El Gobierno del Chaco ratifica y renueva cada día su compromiso de defensa de los derechos humanos en democracia - EsChaco.com - Resistencia

37 AÑOS DE MEMORIA

Domingo, 24 de marzo de 2013

El Gobierno del Chaco ratifica y renueva cada día su compromiso de defensa de los derechos humanos en democracia

El renovado compromiso de "nunca más" a las calamidades del golpe militar de 1976 se conjuga en el Chaco con un abanico de políticas públicas y acciones destinadas a garantizar el respeto de los derechos humanos en todos los planos de la vida en democracia. Aquí, un repaso de las decisiones que a partir del 2007, el Gobierno del Chaco instrumentó con ese fin para todos los habitantes de la Provincia.

Los derechos humanos entendidos como el conjunto de libertades, facultades e institutos que garantizan el acceso a los servicios y bienes básicos para una vida digna constituyen un eje rector en las políticas de Estado desarrolladas en la provincia del Chaco a partir de la asunción del gobernador Jorge Capitanich en 2007, año a partir del cual comienza un proceso de drástica reducción de los índices sociales negativos. El motivo: las medidas adoptadas por la administración del Frente Chaco Merece Más para lograr una abrupta disminución de las necesidades básicas insatisfechas.

Comprendidos los derechos humanos con un criterio universalista que excede el plano netamente judicial y de las investigaciones de delitos de lesa humanidad, la gestión Capitanich conjugó el entramado de contención social diseñado para las particularidades chaqueñas con la estrategia nacional de inclusión social encabezada por la revolucionaria Asignación Universal por Hijo. Ese beneficio se combinó con -por ejemplo- las más de 83.400 tarjetas alimentarias distribuidas por el Gobierno provincial para impactar directamente en los cimientos de la construcción social con una caída de la mortalidad infantil que pasó del 20,9 por mil en 2007 al 12,5 por mil en 2012.

Durante estos cinco años y fracción de gestión justicialista hay un abanico de medidas y acciones que tienen a los derechos humanos como objetivo a custodiar y garantizar en todos los planos de la vida democrática. Así lo hizo notar el primer mandatario provincial en su informe de gestión ante la Legislatura, en el que pronuncia una premisa medular: “Queremos lograr la inclusión social de muchos hermanos nuestros que hoy no tienen un plato de comida sobre la mesa de cada hogar, queremos desarrollar organizaciones sociales fuertes que sean capaces de integrar un modelo de gestión para el desarrollo de nuestras comunidades aborígenes y criollas, queremos lograr un Estado activo para la distribución del ingreso”.

Las estadísticas hablan a las claras de metas cumplidas en materia de derechos humanos con reducciones muy sensibles en desnutrición infantil, que en 2007 alcanzaba el 1,7 por ciento de la población y en 2012 bajó al 1,1 en una tendencia decreciente se proyecta a 2015 con una expectativa del 0,7 por ciento.

De la misma forma las políticas sociales y de inclusión impactaron positivamente en la alfabetización de la población chaqueña, que en 2007 registraba un 5,98 por ciento de analfabetos mientras que en 2012 limó ese índice al 3,89 por ciento con una meta ambiciosa: para 2015 sólo el 0,71 por ciento de los chaqueños afrontará problemas de alfabetización.

De la misma forma, las estrategias inclusivas del Gobierno provincial repercutió en la generación de empleo, evidenciada en una tasa de desocupación que fue en franco descenso, con un 2007 que mostraba un 6,5 por ciento de desempleados y un 2012 que exhibe un Chaco de pleno empleo, con apenas el 0,6 por ciento de la población en situación de desocupación.

Los resultados resultan adquieren ribetes aún más significativos si se comparan los hogares y las personas pobres que había hace cinco años respecto de la actualidad. En 2007 el 34,1 por ciento de las casas chaqueñas contaban con ingresos que estaban por debajo de la línea de pobreza, por lo cual el 45,6 por ciento de la población era considerada pobre. Hoy la realidad experimentó una transformación alentadora, con un 5,6 por ciento de hogares y un 7,5 por ciento de personas en situación de pobreza.

DERECHOS HUMANOS AMPLIADOS

Hasta hace unos años la aplicación del concepto derechos humanos se circunscribía a las acciones que pudieran articularse en defensa de personas víctimas de la dictadura o cuyas libertades fueron afectadas en democracia por las fuerzas de seguridad, bajo la figura del abuso de autoridad o del exceso en el ejercicio del poder de policía. Si bien la administración Capitanich mantiene una atenta custodia de esos aspectos con la activa participación como querellante en las causas que investigan delitos de lesa humanidad, amplió el concepto de derechos humanos con un sentido lato, con el objetivo de la equidad distributiva y el acceso garantizado a servicios y bienes básicos.

En ese contexto, las inversiones en ampliación de redes domiciliarias de agua potable, la construcción de nuevos acueductos con la mirada puesta en un constante aumento de la demanda de este servicio y hasta la política de viviendas ha adquirido un sesgo social indeleble. Por caso, el segundo acueducto del interior representará una mejora sustancial del servicio para 26 ciudades que hoy dependen de sistemas alternativos de provisión de agua, mientras que el Instituto de Viviendas encara un ambicioso proyecto de 17.000 soluciones habitacionales de aquí a 2015.

Todo esto sin relajar los controles que el Estado ejerce sobre flagelos como el trabajo infantil, la violencia familiar y la trata de personas.

En ese sentido, la Policía del Chaco logró la restitución de 18 víctimas de trata y participó con intervención directa del desbaratamiento de cuatro organizaciones dedicadas a la explotación sexual en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires y Córdoba.

Fue clave para ello el Servicio de Emergencias 137, que recibió un promedio de 330 llamadas válidas por mes de las cuales un 40% requirieron intervención directa para proteger a víctimas de violencia doméstica, sexual e incluso laboral.

Gracias a este dispositivo de recepción instantáneo de denuncias se neutralizaron 261 casos de violencia de género.

READAPTACION SOCIAL

Los derechos humanos también concebidos como la garantía básica de las personas privadas de la libertad fueron el motor para las inversiones en infraestructura carcelaria, con metas cumplidas como la inauguración del nuevo complejo penitenciario Nº 2 de Sáenz Peña y el inicio de las primeras etapas de reacondicionamiento de la Alcaidía Nº 1 de Resistencia.

Los procesos de readaptación social se plasmaron en un fuerte impulso de la terminalidad educativa para los reclusos, que tienen acceso a educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria, además de una constante participación en talleres para estimular el trabajo en situación de encierro.

En cuanto a la División Alcaidía de Mujeres perteneciente al Servicio Penitenciario provincial, que atiende actualmente a 245 internas, los cambios fueron de menor a mayor en los últimos cinco años, con un constante crecimiento del índice de reinserción social.

Es un dato de la realidad que se puede comprobar con un detalle estadístico sorprendente: el 100 por ciento de la población carcelaria femenina del Chaco estudia o aprende un oficio gracias a un abanico de posibilidades educativas que van desde talleres de corte y confección hasta manufactura de artesanías.

SALUD PREVENTIVA

En el apartado de las políticas sanitarias, los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social conjugan sus actividades para, por ejemplo, perfeccionar el seguimiento de embarazadas en riesgo nutricional, que durante el año pasado recibieron mensualmente 2 o 3 kilos de leche en polvo según la gravedad del cuadro.

Asimismo, se generalizó en las niñas menores de 11 años la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV), que es el causante del cáncer de cuello uterino.

En ese marco también se incorporó el Plan SUMAR mediante un convenio con la Nación que reemplaza al Plan Nacer y mejora el espectro de cobertura para las personas que no tienen acceso a la obra social, con 328.000 beneficiarios entre los que se encuentran mujeres de entre 20 y 64 años.

MEDIDAS DE IMPACTO SOCIAL DIRECTO

A la par de las inversiones en infraestructura para la generación de empleo y las estrategias de inclusión social de repercusión colectiva, el Gobierno provincial lleva adelante programas de impacto social directo para soluciones de coyuntura en el caso de personas en situación de riesgo alimentario o sanitario.

Es en ese contexto que se distribuyeron más de 83.400 tarjetas alimentarias y se tomaron otras medidas a saber:

Entrega de 165.000 módulos alimentarios durante 2012 más 2.000 módulos especiales para celíacos.

Seguimiento personalizado de niños y mujeres embarazadas en riesgo.

Entrega de 509 pensiones provinciales por un valor de 6,5 millones de pesos.

Otorgamiento de 1.236 pensiones a ex combatientes y 610 pensiones a movilizados.

Instauración de grupos terapéuticos para tratar a víctimas de la violencia de género, violencia familiar y trata de personas.

Puesta en marcha del Consejo de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil con permanentes relevamientos en todo el territorio provincial.

Entrega de aproximadamente 200 viviendas sociales en distintos puntos de la provincia para familias sin posibilidades de pagar cuotas al Ipduv.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

En lo que respecta a la decisión política de reabrir las investigaciones vinculadas a violaciones de los derechos humanos en la última dictadura militar, el Gobierno provincial mantiene una activa participación como querellante en las causas más emblemáticas de la historia chaqueña. Lo fue en el juicio que finalizó con la condena de ocho militares implicados en la Masacre de Margarita Belén y continúa con el mismo rol en la causa conocida como “residual Margarita Belén” o “Antonio Tozzo”, además de participar en idéntica condición en otras actuaciones similares como la causa Caballero.

También la administración Capitanich se presentó ante la Corte Suprema para pedir que sean considerados delitos de lesa humanidad los abusos cometidos por militares argentinos en perjuicio de su propia tropa durante la guerra de Malvinas, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos se convirtió en autoridad de aplicación para indemnizar económicamente a familiares de las víctimas de Margarita Belén.

Por otra parte, se brindó asistencia psicológica a los ex combatientes de Malvinas y a los familiares de las víctimas de la masacre de Margarita Belén, además de adoptarse medidas de fondo con resultados a mediano plazo como el relevamiento de soldados caídos en Malvinas para identificar los cuerpos NN que se encuentran sepultados en el cementerio de Darwin.

Las decisiones que adoptó y continuará tomando en ese sentido el gobernador Jorge Capitanich apuntan a cumplir con la premisa de garantizar el respeto por los derechos humanos en cada aspecto de la vida institucional de la provincia, con una constante articulación de estas políticas con los municipios y las organizaciones civiles comprometidas con tales objetivos, para renovar el compromiso de “nunca más” ante un nuevo aniversario del último golpe militar genocida que a partir del 24 de marzo de 1976 sumió al país en la oscuridad y el terror por largos años.