, no acallarla, como pretende el que interviene con el argumento de evitar una revuelta, o la simple ocupación de una plaza o una calle. El fondo de esta cuestión no es esa. Debe proteger a los críticos, especialmente a aquellos que tienen dificultades económicas o políticas para expresarse.
La democracia se asienta en el disenso, más aún teniendo una democracia representativa, que delega en los gobernantes el poder político y el control de las armas. Es fundamental que nos reservemos como sociedad el poder de cuestionar a las autoridades.
“El derecho de unos termina donde empieza el derecho de los demás”. Es un cliché. Los choques de derechos ocurren en forma constante y lo que interesa definir es qué hacer cuando ocurre esa colisión. Los jueces deben decir qué derecho van a proteger, de qué manera, hasta qué punto y por qué razones.
Entiendo que debe inclinarse por el derecho que está más acerca del nervio democrático de la Constitución, cuán central es ese derecho para que todos podamos continuar actuando como ciudadanos, para permitir que la democracia siga existiendo.
La autoridad administrativa tiene en claro que quiere proteger el derecho de la circulación y ha hecho uso de la fuerza pública de la democracia, al menos en tres oportunidades sobresalientes Pampa del Indio, 7 de mayo y 4 de junio. Sin embargo, con ese uso de la fuerza no ha acertado en la trascendencia que tiene el reclamo social-sindical-aborigen.
Debe tolerarse que la crítica cause inconvenientes a la sociedad, porque si se apaga la crítica al poder, la democracia está socavada, especialmente si se lo hace en los términos en los que lo ha visto la sociedad chaqueña.
Las personas en situación de vulnerabilidad tienen que advertir que sus reclamos tienen respaldo constitucional. No se trata de solidaridad, de lo que se trata es exigir justicia constitucional. Al que no le gusta que busque modificarla o que asuma que renuncia a ella.