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DENUNCIARON A TRAVÉS DE UNA CARTA
Viernes, 23 de agosto de 2013
Familia teme por otro desalojo promovido por pastor evangélico
Laura Toledo y Ángel Gómez son un matrimonio que junto con sus tres hijos viven una angustia constante ante el temor de que el terreno fiscal adjudicado por el IPDUV, quede en manos del pastor evangélico Juan Benedicto Segovia, que alude de forma maliciosa poseer derechos sobre el inmueble ubicado en avenida Chaco 2.122.





La relación entre la familia y el líder espiritual comienza en 2003, cuando los Toledo-Gómez se instalan en un terreno fiscal lindante al predio de la misma condición que posee Segovia, luego, el pastor se aprovecha del vínculo forjado por la fe y el respeto y solicita a la familia construir su templo en el terreno que detenta la familia. Aceptado el pedido, el pastor edifica su templo delante de la vivienda de los Toledo-Gómez y desde 2010 recurre a ardides judiciales con la intención de apropiarse de todo el terreno.



Lo cierto es que sin más pruebas que una factura de compra de materiales de un supuesto corralón ubicado en El Sauzalito (sí a más de 500 kilómetros de Resistencia), utilizado para la construcción del templo y un recibo que no tiene a nadie que haya certificado la firma y encima figura otra dirección a la del inmueble en cuestión, la Justicia decidió en primera instancia dar lugar al pedido de Segovia.



Con mucho ahínco, el apoyo de organizaciones sociales y el incesante trajinar en los juzgados para marcar la injusticia de la Justicia, la familia aun no logra recuperar definitivamente lo que le legalmente lo pertenece, estando la cuestión de fondo lejos de resolverse.



El caso es el botón de muestra de que la vara con la mide la Justicia la existencia o no de un delito no es la misma cuando de un lado están los humildes y del otro un hombre con ascendencia e integrantes de la Justicia, siempre con la “obra de Dios” por delante de todo.



En tren de tecnicismos, el artículo 181 del Código Penal versa sobre las condiciones necesarias de protección de un inmueble propio, entre las que cita la posesión o la tenencia, dos escenarios que el organismo de contralor, es este caso el IPDUV, siempre adjudicó a los Toledo-Gómez.



Actualmente, los expedientes donde se acusa a la familia de usurpación se sustancian en la fiscalía Nº 2, y Fiscalía de Investigaciones Nº 9 y todo indica que llegará a un juicio oral, sin contar que el cúmulo de errores observados a lo largo del proceso, en los que se cuentan que aquellos jueces que sobreseyeron a Gómez y Toledo son los mismos que hoy analizan dejar sin hogar a una familia vulnerable chaqueña.



“Tenemos mucho miedo de quedar en la calle, somos una familia que lo poco que consiguió lo hizo a través del esfuerzo, el trabajo y la honestidad”, sostuvo Ángel Gómez, que se gana la vida como obrero de la construcción.



Finalmente, Gómez señaló que espera que la Justicia reivindique lo actuado hasta aquí no sólo por lo que le toca vivir en particular sino para no sentar un peligroso antecedente.


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