Honduras: acusan a Policía de operar escuadrones de muerte - EsChaco.com - Resistencia

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Lunes, 18 de marzo de 2013

Honduras: acusan a Policía de operar escuadrones de muerte

Durante décadas, agentes de seguridad han sido denunciados de actuar más como asesinos que como defensores del ciudadano, pero pocos han sido juzgados

El operativo fue rápido y bajo el amparo de la noche. Hombres encapuchados y armados que llegaron en potentes camionetas abrieron las rejas que dan acceso a un barrio de viviendas humildes amontonadas a lo largo de una escalera comunal. Sin que se produjesen disparos, según el relato de un testigo, se llevaron a Kevin Said Carranza Padilla, de 28 años, conocido en el mundo de las pandillas como "Teiker", y a su novia, Cindy Yadira García, de 19.

La mañana siguiente, el 10 de enero, el periódico más importante de Honduras, El Heraldo, informó de que la policía había capturado a un líder de la pandilla Barrio 18, acusado del asesinato de un policía meses antes. Junto al texto aparecía una fotografía del joven maniatado y tirado en el suelo. Tenía la cara envuelta en cinta adhesiva, golpes en el pecho y el brazo izquierdo atado sus espaldas, aparentemente dislocado, con una contusión a la altura del codo. La madre de Carranza, Blanca Alvarado, lo reconoció por sus tatuajes.

La foto fue distribuida a los medios por un agente de policía según tres personas cuya identidad mantenemos en reserva porque temen por su seguridad. Poco después funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal reconocieron que existía una orden de detención contra Carranza y que había pasado por uno de sus calabozos.

Dos meses después, Carranza y Yadira desaparecieron. No están bajo arresto ni hay ninguna acusación judicial en contra de ellos. La policía dice que no sabe nada del caso. “A estas alturas -dice la madre de Carranza-, ya sólo se puede pensar en la muerte”.

La policía de Honduras ha sido acusada durante décadas de actuar más como asesinos que como funcionarios que defienden y aplican la ley, pero pocos casos han sido investigados. En 2011, policías asesinaron al hijo de la rectora de la Universidad Nacional y a uno de sus amigos y se les acusa de estar implicados en el asesinato de un reconocido periodista de la radio.

Antes, la universidad había hecho público un informe en el que se reconoce que la policía ha estado implicada en la muerte de 149 hondureños entre 2011 y 2012.

En los últimos tres años, el Ministerio Público ha recibido al menos 150 denuncias de casos que podrían calificarse como asesinatos perpetrados por escuadrones de la muerte en Tegucigalpa operados presuntamente por la policía y al menos 50 más en San Pedro Sula, capital económica del país.

El mismo informe de la Universidad Nacional dice que 25 miembros de Barrio 18 fueron asesinados por la policía en 23 meses.

“No tengo ninguna duda de que existe una política de limpieza social desarrollada por las autoridades”, dijo un funcionario familiarizado con las investigaciones que no puede revelar su identidad porque teme por su vida.

Pese a millones de dólares de ayuda por parte de los Estados Unidos con destino a la profesionalización de la policía del país, las acusaciones persisten. Incluso, el actual Director General de la Policía, Juan Carlos Bonilla, ha sido acusado e investigado por su participación en hechos de estas características.

En 2002, un informe del departamento de asuntos internos de la policía implicaba a quien entonces era el inspector de prisiones, Bonilla, en tres asesinatos o desapariciones forzadas ocurridas en Tegucigalpa entre 1998 y 2002. También se le vinculaba con al menos otros 11 casos en el marco de lo que en esa época se llamó una política de “limpieza social” dirigida a luchar contra la criminalidad. En aquel momento se dictó una orden de captura en contra de Bonilla y posteriormente fue juzgado y absuelto por uno de los casos. La jefa de asuntos Internos que lo denunció, María Luisa Borjas, fue destituida de su cargo y expulsada de la fuerza policial y el resto de acusaciones, como la mayoría de los crímenes en Honduras, nunca fueron investigados.

Cuando en 2002 Bonilla fue elegido para liderar la policía pese a las dudas sobre su pasado, el Departamento de Estado retuvo dinero destinado a la fuerza policial mientras investigaban lo sucedido. Roberta Jacobson, Secretaria de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental, dijo la semana pasada la entidad revisa constantemente la información relativa a las personas y las instituciones que reciben su apoyo en Honduras y que, hasta ahora, el Departamento puede y continuará financiando y formando a la policía hondureña.

Todo el dinero, excepto 11 millones de dólares, han sido desembolsado sobre la base de un acuerdo suscrito entre el Congreso y el Departamento de Estado sobre cómo se deben desarrollar las operaciones antidroga en las que participan los Estados Unidos y como se deben adelantar las investigaciones sobre las víctimas civiles que se derivan de ellas.

El senador Patrick Leahy, presidente del comité de asignaciones presupuestales para el Departamento de Estado y las Operaciones Internacionales, dijo que la ayuda de los Estados Unidos llega a unidades de policía que han sido investigadas y cuentan con una autorización y no al conjunto de la fuerza policial de Honduras.

“Se ha dejado claro al Departamento de Estado que ninguna unidad bajo control del general Bonilla debería recibir asistencia de los Estados Unidos sin información creíble que refute las acusaciones contra él”, dijo Leahy.

Aun así el caso de Carranza es problemático “independientemente de que haya fondos de los Estados Unidos dirigidos a la unidad que se supone responsable de ese hecho” porque “hay un patrón de conducta crónico en lo que se refiere a los abusos a los derechos humanos y la impunidad de sus responsables”, agregó Leahy.

Entrevistas de la AP con familiares, testigos e investigadores del poder judicial de Honduras muestran un paisaje poco prometedor: dos personas relacionadas con una pandilla fueron detenidas y trasladadas bajo custodia policial y no se ha vuelto a tener información sobre su paradero.

Después de que varios testigos le dijeron que a su hijo se lo llevó la policía, Blanca Alvarado, de 50 años, lo buscó por distintas comisarías la misma noche de su desaparición. En las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal encontró a 20 policías, algunos encapuchados, que jugaban con sus armas mientras les preguntaba por el paradero de su hijo.

"Vayan a buscar a esos perros al Tablón", recuerda que le dijeron. El Tablón es un lugar conocido porque allí habitualmente arrojan cadáveres de jóvenes ejecutados, amarrados de pies y manos, y ubicado en las afueras de la capital con la tasa más alta de homicidios del mundo.

El modus operandi de los escuadrones de la muerte no varía mucho: cuando la noche empieza, grupos de alrededor de unos diez hombres, encapuchados y vestidos con chalecos anti-bala, se desplazan en vehículos grandes, con vidrios oscurecidos y sin placas en busca de sus blancos, según un investigador del caso de Carranza cuya identidad no revelamos para no entorpecer la indagación.

Un mes después de la desaparición de Carranza, los medios hondureños publicaron un video que muestra una de esas operaciones en Tegucigalpa: cinco jóvenes caminan por la calle cuando un grupo de hombres encapuchados, armados con fusiles AK-47, se baja de dos camionetas y los rodean. Los hombres armados disparan a tres jóvenes que alcanzan a huir tras su arribo. Los dos que quedaron atrapados son obligados a tirarse al suelo boca abajo y son ejecutados a sangre fría.

Uno murió al instante. La otra persona aún se movía, como lo mostraban las cámaras, pero murió horas más tarde en un hospital.

El portavoz de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía, dice que no sabe nada del caso de Carranza y no quiso dar detalles sobre las ejecuciones mostradas en el video porque se encuentra bajo investigación. Pero dice Honduras se encuentra inmersa en una guerra contra las pandillas y que hay grupos de asesinos que responden a diversas estructuras del crimen organizado.