Se aplicarán en la primera circunscripción judicial
Lunes, 22 de abril de 2013
Entraron en vigencia las reformas al sistema procesal penal
El Superior Tribunal de Justicia hizo saber que desde este 22 de abril del corriente año comenzaron a aplicarse en la primera circunscripción judicial las reformas al sistema procesal penal sancionadas en la ley 7143.
Partiendo del reconocimiento de la necesidad de una reforma integral al sistema penal y de la preocupación de mejorar el servicio de justicia, hace casi tres años se formó un equipo de trabajo para elaborar un plan sistematizado de reforma que comenzó por un estudio de la realidad y los problemas que presentaba la persecución del delito, y luego se abocó a la búsqueda de soluciones.
Artífices
El plan de trabajo proyectado, cuya implementación implica un cambio de carácter histórico para el sistema penal provincial, fue ajustado por un comité estratégico integrado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General y Adjunta del Ministerio Público, por los ministros Rolando Toledo, Ricardo Franco, el Procurador General Jorge Canteros y el secretario Omar Amad. Los miembros del equipo técnico – Cecilia Vargas, Mirbel Valussi, Graciela Griffith, María Rosario Augé, Héctor Sandoval, Daniel Chapo y Hugo Robledo, tuvieron a su cargo la elaboración del proyecto, bajo la conducción del experto, Héctor Chayer.
Con esta misión de reforma del fuero penal, se elaboró un proyecto interno para organizar mejor el trabajo de las Fiscalías Penales, Juzgados de Garantías y Cámara de Apelaciones, preparando a los operadores para la eficaz implementación del cambio.
Con esto se logra la oralidad en todas las etapas previas del procedimiento penal, teniendo para ello en miras la experiencia de largas décadas de juicios orales y públicos en la provincia del Chaco, lo que permite mayor participación de las víctimas y también de los sospechados de delito, conociendo en cada caso el motivo de la decisión de los jueces, quienes a partir de ahora estarán presentes en todas las audiencias tomando un contacto directo con el hecho y las partes y haciendo conocer en forma inmediata su decisión.
Fue necesario para ello efectuar reformas edilicias en el edificio de la avenida 9 de Julio 240, así como la creación de un sistema informático propio que permite formar un expediente digital al que todas las partes podrán tener acceso sin las demoras actuales.
También se pondrá en funcionamiento la primera Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano (UAVC), que estará ubicada en el citado edificio y en la que las personas podrán efectuar denuncias siendo atendidas por personal abocado únicamente a esa labor y preparado para asistirla y contenerla. Esta oficina podrá también orientar al ciudadano si el caso no es penal para que sea atendido lo más pronto posible por el área que corresponda y convocar al médico si la gravedad del caso lo indica. En forma inmediata derivará la denuncia por correo electrónico a la Mesa de Intervención Temprana (MIT) que dará inicio a las actuaciones y si se trata de un delito asignará a un fiscal que comenzará inmediatamente la investigación.
El fiscal a cargo de la MIT podrá también decidir archivar la causa con comunicación a la víctima o denunciante quien podrá discutir ese archivo si lo entiende incorrecto; y también se faculta a derivar el conflicto a mediación penal a cargo de un mediador exclusivamente penal.
Es importante destacar la labor cumplida por la Legislatura provincial quien previo a sancionar la ley 7143 abrió un amplio debate sobre la misma con la participación de todos los sectores involucrados por lo que su sanción contó con generalizado consenso.
La ley permitirá también que el fiscal decida si el caso tiene posibilidad de ser llevado a juicio o puede encontrar otro medio alternativo de solución, pudiendo el propio imputado pedir la aplicación de un principio de oportunidad de los reglados en la ley.
Se dotó también al sistema de una mayor celeridad y uniformidad de criterios para que el justiciable no dependa del funcionario a quien le tocó intervenir en su denuncia. Cabe destacar que se aumentó el número de fiscales penales de los nueve anteriores a los actuales doce con lo cual la atención dedicada a la investigación de las causas sin duda mejorará.
El Centro de Estudios Judiciales participó en la redacción de los manuales de procesos y procedimientos para todos los equipos fiscales, el área de trámites comunes y la mesa única de ingreso e intervención tempranas – que fueron aprobados por el STJ-, con los que se capacitó a todo el personal y próximamente serán publicados en la página web del Poder Judicial para conocimiento de todos los profesionales del derecho.
Por su parte la víctima tendrá mayor participación a lo largo de todo el proceso y deberá ser oída antes de que se tome cada decisión importante, incluso cuando se llegue a un juicio abreviado en los que a partir de la nueva ley si la pena supera los ocho años de prisión su opinión será vinculante.
Se fortalecerán asimismo los nexos con la policía de investigación, la que de así requerirlo contará con los mismos formularios para la toma de denuncias, y además tendrá información estadística y de gestión brindada por la Oficina de Política Criminal y el fiscal coordinador.