Ganancias: Cuando el consenso se impuso al populismo
Con el objetivo claro de aliviar la carga fiscal del sector asalariado y no comprometer la situación fiscal de las provincias. El Gobierno Nacional, los Gobernadores y la CGT aportaron, en diversas dosis,sensatez, madurez y equilibrio en el tratamiento del tema, contrastando absolutamente con la conducta adoptada por el peronismo en la Cámara de Diputados de la Nación.
Finalmente, el PEN se comprometió con los Gobernadores a que las reformas acordadas no implicarán mayores recortes para ellos en los envíos de fondos federales, y se los compensaría con envíos de ATN.
Es inestimable el valor que tuvo el dialogo en la resolución de esta cuestión, sobre todo porque diputados del PJ, no pudiendo ocultar su ADN populista,habían logrado sacar media sanción a una norma impracticable, ineficiente e inequitativa que –sobre todo- desfinanciaba peligrosamente a las jurisdicciones provinciales.
La AFIP había estimado que el costo fiscal de la reforma tributaria promovida en Cámara de Diputados generaría un impacto negativo en la recaudación del Impuesto a las Ganancias para el año 2017, del orden de los $132.000 millones.
Al ser este tributo uno de los componentes principales de la Coparticipación de Impuestos a las Provincias, este menor ingreso, se traducía directamente en una reducción de las transferencias automáticas que recibirían las provincias el año que viene. Según la misma fuente, $47.000 millones seria la merma en las jurisdicciones provinciales, $26.000 millones en la ANSES y solo serian $13.000 millones lo que hubiera resignado el Tesoro Nacional. Con lo cual quedaba claro quiénes eran las grandes perdedoras en todo esto: LAS PROVINCIAS ARGENTINAS.
Las consecuencias para el Chaco eran condicionantes para la administración del Gobernador Peppo, la cual podría haber recibido casi $2.500 millones menos en el 2017; o sea, el equivalente a una coparticipación mensual.
Por otro lado, con estimaciones difíciles de corroborar, que transformaban esta medida más en una expresión de deseos que en una norma tributaria seria, nuestros diputados aspiraban a amortiguar esta impresionante merma de recursos federales, aplicando, entre otros nuevos gravámenes, un impuesto al ahorro de la gente.
Algunos economistas y tributaristas opinan que no fueron evaluadas responsablemente las consecuencias negativas de este nuevo impuesto. El mismo afectaría el sistema financiero, desincentivaría el ahorro, promovería más inflación, presionaría a la suba del dólar, y encarecería el financiamiento local, debido a menos depósitos y créditos disponibles. Otros opinan que, quizás, esa haya sido su finalidad.
El rojo fiscal que hubiera producido esta reforma no solo alcanzaba a la Provincia del Chaco, sino lógicamente también a todos los Municipios de la Provincia, los cuales verían afectada su coparticipación en el orden de los $380 millones menos.
No estaría mal recordar que entre quienes promovieron demagógicamente esta norma, generando menores recursos para Provincias y Municipios, se encontraban los Diputados Nacionales Peronistas del Chaco. Sería conveniente que ya que tuvieron esta brillante iniciativa, hubieran sugerido también que gastos se debían eliminar o reducir en estas jurisdicciones para compensar esos menores recursos: ¿los salarios de los empleados públicos, la asistencia social, la educación, la salud, la seguridad, la obra pública?
Ahora bien, más allá de que nuestra provincia aporta solo estimativamente el 1% a la recaudación nacional del Impuesto a las Ganancias de Personas Físicas y que solo el 2 % de los Chaqueños se verán afectados de una u otra manera por estas reformas, está claro que reducir la presión fiscal a las personas físicas era uno de los principales reclamos de la sociedad en los últimos años.
Esto se explicaba básicamente en la distorsión provocada por la inflación (más del 1000% en la última década) y por la falta de ajustes a las escalas de la Ley de Ganancias (que el Peronismo ni lo consideró en sus últimos 12 años de gobierno). Esta situación se acentuó aun más en los últimos 8 años. Durante el mandato de CFK, se consolidó esta mecánica de que cada vez más trabajadores estuvieran obligados a pagar el tributo. La presión tributaria del impuesto a las ganancias de las personas físicas se duplicó en ese período.
Las actuales autoridades de gobierno, en la campaña electoral del año pasado, se hicieron eco de esta demanda del sector de los asalariados. En consecuencia incluyeron en su oferta electoral, la propuesta de abordar una solución a este reclamo.
Por supuesto, nadie duda de la legitimidad del reclamo de la gente, en el sentido de que se deben aumentar los mínimos no imponibles y ajustar las escalas. Pero hubo años de bonanza en la Argentina, donde la mejor situación fiscal permitía tales cambios y así y todo no se realizaron. En la actualidad, las reformas no son imposibles, pero deben ser graduales, fundamentalmente porque dada la inflexibilidad a la baja del gasto público, cualquier menor ingreso fiscal, inevitablemente supondrá recortes en el mismo que acarrearían tensiones sociales de graves consecuencias que, se supone, ya nadie desea para nuestro país.