Transporte y discapacidad: la preocupación periodística del Defensor del Pueblo - EsChaco.com - Resistencia

José R. Giuggia

Miércoles, 3 de diciembre de 2014

Transporte y discapacidad: la preocupación periodística del Defensor del Pueblo

La última nota de opinión del Defensor del Pueblo en relación con los derechos de las personas con discapacidad y el transporte de pasajeros, revela el marasmo que envuelve a ese organismo en los últimos meses, en donde -claro está- lo que sucede, ocurre por decisión de la cabeza de ese organismo constitucional que debe defender los intereses de los habitantes de la provincia.

Una de las principales diferencias que tiene el Defensor del Pueblo con el ciudadano común, son las herramientas que la Constitución le da para llevar a cabo su cometido. En ese orden es importante destacar que su columna de opinión, apenas representa un pequeño espacio de catarsis sin efectos concretos, un lastimoso papel de quien –parece- ya no tiene ideas para aportar.

Es preciso, recordar aquí que mucho material tiene el Defensor del Pueblo, si decidiera trabajar un poco y recurrir al archivo de las reuniones de la Mesa de Trabajo de Discapacidad, que se discontinuaron este año, cuando la realidad marcaba de que las palabras había que pasar a la acción.

En esa tarea estaba junto a un par de compañeros de la Defensoría, cuando el titular de organismo decidió echarme del lugar.
El Defensor le quitó un espacio de discusión a las organizaciones de defensa de las personas con discapacidad y de paso silenció a un colectivo que venía trabajando auspiciosamente bajo el paraguas de ese organismo constitucional.

La pobre conclusión a la que arriba en la nota que estoy comentando, no deja de ser verdad. Los empresarios y las autoridades, órganos de control, no cumplen con la legislación nacional en relación con la adaptación de unidades del transporte público de pasajeros.
Pero eso que lo ven todos, desde el ciudadano común –que viaja en colectivos- hasta los funcionarios más encumbrados que tienen vehículos a costa del erario público –en donde se encuentra el Defensor del Pueblo con tres unidades japonesas-.

El punto no es el diagnóstico, sino por el contrario, el tratamiento. Como dije, habíamos planteado desde el Área de Discapacidad que yo dirigía, dos acciones muy concretas en relación con el transporte público de pasajeros y los derechos de las personas con discapacidad, atendiendo dos cuestiones cruciales que se repiten constantemente.

La primera, una Acción Declarativa de Certeza, ante la Justicia que revele que la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, N° 6477 no podía contradecir la Ley Nacional, decretos reglamentarios y la interpretación que de ella hizo la Corte Suprema de la Nación en relación con el hecho de que las empresas de transporte de corta, media y larga distancia, sometidas a la Jurisdicción Provincial tenían que darle asientos al pasajero con discapacidad y su acompañante, sin ninguna clase de límites.

Esto atendiendo el reclamo de la gente fundamentalmente dirigido a la empresa La Estrella y en menor medida a La Termal, que habitualmente limitaban la entrega de pasajes a las personas con Certificado Único de Discapacidad o su acompañante a la existencia de plazas o la falta de reglamentación y normas; además de la falta de resarcimiento por parte de la autoridad de control (el IPRODICH) por los pasajes sin cargo emitidos.

Con todo, la empresa de transporte está transfiriéndole el problema a la gente –que individualmente no puede defenderse- y que por esta causa, o no viaja, o viaja parada. Personalmente encabecé operativos en la terminal de ómnibus, como encargado del Área de Discapacidad del Instituto del Defensor del Pueblo, solucionando problemas individuales. Pero justamente la acción judicial hubiera resuelto de una vez y para todos, la cuestión de fondo.

La segunda, tenía precisamente que ver con el transporte público, urbano e interurbano. Porque a la acción que ahora apunta el Defensor del Pueblo en su carta de lectores, con los titulares de los diarios en la mano, le corresponde una reacción más abarcativa –que él no debería desconocer- y que debió haberse planteado con mucha antelación.

Efectivamente, el titular del organismo decidió dejarme cesante en julio de este año, cuando ya teníamos estudiado la necesidad de un amparo para reclamar ante la Justicia el cumplimiento de la adaptabilidad de las unidades para beneficio de las “personas con discapacidad”.

Y la oportunidad de una acción de este tipo tiene que ver con lo que él señala en alguna parte de su queja. Las leyes no se cumplen. Pero no con el aumento de la tarifa como demagógicamente quiere plantear en este momento. La cuestión es aún mayor. La oportunidad era clave porque lo que se está discutiendo detrás del precio del boleto es la prórroga de las concesiones, tanto a nivel municipal, como provincial, por siete años más.
Eso es lo verdaderamente importante. No permitir que se prorrogue el servicio tal como está –violentando las leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad-. Pero lamentablemente, no hubo acompañamiento del Defensor para encarar estas dos cuestiones trascendentales. En realidad, no sólo eso, sino que terminó echándome, aunque quiera decirle a propios y extraños que yo me fui por voluntad propia.

Su preocupación –meramente- periodística y lo limitado del enfoque en relación con la problemática de la discapacidad y el transporte público de pasajeros, revela el estado actual del organismo.

Por último, quiero rescatar que en la acción de amparo que interpuse para frenar el traspaso a dedo de un grupo de personas a la planta permanente del Instituto del Defensor del Pueblo sin el debido concurso de opinión y antecedentes, el titular del organismo contestó: un ciudadano común no puede arrogarse la representación de la gente, que, en todo caso, esa era la tarea de la Defensoría.

Cabe preguntarme entonces ¿qué podemos hacer cuando el que viola las leyes es el Defensor del Pueblo o cuando el que no tiene la capacidad para encarar correctamente las cuestiones de fondo es el que debe representarnos a todos?

José R. Giuggia
Presidente de la Asociación de Padres de Discapacitados