Análisis técnico y político del triple “rojo” de 2024
Jueves, 20 de marzo de 2025
El peor déficit de las cuentas públicas en una década: cuando los números contradicen los discursos de “gastar menos”
Por Leticia Muñoz - Alejandro Pegoraro, de la Consultora Politikon Chaco, y el diputado provincial Nicolás Slimel, dimensionan los inconvenientes que genera la situación fiscal en un contexto económico donde no existe una recuperación vigorosa y general de la actividad, lo cual seguirá restando recursos a la provincia. Un dato relevante es lo ocurrido con el Gasto en Personal que, al margen de incrementos salariales otorgados, aumentó también por la mayor cantidad de trabajadores públicos.
“Desde el primer día de gestión hemos encarado un esquema de trabajo con premisas de no gastar más de lo que ingresa. Orden y austeridad en las cuentas públicas, orden y austeridad en el manejo de los recursos y los gastos”. Con ese postulado, el gobernador Leandro Zdero abrió el lunes una conferencia destinada a anunciar una iniciativa legislativa para bajar impuestos. Atrás de esas palabras, los números de su primer año de gobierno decían algo diametralmente opuesto: el Chaco registró, en 2024, un triple déficit en sus cuentas públicas, muy por encima de los promedios de la última década. ¿Las razones? Una fuerte aceleración del gasto en el segundo semestre, que el nivel de ingresos no logró soportar.
Como publicó EsChaco este lunes, en base a un informe de Desempeño Fiscal elaborado por la Consultora Politikon Chaco, la provincia registró en 2024 un triple déficit en sus cuentas públicas: Económico-Operativo por - $30.795 millones, Primario por - $144.481 millones y Financiero por - $214.822 millones. Los tres se ubicaron en niveles muy superiores al promedio de los últimos diez años. Pero, además, desde 2019 que no se producía esa triple “coincidencia” en los tres tipos de déficit.
Para Alejandro Pegoraro, director de la consultora “lo preocupante del resultado fiscal de la provincia es el Resultado Operativo”, ya que se trata del primer eslabón fundamental para el funcionamiento del Estado, y cuyo “rojo” implica que el gobierno debe buscar financiamiento para sus erogaciones más básicas como el pago de salarios. “Es una situación de fuerte estrés de la caja provincial, a partir de haber perdido la holgura operativa que garantizaba que el Estado funcione normalmente”, agregó.
Nicolás Slimel, diputado del Bloque Justicialista e integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, consideró que los déficits Financiero, Primario y Operativo representan “el peor desempeño que tuvo la provincia en la última década, con una de las peores administraciones del país”. “Tal vez alguien pueda pensar que el gobierno apunta a ordenar las cuentas públicas, pero en realidad están trasladando la ineficiencia de su administración a la gente, con aumentos de tarifas del transporte público, de la energía y del agua”, enfatizó.
Los factores que llevaron al desequilibrio
Para Pegoraro, el rojo financiero por más de $214.000 millones (y los otros dos déficits) se explican desde dos vertientes. “Por un lado, el gasto se aceleró más fuerte que los ingresos. Si dividimos el año en semestres, en el segundo los ingresos crecieron apenas el 8% y los gastos se expandieron el 35%”, explicó como primera aproximación.
Marcó así el desequilibrio generado, a partir de esa diferencia, en las cuentas provinciales que venían de un primer semestre con superávit, el que tuvo como base “un nivel de expansión del gasto casi nulo, y de hecho con recortes”.
Como segunda cuestión que sustenta el desempeño fiscal, el consultor resaltó la existencia de “una base comparativa engañosa” al calcular y contrastar el gasto del segundo semestre (expansivo) con el del primero (contractivo); mientras que los ingresos presentaron una evolución muy negativa. “El gasto tuvo una contención muy fuerte, como una especie de prudencia fiscal respecto a la evolución de los ingresos. Pero, como los ingresos mejoraron relativamente en el segundo semestre, también se expandió muy fuerte el gasto en ambos niveles, tanto el Gasto Corriente (+33%) como el de Capital (+59% aunque en volúmenes menores)”, expuso Pegoraro.
Creció la masa de trabajadores públicos
En esa línea, ofreció un ejemplo concreto: dentro de los Gastos Corrientes, se incrementó 27% el Gasto en Personal en el segundo semestre, explicado en una pequeña porción por los incrementos salariales a empleados de la administración pública otorgados durante el primer tramo del período, pero sobre todo por un aumento del 3% la masa de personal.
En paralelo, reveló que se incrementaron un 75% los Servicios (ítem que forma parte de los Gastos de Consumo dentro de Gastos Corrientes), dada la expansión de contratos de servicio y contratos de obra, la mayoría de ellos concentrados en la red de Salud Pública, lo que hizo crecer las erogaciones salariales, y también las Prestaciones de la Seguridad Social, que se expandieron el 30% impulsadas por el aumento de casi el 5% en la cantidad de beneficiarios del Insssep.
Otros ítems que recalentaron el Gasto
Por otra parte, Pegoraro marcó el crecimiento de la deuda pública, aunque señaló que se trata de “volúmenes relativamente pequeños comparado con otros conceptos” que forman parte del Gasto Público.
Otro ítem que impulsó el crecimiento del Gasto en el segundo semestre fue el de Transferencias Corrientes a municipios, “porque hubo muchos aportes financieros no reintegrables” girados por el gobierno provincial, especialmente a intendentes afines.
“Siempre hablando en relación con el primer semestre, también se incrementó fuerte la asistencia al sector privado, que había sido casi cero en los primeros seis meses del año. Porcentualmente, esto tiene un impacto estadístico fuerte, aunque en volumen sigue siendo poco. Todo esto termina explicando el desequilibrio de la cuenta final”, acotó el especialista.
En sintonía con lo ocurrido con los Gastos Corrientes, el otro gran rubro representado por el Gasto de Capital registró también una fuerte expansión, aunque con un volumen que sigue siendo bajo dado el ajuste general en materia de obra pública que se financia con estos recursos. El crecimiento, según explicó Pegoraro, está vinculado a que durante el primer semestre este tipo de gastos había estado “completamente pisado”. “No hay erogaciones fuertes, porque no hay programas de obras públicas importantes, pero sí pequeñas erogaciones por refacciones, ampliaciones y otros trabajos que se fueron sumando. Fue fundamentalmente por eso que creció mucho en relación con el primer semestre y así desequilibró la cuenta”, especificó.
El círculo vicioso de los déficits
Para Pegoraro, lo preocupante de la situación viene dado por “el estado de la cuenta corriente, que surge de la diferencia entre ingreso corriente y gasto corriente”. Es que, es ese déficit operativo el que “condena a la provincia a tener un déficit fiscal”, alertó, y explicó: “Básicamente porque la cuenta capital siempre es negativa y se compensa, por lo general, con el superávit que deja ese resultado operativo”.
“El déficit operativo (que en 2024 fue de - $30.795 millones en el Chaco), es un problema porque significa que la provincia debió recurrir a algún tipo de endeudamiento de corto o de largo plazo, para cubrir gastos corrientes como el pago al personal, pago de jubilaciones, roleo deuda pública o gastos en bienes de consumo”, planteó.
En cambio, con respecto al Resultado Financiero –el indicador fiscal más completo porque incluye los pagos de la deuda-, Pegoraro sostuvo que “era esperable que diera negativo, porque se arrastró un año de mucho pago de deuda, que fue parcialmente compensado con toma de nueva de deuda, sobre todo de corto plazo”.
En tanto, también calificó como “preocupante” el Resultado Primario (deficitario por $144.481 millones en 2024), aunque era en cierta forma también previsible “en un contexto donde el gobierno decidió reducir el ajuste del gasto público”. Sin embargo, dejó claro que “no es sano”, pero tampoco representa un nivel inmanejable o que no pueda revertirse.
Adelantos y asistencia nacional
Tras ese análisis, el consultor explicó que la situación fiscal de la provincia fundamenta el pedido del gobierno chaqueño de adelantos de coparticipación y de la reciente asistencia financiera de la Nación por $120.000 millones, ante todo para atender la coyuntura más inmediata que implica cumplir con gastos corrientes más elementales.
“Esa asistencia tiene que ver con dar al Chaco cierta estabilidad frente a una bola de nieve que representan los adelantos pedidos con anterioridad, y para pensar más a mediano plazo cómo ajustar los desajustes presupuestarios”, puntualizó.
En ese contexto, expresó que la iniciativa de reducir tributos provinciales “va a impactar sobre el esquema de ingresos”, aunque aclaró: “Entendemos que la mejora en la coparticipación, que se dará más por una tasa estadística que por una mejora de la actividad económica, podrá compensar lo que no se recaude por la baja tributaria”.
Por último, en una proyección hacia el segundo trimestre de 2025, Pegoraro estimó que se producirá “una expansión bastante importante del gasto, apoyada en instrumentos de endeudamiento y en una mejora en la recaudación provincial y nacional que vienen con fuertes mejoras”. Será así como el gobierno chaqueño podrá lograr un cierto alivio tras el impacto del triple déficit, al menos para los primeros seis meses del año, período en el cual se desarrollarán las elecciones legislativas provinciales.
“Desmanejos que conllevan al déficit”
En su análisis sobre el desequilibrio fiscal, el diputado Slimel ponderó que durante el último período de gobierno de Jorge Capitanich, la provincia mantuvo superávit Operativo (2020-2023), además de tres años seguidos de superávit Primario y Financiero, algo que en la historia democrática no ocurría desde la gestión de Roy Nikisch. “Pasar de eso a la inoperancia de este gobierno en la administración de los recursos del Estado es preocupante. Vemos un desmanejo de los recursos, y vemos además que no se cumple la Ley de Administración Financiera, lo que hemos denunciado ante la Justicia como oposición por irregularidades en el Ministerio de Salud Pública, en el Instituto del Deporte Chaqueño y en ECOM Chaco. Creo que todo esto también conlleva a que se genere este proceso de déficit”, aseguró.
Asimismo, el diputado alertó que la Oficina Legislativa de Ejecución Presupuestaria (OLEP) perdió funcionamiento y autonomía, y dejó de elaborar informes sobre ejecución presupuestaria, insumos indispensables para hacer un seguimiento de la asignación y utilización de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo.
Con respecto al peso del endeudamiento, Slimel sostuvo: “Es muy sencillo: en una administración, además de gastar menos de lo que ingresa, hay que identificar cuál era el stock de deuda pública y los vencimientos correspondientes para cubrir los faltantes que se generarán”. Así, recordó que la toma de deuda en dólares en 2016 –cuyos vencimientos operan desde el año pasado y son afrontados por la actual gestión- tuvo el apoyo legislativo de quienes hoy gobiernan. “Levantaron la mano todos los radicales”, mencionó.
Además, el diputado señaló que, durante el año pasado, el Chaco “perdió unos $360.000 millones en transferencias automáticas y no automáticas o discrecionales, éstas últimas cortadas por el gobierno de Javier Milei a las provincias”. “La obra pública tuvo un presupuesto que se redujo en $50.000 millones, perdimos más de 10.000 puestos de trabajo y tenemos en el Gran Resistencia el mayor índice de pobreza del país”, enumeró y agregó: “Tenemos que empezar a discutir, en la Legislatura, que a esta mala administración la pagando la gente”.
En otro punto, resaltó: “Sabemos que la situación nacional es compleja y prácticamente insostenible. Si el FMI no hace un salvataje, el país no tiene posibilidades de sostenerse en el tiempo. Ese contexto, donde no hay inversiones ni actividad económica relevante, puede afectar los recursos coparticipables a las provincias. Pese a ello, todavía en el Chaco hay una línea estable que permite al gobierno tener posibilidades de caja chica sin tanta afectación”.
Recursos extraordinarios
En otro punto, Slimel hizo foco en dos cuestiones que consideró relevantes: “La provincia ha recibido muchísimo dinero del gobierno nacional dada la restitución del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, con lo cual el Chaco tuvo ingresos cercanos a los $100.000 millones (durante 2024), y ahora recibió fondos discrecionales por $120.000 millones, casi el 80% de un mes de coparticipación. ¿Cuál es el destino de toda esa plata? Porque esto no está presupuestado y no tenía un destino específico”, afirmó. “Esto demuestra que el gobierno ha tenido recursos extraordinarios y que hoy no tienen cómo demostrar en qué se gastan”, acotó.
En cuanto a los recursos con acceso inmediato que dispone el Chaco, recordó también las Letras de Tesorería, que se licitan cada mes y que tienen un monto máximo anual autorizado por la Legislatura. “Son recursos para cubrir faltantes ocasionales de caja. Es una herramienta financiera a disposición del gobierno, que se amplió en monto para 2025 y que debe cerrarse en el año calendario para que no signifique endeudamiento, algo que nosotros advertimos no se cumplía porque si supera el corto plazo termina perjudicando financieramente a la provincia”, reveló.
Recordó por otra parte que el Chaco dispone, con autorización legislatura desde diciembre de 2024, la opción de endeudamiento por USD 145 millones para la ejecución de obras públicas. “Obtener financiamiento internacional implica un proceso de seis meses, lo que quedó evidenciado en estos meses en que no pudieron avanzar todavía en la toma de un crédito”, planteó.
Por último, alertó que la baja de Ingresos Brutos anunciada el lunes –si es aprobada por Diputados, aunque hasta el martes el proyecto no había ingresado- traerá “complicaciones operativas sin generar beneficios perceptibles para los contribuyentes”. “Por ejemplo, un Monotributista categoría A o B puede llegar a tener como beneficio mensual por esa baja del 3,5 al 3,2% poder comprar un sachet de leche. Es tragicómico”, expuso. Además, advirtió que la medida perjudicará a los municipios, ya que un porcentaje de esos tributos percibidos por el Estado chaqueño va como coparticipación a las comunas; y también a los consorcios camineros que mantienen caminos rurales.