Niz pide que cesen los negociados de las corporaciones médicas a espaldas de los afiliados
El Secretario General de UPCP, afirmó que el retraso en el tratamiento del nuevo régimen previsional y la dilación en el cumplimiento del Acta Acuerdo homologada por Resolución N° 972/2012 de la Dirección Provincial del Trabajo en la que el Ejecutivo se comprometió a la constitución del Consejo de Gestión y Auditoría previsto en la Ley 4044, perjudica los intereses de los afiliados que son excluidos de todas las negociaciones desconociendo el “status jurídico” de legítimos dueños del INSSSEP.
José Niz, dirigente de UPCP advirtió que en el día de la fecha el Directorio del INSSSEP, habría tratado el nuevo convenio con la Federación Médica del Chaco, vedando la participación de las entidades gremiales en el estudio y elaboración de las cláusulas protectorias de los derechos de los afiliados. Mientras tanto “seguimos cautivos del plus médico, con la gravedad institucional que la Ley 7058 lo prohíbe y prevé todo un régimen de sanciones para los prestadores, asignándole al Ministerio de Salud Pública la implementación de un Cuerpo de Inspectores. Estos deben fiscalizar, controlar y auditar que en los consultorios médicos no se cobre este adicional ilegal, pudiendo delegar esta facultad en el INSSSEP”.
Resulta extremadamente llamativo, que en los actos oficiales las autoridades manifiesten que se comprometen a “redoblar el esfuerzo y asumir la responsabilidad de erradicar el plus”. Pero el hecho es que el cobro indebido del plus constituye un ilícito y, por ende, debe ser investigado por los órganos de recaudación porque “estamos en presencia de una evasión fiscal”, denunció Niz; y agregó que “quienes cobran plus no respetan los convenios y los afiliados somos víctimas”.
“No bastan las declaraciones, se necesitan decisiones políticas para terminar con este flagelo que nos afecta a todos y viola el derecho al acceso igualitario a la salud”, enfatizó José Niz. En ese sentido, el sindicalista, “las autoridades remarcan que es imprescindible aplicar la ley, pero recuerdo a los responsables que la ley 7058 no está reglamentada y es competencia constitucional del Poder Ejecutivo hacerlo.” Además, existen los mecanismos para una activa participación de las asociaciones sindicales con personería gremial y tampoco cumplen la ley 4044, porque los espacios institucionales creados para que se ejecuten los procesos de fiscalización y control no se implementan.
PREOCUPACIÓN DE LOS AFILIADOS
El funcionamiento de la Obra social representa hoy uno de los temas de mayor preocupación para los afiliados, porque se relaciona estrechamente con el ejercicio del derecho a la salud de rango constitucional.
La Obra Social es sostenida con el aporte de todos los trabajadores y “no podemos permitir que para acceder a los servicios que nos presta tengamos que sufrir en nuestros bolsillos el cobro del “plus”, que se incrementa en forma evidente según la cantidad de estudios que fueren necesarios realizar”, consideró el secretario general.
Por eso, estimó que esta cuestión debe ser abordada con una visión integral, y consideró que resulta de vital importancia el tratamiento del PROYECTO DE LEY DE NUEVO REGIMEN PREVISIONAL, OBRA SOCIAL Y ALTA COMPLEJIDAD, SEGUROS, PRÉSTAMOS Y SUBSIDIOS REINTEGRABLES elaborado en su totalidad por el Plenario de la Comisión de Estudio y Análisis de la Ley 4044. El cual estuvo conformado por sindicatos, asociaciones de jubilados, pensionados y retirados y todas aquellas entidades que nuclean a afiliados al In.S.S.Se.P., conforme la convocatoria realizada por el Gobernador del Provincia de la Chaco, Jorge Capitanich, por Decreto Nro. 2953/08.
En esa línea, Niz remarcó que en este momento existen cuestiones que exigen una urgente solución y que el cobro del plus por parte de prestadores que suscribieron contratos con la obra social en los que se comprometen a no cobrar adicionales, constituye en punto fundamental del reclamo. Además de la modificación del listado de medicamentos que cubre la obra social (vademécum), actualización de las patologías incorporadas al Fondo de Alta Complejidad, pago de los seguros en tiempo y forma, mayor celeridad en el trámite de las jubilaciones y pensiones, provisión eficiente de medicamentos en la Farmacia Social sobre todo los destinados para patologías de alta complejidad, ejecución eficiente de la Ley 6477 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, entre las cuestiones de mayor sensibilidad para el trabajador afiliado.
“Nuestra realidad exige la definición de una política de seguridad social basada en la protección de los derechos de los usuarios y beneficiarios de la Obra Social. Ante la ausencia del rol que debe cumplir el Estado como custodio y garante del sistema, corresponde que todos unidos respaldemos y exijamos al Ejecutivo la reglamentación de la Ley Antiplus porque ese es el modo de enfrentar a las corporaciones y exigirles que dejen de abusarse de los afiliados. Además es urgente la constitución del Consejo de Gestión y Auditoría en el INSSSEP”, concluyó José Niz.