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Miércoles, 24 de julio de 2024

El Gobierno estudia disolver cerca de 60 organismos públicos

El Presidente y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, planean con su mesa chica un recorte feroz de las áreas estatales a los fines de continuar recortando el gasto y cumplir con la meta de reducción del personal estatal. Los detalles de la medida y lo que se sabe.

Al momento del debate legislativo de la Ley Bases, hubo uno de los artículos que los negociadores puestos por Javier Milei no estaban dispuestos a dejar caer bajo ningún aspecto: el apartado que le daba facultades delegadas en asuntos administrativos al Presidente por el período de un año.

«Ahora que tenemos estas herramientas para inaugurar la segunda fase de la gestión, vamos a ir a los decretazos limpios», describió una altísima fuente en diálogo con El Cronista. Aunque todavía está en estudio cómo será implementado -si todas a la vez o si se hará de manera secuenciada-, en el Ejecutivo revelaron que hay cerca de 60 organismos que son pasibles de ser disueltos o modificados en los próximos meses.

De esta manera es que el Gobierno imagina acelerar su plan de «Reforma del Estado» (así se lo denominó al Título II de la Ley Bases) que hasta el momento había sido de menor dimensión, producto de las barreras legales que impedían al Ejecutivo disolver diferentes áreas.

Los funcionarios con los que conversó este medio no detallaron el listado completo de los organismos que pueden caer en la firma del Presidente. «Tenemos que hablar con Federico [Sturzenegger]», se escuchaba decir en Casa Rosada. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado es quien estudia desde hace meses con su equipo los diferentes recovecos a eliminar o agrupar.

El detalle de los organismos públicos

Según lo refrenda sitio web del Mapa del Estado, el Sector Público Nacional (SPN) está compuesto de 43 organismos desconcentrados y 73 organismos descentralizados.

La nueva legislación indica que el Presidente puede accionar en el marco de sus facultades delegadas para el caso de los «órganos u organismos de la administración central o descentralizada» creadas por normas con rangos de ley.

Entre esas atribuciones está la «centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

De todos los organismos, hay 32 que fueron exceptuados especialmente y que no pueden disolverse. Entre algunas de estas están el CONICET, ANLIS, ANMAT, CNEA, CONAE, INCUCAI, INTA, SENASA, entre otros. Aun así, la legislación no menciona en ningún momento que estas no puedan ser agrupadas en una entidad superior junto a otras.

Hay algunas entidades que son apuntadas de lleno por la cúpula libertaria:

la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME),
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI),
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES),
el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).

A excepción del primero, todos tienen interventores en su cargo; quienes se encargaban de cuestiones operativas a la espera de la resolución de parte del Poder Ejecutivo Nacional sobre el estatus de esas áreas.

Desde la Presidencia informan que con los movimientos que prevén hacer en varios de los organismos habrá miles de trabajadores que pasarán a disponibilidad. «Desde el momento que pase vamos a tener un año para ver dónde los podemos reubicar. Si no se irán de la manera correspondiente. Queremos llegar al objetivo que nos pidió el Presidente», avisan.

Milei afirmó en varias exposiciones públicas que busca cesantear para el fin de año a un total de 75.000 empleados estatales. Se trata de un objetivo casi imposible, siendo que falta menos de seis meses para que finalice el año y que el recorte grueso de la dotación ya se hizo en la primera mitad con un total de 25.000 trabajadores a los que no se les renovaron el contrato, de las cuales algo menos de 3000 responden a los últimos meses.

El área encargada de establecer las políticas que recaigan sobre la dotación del personal del Estado quedó en manos del ministerio de Sturzenegger. Se trata de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, a la cual no se le conoce un responsable directo debido a que ‘El Coloso’ está terminando de gestionar las designaciones formales para su cartera.

De cualquier manera, el criterio sobre el achicamiento de la planta pública y, en particular, de las áreas del Estado quedará en manos del economista ultraliberal. Tal y como lo dice la Ley Bases en el Artículo 2 del Capítulo I de Reorganización administrativa Milei, a través de sus facultades, tiene como objetivo «reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas».

Aunque tiene sus facultades delegadas, Milei no podrá eludir el control que el Congreso de la Nación hace sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia. Esto se debe a lo que dispone el Artículo 100 inciso 12 de la Constitución Nacional y el procedimiento que está establecido en la Ley 26122.

La semana pasada se reunieron los titulares de los bloques dialoguistas en Diputados con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí, los legisladores de la oposición le avisaron al funcionario que habiéndose aprobado las dos mega-leyes que Milei había pedido para comenzar a gestionar, la revisión legislativa de los bloques a posteriori sería más dura.

EL DECRETO 51

La lista del “decreto 51″, como lo llamaron a priori, todavía está preparándose, pero incluirá áreas que funcionan bajo la órbita de los ministerios de manera descentralizada. Los pocos ejemplos que dejaron trascender desde la Casa Rosada son el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que depende del Ministerio de Capital Humano bajo la órbita de Sandra Pettovello; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que funciona en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y donde acababan de nombrar al exfuncionario de Mauricio Macri, Claudio Avruj; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que depende de la cartera de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona. Pero serán unas 60 entidades, de mayor o menor magnitud.

Los fundamentos no se oficializaron, pero girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, o que fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos. En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas.