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Por Centro Mandela

Miércoles, 18 de junio de 2014

Polirrubros en el Ministerio de Desarrollo Social

Como una forma de gestionar que invariablemente se repiteen un área tan sensible como es el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, la ponderada asistencia a los sectores más vulnerables del Chaco se lleva adelante con negociaciones que generan más dudas que certeza. Un grupo selecto de proveedores polirrubros habilitan la fuerte sospecha de que por esa vía se disponen importantes fondos públicoshacia caminosque no permiten diferenciar entre el acopio de mercaderías destinada a la ayuda social, el asistencialismo y el derroche discrecional de dineros públicos quealimentan un funcionamiento poco transparente y que –con suficientes razones- generasospecha de corrupción estructural instalada en los poderes y organismos del Estado, lo que lamentablemente no es una novedad y escasasveces es noticia en Chaco.

Pocos casos deben haberse dado en la Argentina de entregar la cartera de Desarrollo Social a un ex presidente de una federación económica o cámara empresaria, como ocurre en nuestra provincia. Se puede recordar las gestiones de los presidentes Fernando de la Rúa, cuando designó a economistas en los ministerios de Defensa y Educación, y a Duhalde cuando nombró a un expresidente de la Unión Industrial Argentina en el Ministerio de la Producción. Sin embargo, en nuestra provincia ha quedado en evidencia -con la documentación pública indispensable a la que fácilmente se puede acceder- que los criterios empresariales que se aplican en el manejo de fondos en la actual gestión de Desarrollo Social profundizaron el mecanismo señalado. Perfeccionaron la posibilidad de que la corrupción beneficie a ciertas personas o comercios, al amparo de guardar las formas para sortear los débiles controles, que son simplemente formales e inútiles. Para que millones de pesos pudieran salir a través de compras directas dictaron normas que habilitaron los gastos. Para reflejar el perfil de la actual administración de gobierno, basta con señalar que Capitanich y Bacileff Ivanoff dictaron tantos decretos como hacían falta, en un verdadero proceso inflacionario de estas normas, que nace de una sola e incontrolable decisión política que supone ser Gobernador.

La inundación de abril

Casi como premonición de los difíciles días de que estamos pasando, el gobernador a cargo Juan Carlos Bacileff Ivanoff, firmó el Decreto 625 el pasado 30 de abril, a través del cual autorizó al Ministerio de Desarrollo Social a crear un Fondo Especial por la suma de 3 millones de pesos con el argumento de atender el “Estado de Emergencia Hídrica en los Departamentos Bermejo, 1° de Mayo y San Fernando, mientras permanezcan las condiciones hidrometeorológicas adversas y las situaciones de emergencia y anegamiento”. Lo incomprensible de tal Decreto es que hace referencia a la habilitación de dineros públicos para solvertar los gastos que demanden las acciones que se desarrollen en el marco de lo establecido por el Decreto N° 1304/13, por emergencia hídrica. Efectivamente, casi un año antes, el entonces gobernador Jorge Capitanich había firmado tal decreto con argumentos similares, habilitando -por las mismas razones- a la APA a gastar 500 mil pesos. Aún no sospechando sobre el destino y manejo de los 3 millones de pesos que habilitó el gobernador en ejercicio para compras directas al Ministerio manejado por Roberto Lugo, es posible comprender que para la emergencia de junio de 2013 la actual gestión llegó un año tarde (en abril de 2014) para atender los efectos de las inundacioes que en el Departamento San Fernando ocurriría recién en el presente mes de junio, lo que no es un dato menor.

Diez días después del Decreto 625/14, el Ministerio de Desarrollo Social compró -de modo directo, es decir sin licitación- 10 mil bolsones de mercaderías por 1.929.000 pesos, que “por la urgencia” supone contratar a un comercio del ramo que tuviera en sus depósitos las mercaderías necesarias y suficientes para rápidamente preparar los bolsones alimentarios. Sin embargo, la compra se efectuó a una empresa que gira bajo el nombre de fantasía de “Expreso Roca”, que en realidad es un polirrubro unipersonal de propiedad de Carlos Manuel Amarilla. El modesto emprendimiento comercial está ubicado en calle Arazá 542 de esta ciudad, cerca del barrio Evita, sobre calle de tierra. La realidad de este comerciante revela que como millonario proveedor debió salir a comprar las mercaderías para llenar los bolsones y entregarlos, en tiempo record, a Desarrollo Social. Los pasos formales se cumplieron, pero es posible suponer las condiciones subjetivas de simple intermediario de Amarilla, situación que permite sacar conclusiones muy concretas sobre los funcionamientos operativos de los polirrubros, que rondan en Desarrollo Social.

Por la información pública conocida se pudo saber que cada bolsón costó exactamente 192,90 pesos. La adquisición revela otras dos cuestiones. La primera, que el costo de un bolsón de mercaderías prácticamente duplica el valor de las tarjetas alimentarias que reparte el mismo Ministerio. Esto nos lleva a otro punto, para plantearnos si el negocio celebrado no ha sido uno de los motivos de la protesta de las comunidades originarias que fueron reprimidas por el gobierno en febrero de este año, en cercanías de Pampa del Indio. Allí podría inscribirse la estrategia de cambiar bolsones por tarjetas alimentarias, violando el derecho de consulta y la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La segunda cuestión, que sobresale nitidamente, consiste en que el ministro Roberto Lugo contradijo la decisión política del actual gobernador en ejercicio de reemplazar bolsones por tarjetas alimentarias, lo que no se comprende muy bien salvo quizás por la lógica de los negocios y de las ganacias.

Sociedades amigas

Amarilla no es el único polirrubro que opera con el Ministerio de Desarrollo Social, aunque apenas en lo que va del mes de junio ya lleva facturado 365 mil pesos. Hay dos sociedades emblemáticas que trabajaron con el Ministerio durante la gestión la ministra Beatriz Bogado. Una de ellas continuó unos meses después deLugo. La que dejó de operar en diciembre de 2013, un mes después de que asumió Lugo, según los registros oficiales es Intranea S.A. La sociedad se constituyó en marzo de 2011 y comenzó a ser contribuyente de ingresos brutos en junio de ese año. En agosto, o sea cuatro meses antes de que Lugo fuera funcionario, ya estaba facturando en Desarrollo Social. A pesar del millonario movimiento comercial, tiene un solo empleado.

Intranea provee al Estado de artefactos de electricidad, insumos de computación, juegos infantiles (calesitas, toboganes, subibaja), muebles de oficina, kits de herramientas para rotiserías ladrilleras, peluquerías, gomerías, horticultura y panaderías, colchones y frazadas, botas de goma, pelapapas, tablas para picar carne, ollas y sartenes, mangueras y regaderas, cables, televisores, colchones, camas, pinturas, aguarrás, candados, equipos de aire acondicionado y su colocación, heladeras, anafes, secarropas, reparación de instalaciones eléctricas, cotillón, globos, alfajores, chupetines, turrones, caramelos, pelotas, rompecabezas, gorros y juguetes en general, cal, cemento, fideos, arroz, yerba, azúcar, harina, aceite, puré de tomates, leche, ventiladores, servicios de ceremonial, cafetería, bolsones de mercaderías, bicicletas, desodorante de ambiente, lavandina, papel higiénico, escobas. Lo que vulgarmente se dice, que tiene y vende de todo. En algún caso, la compra directa superó el millón de pesos. Todo ocurrió durante la gestión de Beatriz Bogado, aunque un poco también se concretó despues de que Lugo asumiera en el Ministerio.

Intranea alquila una pequeña oficina en Moreno 216, planta alta. No tiene teléfono de línea. Cuanta con un celular. Según fuentes de la ATP, Intranea está integrada por Lidia Clara Kyocapumisz, como presidente de la sociedad anónima, con domicilio en Posadas-Misiones y por Silvia Simcik, como directora. La Sra. Kyocapumisz, es la abuela del último hijo del Ministro. A su vez, es la madre de Monica Viviana Yaczuk, mamá del niño. Yaczuk también es integrante de una sociedad anónima, proveedora de Desarrollo Social. Se trata de Finza S.A, con domicilio en Perón 403, donde funciona la juguetería IdentiKids. Ambas sociedades comerciales comparten el número telefónico. Yaczuk es presidente de Finza S.A. y comparte con Intranea S.A. a la socia Silvia Simcik, quién –además- tiene su propia facturación en el Ministerio por honorarios profesionales. Con tiempos casi sincronizados, Finza S.A. se constituyó en abril de 2011 y se hizo contribuyente de ingresos brutos desde diciembre de 2011. Según ATP, también tiene un solo empleado. Comenzó a operar con Desarrollo Social en mayo de 2012 y hasta febrero de 2014. Como Intranea comenzó proveyendo juguetes, pero a los dos meses ya entregaba aceite, fideos, queso, lavandina, harina, arroz, transporte de pasajeros, de cargas, pinturas, artículos de librería, cochecitos para niños, alquiler de equipos y máquinas viales, remeras impresas, impresión de banners, tornillos, bicicletas, bolsones de mercaderías y servicio de ceremonial, con alguna operación directa que también superó el millón de pesos. Entonces, es posible la relación entre el Ministro y lassociedades anónimas Intranea y Finza y de ellas entre sí, aun cuando Lugo todavía no era Ministro, pero sí Subsecretario.

Nuevos y prolíficos

Lugo asumió como Ministro en noviembre de 2013. Es probable que la posible relaciónentre las dos sociedades y el Ministro haya provocado que las operaciones o pagos se interrumpieran en diciembre de 2013 para Intranea y en febrero de 2014 para Finza. Luego, surgieron Expreso Roca de Carlos Manuel Amarilla y Real Comercializadora S.R.L., que fue constituida en 2004 y tiene como socios a Hector Omar Alonso, que a su vez es el gerente, domiciliado en General San Martín y a Claudia Soledad Varela. Originalmente constituido para la venta de motocicletas y lubricantes, casi diez años después amplió su giro comercioal, operando con Desarrollo Social en plena gestión de Roberto Lugo, brindando servicios de transporte o proveyendo tanques para agua, alambre, guantes de goma, camas, colchones, cocinas, garrafas, disyuntores, cables y cinta aisladora. Sólo para tomar apuntes, una carga de garrafa de diez kilos, fue facturada a 1400 pesos, contra 16 pesos que cuesta la garráfa social que cuesta conseguir.

La breve historia de Real Comercializadora con Desarrollo Social se completa con Claudia Soledad Varela, quién es una joven de 33 años, sin empleados. que además de ser socia de tal firma comercial también es proveedora unipersonal, con el nombre de fantasía de Proveeduría Sol. Varela comenzó a operar con el Ministerio en abril de 2014, dos meses después de que su SRL también lo hiciera. Proveyó kits de herramientas para rotiserías, módulos de costura, desmalezamiento, panaderías, albañilería, harina de trigo, te, café, yerba, azúcar, galletitas, leche, edulcorantes, grupo electrógenos, colchones, zapatillas, artículos de librería y de computación, taladros, martillos, serruchos, tornillos y 600 colchones. Entre Real Comercializadora y Claudia Soledad Varela sumaron ventas a Desarrollo Social por millones de pesos.

¿Transparencia?

Esta es apenas una muestra de un grupo no muy extenso de proveedores multirrubros del Ministerio de Desarrollo Social, bajo una práctica o matríz que atravesó todas las gestiones, incluida las del radicalismo, pero que como costumbre -deformada y negativa- parece que vino para quedarse.

En la gestión Capitanich, trascendió el escandaloso caso del uso irregular de las tarjetas alimentarias, sobresaliendo el negocio de “El Cohete” y de otros comerciantes, cuando Aldo Leiva era el Ministro de Desarrollo Social. No se investiga en el marco de la causa judicial abierta sobrelas tarjetas. El expediente no avanza. Desde el año pasado está paralizado en el Juzgado Federal, por lo que probablemente se encamine a la prescripción. Esta estafa a la confianza pública y a los más pobres fue dada a conocer por Gabino Rojas, quién informó al gobernador y a las autoridades de Desarrollo Social que ilegalmente se utilizaron 1.800 tarjetas en diciembre de 2009 , 2500 en enero de 2010 y 2200 en febrero, y que luego continuaron siendo utilizadas a pesar de que no fueron recibidas por los beneficiarios pobres. En “El Cohete”, en tres días se procesaron 700 tarjetas y en algunos comercios conocidos de nuestro medio las tarjetas fueron pasadas por el posnet entre la 1 y 3 de la madrugada. El gran fraude fue fácilmente detectado por Gabino Rojas porque los estafadores dejaron sus huellas.

Luchar contra la corrupción

Vale la pena recordar que el propio gobernador en ejercicio salió a denunciar las irregularidades que se cometieron en la gestión de Beatriz Bogado, poniendo énfasis en dirigentes sociales y utilizando la denuncia como un probable mecanismo de negociación política. Calificó a algunos de los funcionarios de la anterior gestión como las “viudas de Capitanich”, mote que no alcanza para comprender a todo quienes formaron parte de la corrupción . Hizo mención a miles de bolsones de mercadería que se entregaron de más en Castelli y otras tantas miles de tarjetas alimentarias, pretendiendo hacer recaer la responsabilidad solamente en la dirigente Mecha Sánchez, cuando el problema de la corrupción es estructural y sistémica, compromete a funcionarios públicos del más alto nivel y sus socios privados porque son los que conducen y protagonizan los hechos irregulares.

La transparencia es una deuda penosa pendiente, como también la lucha contra la corrupción, sobre todo en el manejo de los fondos destinados a los más pobres, sin que parezca importar a nadie. Los datos que permitieron este material son públicos, pero parece que no hay interés ni respuesta o gestión por parte del gobierno, de la oposición y de los órganos de control. Habría que hacer todo lo necesario para comenzar a luchar contra la corrupción, hasta terminarla.Los nuevos hinchas y fanáticos del Papa Fancisco tendrían que ponerse a la cabeza de esta lucha, siguiendo su mensaje, porque es indispensable hacerlo y es posible exterminar la corrupción, aunque los corruptos y sus socios prediquen que es inevitable e invencible, mensaje que los tranquiliza y está garantizada por la propaganda y publicidad oficial, a la que se suman algunos medios complacientes. Es mucho el dinero que roban. Se acostumbraron a robar. Son adictos. Pero, se debe tener en cuenta que se defenderán con todas sus fuerzas para seguir estafando al pueblo, que por sus necesidades solamente pide empleo y seguridad.

Resistencia, 18 de junio de 2014