La Corte Suprema cuestionada - EsChaco.com - Resistencia

Mariano Moro

Jueves, 16 de mayo de 2019

La Corte Suprema cuestionada

En la excelente nota del 14 de mayo pasado de Roberto Gargarella publicada en La Nación “El riesgo de un pacto de impunidad” se desnuda una cruda realidad argentina, un firme entramado estructural en la matriz social, que explica de alguna manera las causas del circulo vicioso en el que discurre nuestro país yendo de crisis en crisis, produciendo fracasos y frustraciones, el atraso económico y las desigualdades sociales.

Podríamos decir que es el “orden simbólico” de La Argentina, el que fija nuestros valores y la forma en que vemos la realidad. No es que haya un “poder oculto”, un grupo de élite que maneje estos valores, sino que es el sistema que opera nuestra forma de vivir.

Y esta matriz estructural se encuentra basada en un discurso de doble cara. Por un lado se declama la necesidad de “consensos” o “pactos de gobernabilidad” para superar la crisis, fundados en el argumento de la política real o práctica; pero en realidad operan como pactos de impunidad, para beneficio de una élite que goza de privilegios asegurando la concentración de poder y enriquecimiento.

Estos “pactos” no se encuentran formalizados, pero operan continuamente en la sociedad y se manifiestan en todos los ordenes sociales, son los valores que tenemos introyectados. Dice Gargarella y lo cito por ser preclaro: “Los habituales protagonistas de estos pactos de enriquecimiento personal y ejercicio de poder concentrado se encuentran tanto entre los ocupantes circunstanciales de los tres poderes del Estado, como en los medios de comunicación afines y las agrupaciones intermedias al servicio de intereses particulares (incluyendo asociaciones civiles y los llamados think thanks que operan como apéndices de estos poderes)”.-

Esto lo tenemos que entender, la corrupción es un esquema que estructura de la sociedad, que se manifiesta en actos particulares pero éstos son el producto de esta matriz, un sistema enquistado en la sociedad argentina. No quiere decir que todos seamos corruptos, pero que nuestra sociedad en conjunto funciona sosteniendo estos valores, que operan de la forma antes referida, o sea con un doble discurso, se declama algo pero se hace lo contrario. Además el sistema coopta o sea que genera vínculos de reciprocidad que aseguran su supervivencia.

Estos acuerdos de cúpula, acuerdos de impunidad que se muestran como acuerdos de gobernabilidad, son el corazón de la corrupción y como consecuencia impiden el funcionamiento transparente del sistema democrático argentino y promueve una matriz económica cerrada al mundo, incapaz de cumplir con las reglas básicas del sistema de comercio internacional con lo cual si bien constituye un sistema ineficiente e ineficaz, asegura su permanencia. Una matriz económica rentista basada en la rapiña del erario público y la puja distributiva más que en el crecimiento económico genuino.

La reciente decisión de la Corte Suprema de “requerir la remisión” del “expediente” donde se investigan hechos de alta corrupción en el que están investigados entre otros la ex-presidenta de los argentinos, ratifica esta linea argumental, y muestra unas de las facetas más ríspidas de esta matriz de corrupción que opera en nuestra sociedad, de este pacto de impunidad, porque es justamente la materialización de la impunidad, asegura la falta de responsabilidad de los investigados.

Impunidad significa que rige la falta de consecuencias de los propios actos, que se encuentra asegurada la no punibilidad de quien realiza “actos prohibidos”, y acá volvemos al “doble discurso”, al discurso declamado que sostiene la existencia de un estado de derecho basado en la ley; y otro discurso simultáneo pero soterrado que asegura que esa ley no va a ser cumplida, lo que se dio en llamar la “anomia” argentina en aquel célebre estudio de C.S. Nino, según el cual, en la Argentina hay leyes, pero estas son son de aplicación obligatoria sino que son tomadas como un mero consejo, una intención de voluntad.

Si despojamos de todo el ropaje argumental que rodea el contexto de la decisión de la Corte vemos que es la prueba palmaria y manifiesta de la existencia de este pacto de impunidad operando ya a la luz del día y con total impunidad, porque es justamente el máximo representante de uno de los poderes del estado el que la opera con discrecionalidad, impidiendo que se lleve adelante la investigación judicial, asegurando la permanencia del acuerdo de impunidad, esto es la total falta de consecuencias de los actos de quienes ejercieron el poder durante años.
En este contexto se hace muy difícil sostener la necesidad de la existencia del poder judicial en respuesta a quienes pretenden privatizar el servicio de justicia como una novedad salvadora.

Si bien los pactos de gobernabilidad no son malos en sí, sí es malo funcionar continuamente con acuerdos circunstanciales con fundamento a necesidades prácticas. Es necesario funcionar como un estado de derecho, esto es en base reglas establecidas que deban ser cumplidas bajo pena de recibir una sanción, y el garante de que estas sanciones lleguen es el Poder Judicial, que consecuentemente debe ser el primero en cumplirlas, por cuanto de esta manera la intervención de la Corte daña no solo la investigación puntual de que se trata sino la fe del pueblo en las instituciones que lo deben proteger y no servir de herramienta para dañarlo.

MARIANO MORO
Director del Grupo Ambientalista Una Tierra.