El gobierno y el Comité de Prevención de la Tortura evaluaron proyectos de ley - EsChaco.com - Resistencia

Función de defensores públicos

Jueves, 27 de junio de 2013

El gobierno y el Comité de Prevención de la Tortura evaluaron proyectos de ley

En la continuidad de las reuniones periódicas previstas, el gobernador Jorge Capitanich y el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco avanzaron en la elaboración de proyectos legislativos que tiendan a jerarquizar la función de los defensores oficiales de las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios de la provincia.

Los proyectos en cuestión refieren fundamentalmente a dar mayor entidad a las Defensorías Públicas, con el objetivo central de refuncionalizar su función.

“Hay que jerarquizar la función de los defensores, pero también hay que darles obligaciones, ponerles pautas, que atiendan a los presos y visiten las cárceles. Salvo muy honrosas excepciones, los defensores oficiales en el Chaco brillan por su ausencia en las cárceles”, aseguró tras el encuentro el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini. Así, destacó que “si uno recorre hoy los establecimientos carcelarios de la provincia lo primero que le dicen los presos es que no tienen una defensa legal adecuada. Hay excepciones, pero en general las personas que están privadas de su libertad en la provincia del Chaco -en muchos casos-, ni siquiera conocen a su defensor, por lo que hay que trabajar y mucho”.

De la reunión que se extendió por casi dos horas celebrada en la noche del miércoles 26 en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, también participaron el secretario de Seguridad, Javier Oteo; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Carlos Goya; Mario Bosch, Mariel Gersel, Juan Penchansky, Gustavo Gómez y Juana Ortiz de Penayo (presidente, vicepresidenta, secretario, secretario técnico e integrante del Comité, respectivamente). La provincia del Chaco es la segunda en Sudamérica y la primera del país en tener conformado el Comité de Prevención de la Tortura en Cárceles y en lugares de encierro. “Se avanzó y mucho con proyectos legislativos que otorgarán una gran preponderancia a las defensas. Hasta ahora siempre se pone énfasis en la actuación de los fiscales y los defensores no tienen la misma entidad. Desde el Ejecutivo vamos a tratar de refuncionalizar y jerarquizar la función de las defensorías”, concluyó el ministro.

“Hemos avanzado mucho”

A su turno, Mario Bosch, recordó que en la reunión anterior se había fijado una agenda temática de 14 puntos. “Hemos avanzado en muchos de ellos, que tienen que ver con reformas de infraestructura carcelaria y cuestiones vinculadas con el mejoramiento de las condiciones de detención, como comida, colchones y una serie de deficiencias que veníamos observando y habíamos planteado en nuestro informe anual”, describió.

En la oportunidad, el titular del Ejecutivo provincial entregó al Comité un informe por escrito con planes de obras y tiempos de ejecución: “Como primer aspecto nos parece sumamente positivo que a las recomendaciones se las haya tomado en cuenta y que en función de todas y cada una de ellas se haya elaborado un plan de acción para dar respuestas”, agregó el titular del Comité.

En este sentido, Bosch informó que también las partes avanzaron en la reforma a la Ley del Ministerio Público, con el propósito de generar una defensa pública independiente y efectiva. “Estamos trabajando en un proyecto de ley desde el Comité de modificación de esta ley orgánica y hay una plena coincidencia de los legisladores en esta idea de avanzar que en el Chaco haya un sistema de defensa Pública”, ponderó.

Otras cuestiones

El encuentro también sirvió para abordar otras cuestiones que tienen que ver con la situación de algunas denuncias formuladas por este Comité. Así, Bosch detalló el caso de la muerte de un interno producida el 8 de febrero pasado en Villa Ángela, por el cual se informó que existe un dictamen del órgano de control institucional donde se propicia la exoneración de los cuatro responsables. Además, la ejecución de sumarios por denuncias realizada por el Comité: “Vemos con satisfacción que en cuatro meses se haya avanzado”, concluyó.

Como aspecto crítico, subrayó que en relación a los mismos hechos “la justicia penal no ha avanzado”. “Acá hay claramente tarjeta amarilla para el rol de algunos fiscales que garantizan impunidad”, finalizó.