Dos cortes por una - EsChaco.com - Resistencia

Mariano Moro

Jueves, 11 de mayo de 2017

Dos cortes por una

En el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Luis Muiña, la mayoría constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna. Este hecho generó una reacción social por todos conocida, con manifestaciones públicas desde los distintos sectores de la sociedad, en un unánime rechazo al fallo.

Tratando de entender el fenómeno y analizar sus causas, podemos ver dos aspectos de la cuestión, uno político, y otro jurídico. Como hecho político es la clara manifestación de que a pesar de haber transcurrido más de treinta años desde la instauración de la democracia, no solo hay cuestiones no resueltas sobre qué fue lo que pasó en la Argentina durante el proceso militar, etapa por otro lado muy compleja y oscura, sino que la herida está viva a flor de piel. Es menester buscar ámbitos para que la sociedad pueda analizar estas cuestiones pendientes en el marco del respeto a la ley, donde todos los sectores puedan manifestarse.

En este sentido si nos preguntamos cual es el mensaje que está dando la sociedad es obvio que no se sostiene sobre un análisis jurídico de la cuestión y menos del fallo. El aspecto jurídico es muy complejo, y seguramente son pocos quienes alcanzan a dimensionar cuales son las cuestiones que se debaten en este sentido. El clamor social va dirigido a otro lado, va dirigido a una unánime voluntad de no volver a los caminos que se apartan del régimen democrático, a no volver a las soluciones autoritarias, a no volver a los regímenes paternalistas de gobierno, y esto es lo positivo, lo que nadie puede razonablemente negar.

Ahora cuando se usa este tema para manipular políticamente la opinión pública es cuando encontramos graves inconvenientes e inconsistencias que poco colaboran en la construcción de un país democrático. Es lógico que quienes fueron víctimas del proceso militar puedan reaccionar contra el fallo haciendo tabla rasa con los argumentos jurídicos porque los comprenden las generales de la ley, pero no es admisible que quienes no lo son, que cumplen roles dirigenciales ignoren el análisis jurídico para atacar el fallo, los jueces y al gobierno, metiendo todo en una bolsa acusando demagógicamente sin ninguna responsabilidad.

La gente que marchó contra el 2x1 marcó contra la impunidad, contra los regímenes autoritarios, a favor de la vida. No fue un análisis jurídico, pero en algún punto hay que entender que la democracia se asienta sobre un estado de derecho, no hay una sin otra, y el estado de derecho se asienta en el respeto a las leyes. Los derechos humanos que sostenemos, son aplicables gracias a leyes vigentes, teniendo su origen primero en los Acuerdos Internacionales ingresados a la Constitución Nacional.

La ley del 2x1 fue dictada por el Congreso para cumplir justamente con el Pacto de San José de Costa Rica, biblia de los Derechos Humanos, y que en su art.7 establece la obligación de los Estados de Juzgar en un plazo razonable a los procesados detenidos, o a ser puestos en libertad en caso contrario sin perjuicio de la continuación del proceso. Opinarse sobre la bondad de esta ley, pero es una ley dictada por el Congreso de la Nación en una etapa constitucional, y está inserta en un conjunto de leyes que garantizan la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso, y la única forma de que la democracia se fortalezca es respetando esta garantía.

La ley que termina de dictar el Congreso, tampoco es conocida por la gente, excepto aquellos pocos que la leyeron, o sea no se sabe bien en que consiste ni que alcances tiene, sin embargo pareciera que la opinión pública se calma con la misma. Es una nueva manipulación. El Congreso de la Nación no borra con esto su pecado original de dictar la mencionada ley del 2x1 ni su ausencia por más de dos décadas para remediarlo. Otra vez estamos ante un hecho político y otro jurídico. Esto nos hace valorar por qué es importante que el Congreso funcione sin mayorías automáticas, porque de lo contrario caemos en la noche de doce años donde el mismo fue una dependencia del ejecutivo. Tenemos que empezar a educarnos en la cultura de la mesura, del análisis, del razonamiento, del respeto a la discrepancia, para poder crecer con libertad y respeto.

El fallo impugnado, puede ser objeto de crítica en contra y a favor, pero no puede ser usado para sostener un tribual popular de condena sin siquiera entender de lo que se trata, con el único objeto de su uso político. Es imperioso sostener el estado de derecho, el que presupone la división de poderes, y el derecho de los jueces de fallar con libertad de criterio en la interpretación del derecho y los hechos expuestos a su consideración. De lo contrario, si lo que queremos son jueces que respondan a presiones de otros poderes o incluso de la opinión pública estamos poniéndonos en las antípodas de la democracia.

MARIANO SEBASTIAN MORO
PRECANDIDATO DIPUTADO PROVINCIAL
LISTA I – INTEGRACION - CAMBIEMOS