Aquel jueves 16 de junio de 1955 era una típica madrugada de invierno: el cielo estaba encapotado, las nubes bajas, hacía mucho frío. A las 12:40, la escuadra de treinta y cuatro aviones de la Marina de Guerra argentina que había estado sobrevolando la ciudad desde hacía bastante tiempo inició sus bombardeos y ametrallamientos al área de la Plaza de Mayo.
En este acto criminal los sublevados lanzarían entre nueve y catorce toneladas de explosivos para matar a Perón, presidente de un gobierno constitucional reelecto solo tres años antes, cuyo partido había triunfado en las elecciones legislativas y para vicepresidente realizadas 14 meses atrás, en todas ellas con un porcentaje de votos superior al 60%. Este acto criminal dejó 364 muertos y cerca de dos mil heridos, en su mayoría personas que transitaban por la Plaza de Mayo como en un día cualquiera.
Por aquellos años, a pesar de la crisis económica, los salarios de los trabajadores seguían participando en el Producto Bruto Interno en una proporción cercana al 53% (el porcentaje más alto de distribución del ingreso en toda la historia latinoamericana); se estaba cerca de una alfabetización del 100%, habían desaparecido enfermedades endémicas, no había déficit de viviendas, ni de escolarización, ni de camas de hospital, ni deuda externa. El bombardeo a Plaza de Mayo sólo se puede entender por el odio de clase que la burguesía ha sentido siempre hacia los trabajadores; las fuerzas conservadoras con las que había confrontado Evita deseaban terminar con su gobierno, extirpar a las masas de la movilización política y revertir la nueva distribución de ingresos que había perjudicado sus intereses a lo largo de diez años.
El bombardeo a Plaza de Mayo fue un acto terrorista: aquellos que deben proteger a la población civil, las Fuerzas Armadas, la atacaron. Bombardear una zona abierta concurrida por miles de civiles es un acto genocida similar al que realizó la aviación hitleriana sobre Guernica o los que realizó la aviación estadounidense en las ciudades de Irak.
Los responsables de aquella masacre fueron militares y civiles golpistas. La historia nos enseña que no son muchos, sino los mismos. Emilio Massera, Oscar Montes, Eduardo Invierno, Horacio P. Estrada, Carlos Carpintero y Carlos Corti actuaron en el bombardeo. Dos décadas después fueron comandante en jefe de la Armada, ministro de Relaciones Exteriores, jefe de inteligencia naval, director de la ESMA y, los dos últimos, responsables de propaganda durante la última dictadura. Osvaldo Cacciatore después del ‘76 fue intendente porteño. Máximo Rivero Kelly llegó a la subjefatura de Estado Mayor de la Armada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Todos ellos represores durante la dictadura cívico-militar que tomó el poder en 1976.
Los comandos civiles, hijos de familias patricias que habían abrevado en el nacionalismo, la derecha católica y el radicalismo, pero sobre todo en el odio al peronismo, eran comandados por el conservador Adolfo Vicchi (Illia lo designó Embajador en Londres); el socialista Américo Ghioldi (respaldó el fusilamiento de obreros y militares en junio de 1956 y en 1976 fue embajador de la dictadura en Portugal) y el más importante de todos, el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz (Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arturo Illia y homenajeado por la Alianza con el nombre de una plaza en la ciudad de Buenos Aires).
El nacionalismo católico se expresaba en el santo y seña “Dios es Justo” propuesto por el mayor Juan Francisco Guevara, muchos aviones llevaban inscripta la sigla "Cristo Vence". La Iglesia excomulgó a Perón, cosa que no hizo ni con Hitler ni con Mussolini. El radicalismo, olvidando que hacía 25 años atrás había sido víctima de un golpe de estado, culpó de la agresión al agredido: el Congreso realizó una sesión de repudio al ataque pero el radicalismo no participó; en un comunicado, la UCR informó que el bombardeo era el corolario de las políticas de Perón. Exaltó su culpabilidad pero excluyó la del poder naval sublevado.
Como hace 58 años, la historia parece repetirse: se acusa de dictadura a un gobierno electo democráticamente, se acusa de tiranía a quien fue apoyado por más del 50% de los votos, se cuestionan las políticas redistributivas. Para que la historia no se repita, es necesario recordar esta fecha durante tanto tiempo quitada de la historia oficial pero presente en quienes la sufrieron. Para que nunca más las armas del pueblo se vuelvan contra el pueblo es necesario seguir fortaleciendo el sistema democrático, es necesario seguir ampliando derechos, es necesario seguir construyendo poder popular para defender las conquistas.
Por la memoria de aquellos muertos inocentes, sigamos escribiendo la historia de una Patria libre, justa y soberana. Es el mejor homenaje que les podemos brindar.
Gerardo Roberto Martínez
Presidencia de la Plaza (Chaco), 16 de junio de 2013