No renunciaremos a la defensa de la cultura como derecho social
Las trabajadoras y trabajadores del Instituto de Cultura del Chaco cumplimos hoy un mes consecutivo de lucha, con el respaldo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Con el eje puesto en las condiciones dignas de trabajo, nos encontramos a la espera de una definición política que permita destrabar el conflicto iniciado el 4 de septiembre.
Nuestros reclamos llevan años sin ser atendidos. Estamos convencidos de que la falta de respuestas de los presidentes de la institución no obedecen a la pura desidia: son parte de un plan en el que los trabajadores y trabajadoras somos los primeros precarizados. Pero la afectada en segundo lugar es la población chaqueña, la cual es perjudicada por el vaciamiento de las políticas públicas culturales.
De acuerdo a lo establecido en el artículo número 20 de la Ley Provincial de Cultura, el presupuesto destinado a garantizar el acceso a la cultura de los chaqueños debe constituirse con el equivalente al 1% - como mínimo - del presupuesto general anual de la provincia. Sin embargo, en más de diez años de sancionada esta legislación, jamás se ha cumplido, y lo que es peor, el presupuesto destinado al Instituto de Cultura ha ido en marcada disminución los últimos cinco años.
En estos 30 días con medidas de fuerza, valoramos enormemente el apoyo que sentimos por parte de artistas, hacedores culturales y el público de espacios y centros culturales, quienes entienden que la dignidad de nuestro trabajo es un derecho irrenunciable. Para que el público disfrute de un recital, de una obra de teatro, se capacite en talleres, vaya a una exposición, asista a las actuaciones del Ballet Contemporáneo del Chaco, del Coro Qom Chelaalapí, presencie un concierto de la Orquesta Sinfónica provincial o de las distintas formaciones corales, para que los artistas difundan sus obras y producciones, atrás estamos quienes desde hace años venimos trabajando para el Estado chaqueño con “contratos basura”, sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin posibilidad de jubilarnos, sin cobrar por trabajar fines de semana y feriados y en horario nocturno.
El gobierno provincial hace gala de que Resistencia es la Capital Cultural. Para que los chaqueños y las chaqueñas puedan acceder a los eventos culturales hay sonidistas, iluminadores, bailarines, instrumentistas, acomodadores, por nombrar algunos, trabajando por salarios que se encuentran por debajo de la línea de indigencia, y sin estabilidad laboral desde hace quince años.
Desde que logramos organizarnos y encarar los reclamos que permitan revertir esta situación, al menos parcialmente, nos encontramos con funcionarios que cierran los canales de diálogo, incumplen sus promesas, nos persiguen y nos reprimen. En este mes de conflicto, la única acción concreta de parte del directorio del Instituto de Cultura, conformado por Marcelo Gustin como presidente y Ariel Bottini como vocal, fue denunciar a las trabajadoras y los trabajadores ante la policía.
Así como el trabajo digno es un derecho humano garantizado en la Constitución Nacional, la cultura es un derecho social inalienable. Y es el Estado el que debe constituirse como su garante indelegable.