Un diputado opositor entregó, en el Congreso, un proyecto de ley para realizar análisis sorpresivos a parlamentarios y jueces que sirvan para desvincularlos del narcotráfico
El diputado José Cardoso informó que el Congreso de Uruguay analizará un proyecto de ley para que legisladores, funcionarios con responsabilidad política y miembros del poder judicial sean sometidos a controles antidopaje anuales y sorpresivos.
“Se pretende que los legisladores que estamos operando las leyes, las normas respecto al tema, y los jueces y fiscales que están a diario en contacto con miles de personas vinculadas a las drogas puedan demostrar que no tienen ningún vínculo con el narcotráfico, por ninguna vía, ni siquiera la compra”, comentó Cardoso, del opositor Partido Nacional, que ingresó el proyecto esta semana.
En su primer artículo, el documento señala que “será obligatorio que los miembros del Poder Legislativo con cargos de representación política, los funcionarios con cargos de responsabilidad política y de particular confianza” y “los magistrados y miembros de Fiscalía de Gobierno con competencia en materia penal y de combate al crimen organizado se sometan a un control anual y sin previo aviso”.
La finalidad del control será “detectar la eventual presencia y concentración en su organismo de sustancias cuya comercialización está prohibida por la ley”, agrega el documento. No se prevén sanciones para quienes den positivo, porque “el consumo en Uruguay no está ni prohibido, ni penalizado, lo que está prohibido es la comercialización, y el narcotráfico es la única fuente de compra que hay”.
“Quienes toman decisiones relevantes sobre drogas en el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo tienen que dar el ejemplo”, advirtió Cardoso. La ley prevé que se hagan públicos los resultados de los análisis que determinarán si el implicado consumió alguna de las sustancias cuya comercialización esté prohibida por la ley uruguaya, como la marihuana y la cocaína.
El proyecto de Cardoso aparece en momentos en que el Congreso se apresta a votar un polémico proyecto, impulsado por el mandatario José Mujica, que regulariza el mercado de marihuana.
La posible regulación del cannabis se daría a través de la comercialización de la droga en farmacias a residentes, con un límite de 40 gramos mensuales por persona, autocultivo con máximo de seis plantas y por clubes de membrecía con mínimo de 15 miembros y máximo de 45.
La izquierda gobernante, luego de una larga e intrincada discusión, parece tener los votos necesarios para aprobar este año la norma, rechazada por la oposición.