¿Por qué debe cerrar la empresa energética chaqueña? - EsChaco.com - Resistencia

Por Centro Mandela

Viernes, 13 de marzo de 2015

¿Por qué debe cerrar la empresa energética chaqueña?

El título parece fuerte, pero tiene explicación en las evidencias negativas acumuladas por años. Los resultados mandan y debieran ser evaluados en función de estos factores objetivos. La corrupción energética ha avanzado a tal punto que atenta contra el buen funcionamiento y la correcta prestación de un servicio sencillo, pero esencial para la vida humana, como lo es el de distribución de la electricidad. Así como funciona actualmente no puede seguir haciéndolo. Lo más conveniente sería su cierre y la fundación de una nueva, libre de los vicios e imperfecciones que hacen que preste un servicio caro, inservible e ineficiente, transformándolo en un campo propicio para que pululen y se multipliquen los actos de corrupción. La historia concluyó con funcionarios que se transformaron en nuevos ricos y millonarios, con la contrapartida de una empresa en virtual quiebra.

Secheep es una empresa del estado provincial creada por la ley 1307 y fundada el 30 de octubre de 1973 como distribuidora minorista de energía con competencia territorial en el interior de Chaco. Operó en estrecha relación con Agua y Energía Eléctrica, que seguía prestando servicios en el área metropolitana hasta el año 1982, en que la empresa nacional le transfirió a Chaco sus responsabilidades, instalaciones y bienes y esta, a su vez, lo traspasó a SECHEEP. Este fue el primer error estratégico cometido por las autoridades de turno al unificar ambas jurisdicciones en una sola organización ya que podía haberlos mantenidos separados para gozar de los beneficios de la descentralización y tener puntos de comparación dentro del territorio provincial en cuanto a eficiencia, eficacia y logros de objetivos y metas. Eran tiempo en que la Nación había comenzado a desligarse de la obligación de prestar servicios esenciales, trasladando a las jurisdicciones provinciales dichas funciones.

Autonomía y autarquía para corromper y prebendar

Es muy importante interpretar correctamente la ley de creación ya que es en la exégesis de la misma donde quizás se encuentre el origen de los graves problemas actuales que fueron llevando a que la organización energética fuera declarada en emergencia eléctrica provincial en enero del año 2010. La citada ley otorgó al Directorio autonomía y autarquía en la administración de los recursos financieros y patrimoniales, como en el manejo de los recursos humanos, para que pueda actuar en las mejores condiciones de mercado, no obstante su carácter monopólico (que le dio una gran ventaja), con el objetivo de facilitarle las tomas decisiones gerenciales y flexibilidad en su manejo. Sin embargo, las sucesivas administraciones asimilaron mal el alcance de dicha liberalidad legal e interpretaron (licenciosamente) que las ventajas no tenían límites y comenzaron a actuar irresponsablemente. En esa línea fueron acompañados por el poder ejecutivo de turno y los órganos de control como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, que en lugar de cumplir con sus funciones constitucionales y defender el patrimonio del Estado, dejaron a Secheep al servicio del prebendarismo político y permitieron que la empresa estatal se convirtiera en un bunker de impunidad de administradores que tomaron decisiones como si Secheep fuera de su propiedad y no del pueblo del Chaco. El objetivo permanente fue tener el control de una caja muy importante por fuera del control legislativo y de los órganos de contralor.

Por cierto que el otorgamiento de autonomía y autarquía no habilitó al Directorio para que tomara decisiones fuera del ámbito de la constitución ni de las leyes que rigen la vida jurídica provincial. Todos los actos de la empresa debieron ajustarse a ese marco. La contabilidad financiera debió funcionar dentro de los límites establecido para la administración central; sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo la discrecionalidad fue avanzando, lo que permitió que crecieran velozmente los actos de corrupción, al punto de poner en duda la continuidad y la existencia de la empresa como tal. Si ello no sucedió fue porque el artículo 54 de la Constitución chaqueña reformada en 1994 estableció que los servicios públicos pertenecen al Estado provincial o a las municipalidades y no podrán ser enajenados ni concedidos al sector privado para su explotación. Resumiendo, las amplias facultades ejercidas por el Directorio generaron corrupción porque sistemáticamente violó la Constitución.

Otra ley para profundizar la corrupción y las castas

Otro hito que contribuyó a que en Secheep se abriera aún más a la corrupción fue el dictado de la Ley 6272/08, que amplió el objeto social de la empresa a la exploración petrolera y ventas de combustibles, actividad netamente ajena a la empresa. Esta circunstancia favoreció su desfinanciamiento y el desvío de una masa extraordinaria de recursos económicos a otras áreas en lugar de invertir dichos fondos en la mejora tecnológica y la ampliación del parque eléctrico provincial a los efectos de lograr una prestación eficiente del servicio de distribución.
En este manejo poco claro de la organización eléctrica mucho tiene que ver la existencia de un sindicato nacional con fuerte presencia y con vocación empresarial como lo es Luz y Fuerza, que fue condicionando la vida económica y la estructura de recursos humanos, de tal modo que contribuyó al aislamiento de los trabajadores de Secheep del contexto y de la realidad económica, social y política chaqueña, transformándolos en una casta privilegiada. Con fines variados el Sindicato se fue aliando con los funcionarios de turnos, que también integraron la corporación eléctrica. Obtuvieron importantes beneficios amparados en los beneficios sociales pero que, en definitiva, desviaron recursos que se deberían haber destinado a inversiones necesarias y estratégicas para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y la prestación de un servicio eficiente. Los beneficios sociales siempre se justifican cuando no ponen en peligro la continuidad de la fuente laboral, el régimen de inversiones y la calidad del servicio público prestado. Como esto no se tuvo en cuenta, Secheep terminó siendo absolutamente deficitaria en lo económico y financiero y fracasó como empresa prestadora de un servicio esencial. Los costos directos los paga la población, que recibe un pésimo servicio y las cajas nacional y provincial, que continuamente deben proporcionar mayores recursos económicos para que Secheep no colapse aunque sea una empresa deficitaria y un pésima prestadora de servicio. Es así como de las arcas de Secheep salieron importantes sumas de dinero que pasaron a engrosar la caja del sindicato. Ni siquiera el sistema de jubilación es provincial. Todo va al nivel nacional, como si no fueran parte de este Chaco marginal. Incluso, el gremio aún siendo propietario de un predio de varias hectáreas en Barranqueras, que le fuera cedido en su momento por Agua y Energía Eléctrica de la Nación, obtuvo de Secheep cuatro hectáreas a un precio vil de un peso, dejando a la empresa sin un lugar donde almacenar los materiales y sin estacionamiento para los vehículos.
Además, el sindicato empresa no conforme con las peculiares conquistas sociales obtenidas fue instalando la creencia en los empleados de que Secheep es de ellos y, por lo tanto, tienen prioridad de ingresar a la misma los familiares de los trabajadores, discriminando –de ese modo- al resto de la comunidad chaqueña. Así se formaron castas o clanes familiares dentro de la organización y se segregó al resto del pueblo que son los verdaderos dueños de la empresa, violando el principio constitucional de igualdad ante la ley, además de facilitar los actos de corrupción. Cotichelli, hasta hace poco presidente del Directorio, resolvió el ingresó de su esposa, de sus dos hijas y de su yerno, pero quizás sea uno de los que menos familiares ingresaron a la empresa.

Llega Ángel Rozas

En la década de los noventas el sindicato y los funcionarios públicos participaron de las privatizaciones. Dejaron a miles de empleados fuera del sistema laboral. La vocación por hacerse cargo de las compañías, con ingresos asegurados como los de Secheep, continua vigente.
En el año 1995 llegó al gobierno Ángel Rozas. Nombró en el Directorio a Carlos Enrique Camargo, quien junto a Carlos Padilla y Benicio Szymula quizás vieron la veta política y prebendaría de Secheep. Amparados en las amplias y extraordinarias facultades que ejercieron comenzaron a tomar decisiones de dudosa legalidad, que afectaron patrimonial y funcionalmente a la organización, acompañadas con medidas de persecución a empleados que cuestionaban la gestión y denunciaron los actos corruptos. Así nació la “Carpa” de Secheep y la lucha tesonera e inclaudicable de Miguel Conde Olgado y de quienes lo acompañan, que lamentablemente no fueron escuchados y continuan siendo víctimas de sanciones y castigos por la sencilla razón de que fueron honestos y denunciaron a lo largo de doce años los casos más resonantes de corrupción.
Las tercerizaciones de servicios comenzaron a estar a la orden del día. Desguasaron la empresa. El alumbrado público fue un ejemplo claro de una tercerización que no fue transparente y que resultó totalmente ineficiente. Durante la gestión Camargo se perdieron cerca de 20 millones de pesos. Nunca se esclareció el hecho, que continúa impune.

Promesa de Capitanich

Los cuestionamientos públicos de la época frente a una administración claramente irregular llevó a Jorge Capitanich, en la campaña electoral del 2007, a prometer que una de sus primeras decisiones de gobierno tendría como objetivo investigar la corrupción estructural en Secheep; sin embargo, esa promesa quedó en el olvido. Nuevamente ganó la corporación eléctrica y se multiplicó el fenómeno de la corrupción. Desde diciembre de 2007 nombró en el tándem eléctrico a Omar Vicente Judis, a Ricardo Martínez Leone (luz-fuercista), a Marcos A. Verbeek y Juan Cejas García, con el asesoramiento de Carlos E. Camargo, quienes en vez de solucionar la crisis por la que atravesaba la empresa estatal potenciaron la ineficiencia y la corrupción.
Todos los números contables comenzaron a quedar en rojos. De nada servía que contaran con tantos recursos (tarifa, cargo fijo, alumbrado público, subsidios nacionales y provinciales, tasa para infraestructura eléctrica, préstamos y obras realizadas por la nación). Comenzaron endeuda a la empresa en forma ilimitada. Inclusive, algo original hasta ese momento, pasaron a ser deudores de la proveedora Camesa S.A. Tanto fue el desajuste, que la prestación del servicio comenzó a tener serios problemas. La crísis fue tan estructural que quien había prometido investigar la corrupción energética debió declarar la emergencia eléctrica provincial y, lo insólito, fue que dejó a los mismos funcionarios administrando la emergencia, lo que naturalmente se tradujo en más crísis.
La atención no se centró en solucionar los problemas de Secheep, sino en estar más atento en utilizar políticamente a la empresa. Se dejaron de planificar las inversiones para hacer frente al progresivo aumento de la demanda. En el organigrama de cargos se crearon puestos con altas escalas salariales. Judis creó para sí mismo un sector gerencial, como también a favor de quienes integraban su entorno, con los sueldos más alto de la organización. Se dejó de capacitar al personal. Se desprendieron de empleados idóneos mediante retiros inconstitucionales que anualmente significan un egreso de 240 millones pesos financiados por el erario público. Ese personal fue reemplazado por trabajadores que no fueron capacitados, que se desempeñaron sin funciones específicas. Desde el Directorio se promovieron ingresos innecesarios y ociosos en los niveles jerárquicos más altos. Se gastó en obras no relacionadas con las metas de la empresa, sin importar que ni siquiera tuviera el respaldo de las más elementales documentaciones. Se violó sistemáticamente la ley de contabilidad financiera al no llamar a licitación cuando correspondía hacerlo. Se pagaron altos alquileres sin ninguna necesidad ni justificación. Se usaron fondos de la empresa para financiar candidatos y campañas políticas. Se sobrevalua los costos para disfrazar salidas no documentadas hacía agujeros negros. Todo esto se resumió en la profunda desinversión y el vaciamiento económico de la empresa, que es una de las causas principales que provocaron la persiste crisis terminal de Secheep. Los órganos de control también colaboraron para que esto sucedieran dado que no han tomado las medidas legales y correctivas frente a los actos ilegales y contrarios a todas las normas violadas, que no solamente fueron la de contabilidad financiera y de creación de la empresa. Permitieron que se aprobara balances confeccionados a pesar de los desvíos y de la ausencia de documentación respaldatoria.

Se necesita una nueva empresa estatal energética

Así como viene funcionando Secheep no puede seguir. Debería ser cerrada. Tendría que quedar como una empresa residual, que debería ser investigada a fondo a lo largo de todo el tiempo en que ganó la corrupción, en que se desfinanció y fue vaciada mientras se organizaron castas para continuar saqueando. La corrupción es estructural y sistémica, extraordinariamente grande, de tal modo de que ni siquiera la intervención asegura su saneamiento y la determinación y esclarecimiento de culpas y responsabilidades de las conducciones anteriores, que posiblemente configuren delitos y un gigantesco daño patrimonial contra el Estado. Se ha generado una maraña de intereses y un laberinto que parece imposible de desarmar y de ser investigado.
Todo indica que en el futuro Secheep no podrá ser saneada en los términos en que funciona, lo que permite evaluar como mejor salida su desactivación como organización empresaria y la creación de una nueva unidad. Resulta obvio señalar que la planificación de la nueva empresa será un trabajo complejo que demandará la participación de un equipo multidisciplinario que cuente con integrantes que acrediten sobrada idoneidad en la materia, no habiendo perderse de vista que se necesitan planificadores decentes y normales, con participación de los usuarios y de los trabajadores sin el signo corporativo de la entidad gremial.
Cualquier planificación futura no debe reducirse a la simple designación de nuevos integrantes del Directorio y de funcionarios, que repetimos que es indispensable que sean decentes y capaces. En lo que hace a los trabajadores, habrá que encarar un fuerte proceso de capacitación y de integración a la nueva empresa, bajo un sistema de selección positiva y de adaptación a las nuevas estructuras, que deberán ser pensada y organizadas bajo nuevos paradigmas de gestión, eficiencia, transparencia y decencia, con asignación de roles, funciones y responsabilidades nuevas, conducidos bajo reglas claras y concretas, con determinación muy precisa de los derechos y de las obligaciones de cada uno.
La nueva compañía eléctrica deberá funcionar con reglas claras, detallando analíticamente cuáles serán las facultades y funciones de los administradores y funcionarios de jerarquía, diseñándose un organigrama para el cumplimiento de metas y de funcionamiento eficiente y eficaz de la organización, acompañado de un manual de funciones moderno y aceptablemente exigente, regulado por una estructura legal cuyo control de cumplimiento debe ser estricto, interna y externamente, que escape o no esté influida de las “decisiones políticas” que se toman en casa de gobierno y que auspiciaron la corrupción y la ineficiencia. El ingreso de personal debe ser abierto a todo el pueblo, y los aportes y contribuciones deben canalizarse a través de la caja provincial.
Objetivamente es apresurado formular propuestas para la planificación de la futura empresa eléctrica; sin embargo, es indispensable que su funcionamiento se organice en dos jurisdicciones (interior y Área Metropolitana). La descentralización contribuirá a un manejo más eficiente del sistema eléctrico y provincial, además de generar un marco de referencia de comparación por funcionamiento y resultados.
Se debería organizar un área de planificación de las inversiones necesarias que debe contemplar el crecimiento de la demanda del servicio por el aumento demográfico, el crecimiento económico y el avance tecnológico, como también se debería tener previsto las fuentes de financiamiento y el control del gasto, a tal punto que se debe lograr que la empresa funcione con recursos equilibrados, sin perder de vista su función social.
También se debería contar con un sistema de control en tiempo real sobre el manejo de fondos, de manera que una vez detectado un desvío o un acto de corrupción se lo pueda esclarecer rápidamente, con las correcciones pertinentes para hacer cesar los defectos de los desempeños irregulares y responsabilizar a los funcionarios que son autores de los delitos. La información contable se debe publicar regularmente, de manera que todo aquel que quiere saber o conocer el estado su empresa lo pueda lograr. De este modo se alentará el control social, que se sumará a la participación de los representantes de los usuarios y de los trabajadores, que debieran ser elegidos democráticamente, con mandatos que no contemplen reelecciones porque de lo contrario es posible que sean cooptados.

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