Un régimen sedicioso y represivo contra los jubilados y el interés popular - EsChaco.com - Resistencia

Comité Ejecutivo Nacional del PO

Miércoles, 27 de diciembre de 2017

Un régimen sedicioso y represivo contra los jubilados y el interés popular

1) La campaña de criminalización de los manifestantes del 14 y 18D del gobierno y del régimen político tiene una función política de ocultamiento de la confiscación jubilatoria y asistencial pero también de justificación de una política de represión creciente a las luchas obreras y populares.

Ante todo, la asimetría de heridos de los manifestantes, tres de los cuales han perdido un ojo, con los de las fuerzas policiales es total y no hubo víctimas fatales por azar, como consecuencia de manifestantes atropellados y baleados a mansalva. Nadie se hace cargo, como tampoco de la represión a siete legisladores.

Por otra parte, los antecedentes de esta conducta son alarmantes. A la agresión al pueblo mapuche le han seguido las brutales represiones en Neuquén, primero a estatales del Hospital Castro Rendón y luego a los obreros madereros de MAM. Ya después de las represiones al 14 y 18D, fue el turno de los obreros azucareros jujeños del Ingenio La Esperanza, con el saldo de heridos, detenidos y captura de los dirigentes del sindicato. En este momento se operan también despidos masivos con ocupación de fuerzas federales en las plantas de Fabricaciones Militares. En la madrugada del 19 de diciembre, los miles de caceroleros que todavía estaban en la calle mientras sesionaba el Congreso también fueron reprimidos. De manera que estamos claramente ante una política de reforzamiento del carácter represivo del Estado contra las luchas obreras y populares, no sólo para hacer pasar leyes de ajuste, sino también despidos y hasta atrasos salariales.

2) La pretensión de acusar a militantes y organizaciones populares con el cargo de sedición a las instituciones no sólo es un disparate jurídico sino otro ocultamiento, en este caso, de la propia tentativa sediciosa del gobierno, su coalición y sus socios políticos, contra el Congreso.

Fueron las autoridades de Cambiemos quienes violentaron los tiempos parlamentarios reglamentarios para precipitar la frustrada sesión del jueves 14 y adelantarse a la ola creciente de rechazo popular al robo a los jubilados y niños. También quienes intentaron funcionar sin quórum, o lo que el insospechado diario La Nación tituló “Un quórum de cinco segundos”. Más tarde, los integrantes del gabinete nacional llegaron a firmar un DNU que puso un revolver en la cabeza de la Constitución. El gobierno solo desestimó este “decretazo” cuando se aseguró el voto de los diputados oficialistas y su socios pejotistas, en número de 127, menos de la mitad del cuerpo, para la reforma antiprevisional. Mientras tanto, echaron mano de la enésima reunión con gobernadores, para refrendar un pacto infame que los propios diputados de esos gobernadores buscaban disimular, a sabiendas del repudio que recibirán en sus provincias.

La sedición contra el parlamento vino del poder, no del pueblo que resistió la represión sin avanzar nunca hacia el Congreso.

3) Claramente, el régimen político usa dos varas. Los mismos que hoy son funcionarios y parlamentarios de Cambiemos rescataron los cortes de ruta del capital agrario que llevaron el país al borde del desabastecimiento, como una genuina expresión democrática para presionar al Congreso a la caída de la circular 125, cosa que finalmente ocurrió. En cambio, para ellos la movilización obrera de la tarde y la de los sectores medios de la noche, fueron actos de sedición que merecen la sanción a militantes y organizaciones que participaron en ese inmenso acto de legítima defensa del pueblo confiscado y agredido. La democracia vale para ellos según los intereses sociales que están en juego: los de los capitalistas corresponden a esas libertades, los de los jubilados, niños pobres y trabajadores deben ser depuestos so pena de sedición. La conspiración o el golpe que denunció la Dra. Carrió, sería la del pueblo movilizado contra la única conspiración que realmente existió: la de banca acreedora y el FMI, inspiradores de la confiscación a los jubilados.

4)Los defensores de esta línea de criminalización argumentan que la reforma fue mal comunicada. Ocurrió exactamente lo contrario, a saber, que una mayoría del pueblo logró tomar conocimiento y conciencia de la barbarie social que implica. A pesar de los medios afines que dominan el escenario comunicacional, se fue filtrando la verdad de una reforma que afecta en sus cimientos todo el sistema previsional, ya vaciado por los distintos gobiernos que precedieron al macrismo. Emergió entonces la estafa de un gobierno que ganó una elección diciendo que no habría reforma previsional ni laboral y castigó de inmediato con dos brutales leyes en ese sentido, además de los tarifazos eimpuestazos, para transferir ingresos del Estado a los grupos económicos. La indignación popular expresada en la Plaza de los Dos Congresos el 14 y en la tarde del 18 de diciembre, se extendió a decenas y decenas de miles de caceroleros que con su presencia en las calles expresaban su repudio e intentaban con los legítimos recursos de la movilización popular, reclamar que las reformas no se aprobaran y por lo tanto no se consumara la estafa electoral.

5) Lo que no entró en los cálculos del poder que hoy presiona a la Justicia desde el Presidente Macri para abajo, incluso persiguiendo a la jueza que buscó limitar el uso de armas de fuego durante la represión, es la magnitud de la indignación popular. Nos encontramos aquí con el tercer ocultamiento del gobierno, a saber, presentar a la movilización popular del 18 como una maquinación de la izquierda o de algunas organizaciones sindicales, con el único objetivo de disimular la enormidad de aquella demostración popular. Primero, fueron las bases obreras que desoyeron al Triunvirato cegetista socio de Macri, que llamó a un paro desviacionista post aprobación de la ley que nadie cumplió, ello, mientras boicoteaba una movilización que fue multitudinaria. No entró en los cálculos del poder que tras la brutal represión de la Gendarmería impune de Bullrich el día 14, cuando fracasa la sesión, los trabajadores multiplicarían varias veces el número de manifestantes anterior. Tampoco que la voluntad política de esos centenares de miles sería no retirarse de la Plaza para incidir con su presencia masiva en la no aprobación de las leyes, el mismo criterio que llevaría a decenas y decenas de miles de caceroleros a permanecer hasta la madrugada en las calles un día laboral, antes de otro día laboral. Contra esta tendencia popular profunda, la represión, primero de la policía de la Ciudad y luego de las fuerzas federales, operó para despejar la Plaza, y dispersar una presencia popular que en mayo logró, en cuestión de horas, una ley para evitar el beneficio del 2 x 1 a los genocidas de la dictadura, otros de los notorios antecedentes del Estado de excepción que busca imponer el macrismo.

6) La diputada Romina Del Pla puso a votación en el comienzo de la sesión una moción para que se convoque a un referendo por la aprobación o el rechazo del paquete antiobrero. La convocatoria abriría un proceso de deliberación por dos meses y luego una votación vinculante. Los “próceres de la democracia” que piden cárcel para los manifestantes, se negaron, la moción fue rechazada por 136 a 108. Estaban, están, conscientes que la mayoría del pueblo argentino está en contra de estas reformas, como está en contra de imponerlas a sangre y fuego. El Partido Obrero reclamará por la inconstitucionalidad de estas leyes, acompañará la lucha de los trabajadores por el 82% móvil del salario testigo, mediante la restitución de los aportes patronales que rebajaron Menem y Cavallo, contra el desfinanciamiento del Ansés, contra la reforma impositiva regresiva y para que no pase la reforma laboral que ha quedado en carpeta. Junto a las organizaciones de DDHH (Memoria Verdad y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, etc.) reclamamos el fin de la represión a los trabajadoresy al movimiento popular, el levantamiento de las órdenes de detención a los manifestantes y la libertad de los obreros azucareros presos, la investigación de las responsabilidades policialespor los tres manifestantes que perdieron el ojo en la represión policial y demás abusos de los día 14 y 18 de diciembre.

PARTIDO OBRERO

Comité Ejecutivo Nacional