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Se trata de un proyecto de ley
Lunes, 11 de marzo de 2013
Buscan prohibir la portación de armas a Policías fuera de servicio
Se trata de un proyecto de ley que afectará a los efectivos de la policía del Chaco que tienen denuncias en su contra por violencia familiar. La idea es que solo puedan portar el arma reglamentaria en horario laboral.

Se trata de un proyecto de ley 330/13 firmado por la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, María Lidia Cáceres, en conjunto con su par Gustavo Carballo, por medio del cual se “prohíbe la portación, tenencia y transporte del arma de dotación, fuera del horario de servicios a los efectivos de las fuerzas de la Policía de la provincia, que hayan sido denunciados por violencia familiar, con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes”.

El proyecto indica que el personal denunciado deberá retirar el arma de dotación en el momento de ingreso, entregándola al final de la jornada de trabajo, según corresponda. En la iniciativa se determina, al jefe de Policía del Chaco el plazo de 30 días corridos para que adecuen a sus normas y procedimientos internos y establezcan las responsabilidades correspondientes en relación con la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal de la fuerza policial, según sea la índole de las funciones, la situación operacional y/o la modalidad de cumplimiento de servicios del personal denunciado.

Los legisladores fundamentan que la ley Nº 26.485 que establece el sistema de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales establece que los "tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones".

La misma ley establece que “para el cumplimiento de los fines establecidos en la misma, el Estado debe garantizar, entre otras, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia, debido a lo establecido en la legislación nacional”.

Como parte de los argumentos, los legisladores también recuerdan que la medida que proponen se encuentra efectiva mediante la Resolución 1515/2012 que fue dictada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y entró en vigencia el 15 de enero de este año. Por ello, consideran conveniente “imitar esta medida en nuestra provincia debido a la cantidad de denuncias realizadas por personas víctimas de violencia de género ejercida por sus cónyuges, parejas y/o familiares integrantes de las fuerzas policiales”.

Finalmente, consideran que “es necesario, ante los hechos de violencia que actualmente nos golpean y como medida preventiva, quitar la posibilidad de estar armados a los violentos, al menos cuando están fuera del control de la fuerza de la policía”.


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