Destacan la importancia del Estado presente en la inclusión de personas
El ministro de Salud Pública del Chaco, Antonio Morante, coincidió con el viceministro de la cartera sanitaria nacional, Gabriel Yedlin, en la importancia de profundizar la concepción de “Estado presente” en las políticas de contención social e inclusión activa de las personas con discapacidades en el país y la provincia.
Morante fue el encargado de moderar la mesa de “Política públicas y discapacidad” que se realizó en el marco del II Congreso Internacional de Discapacidad (CID), y que además de la presencia del viceministro de Salud de la Nación, contó con la participación de la directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), Mabel Remón.
“Durante mucho tiempo, los padres y las ONGs que trabajan en pos de la inclusión de las personas con discapacidad debieron remar contra la desigualdad, pero desde hace algunos años hemos logrado consolidar un Estado presente, que ha trazado acciones concretas para que los discapacitados puedan incluirse paulatinamente a esta sociedad”, dijo el ministro Morante, durante este encuentro internacional realizado en el Domo del Centenario de Resistencia.
En el Chaco, estas políticas de inclusión empezaron a diagramarse en base al Primer Censo Provincial de Personas con Discapacidad –inédito en el país- que fue impulsado por el gobernador Jorge Capitanich en 2008, mediante el cual se logró identificar a 4.888 personas que con algún tipo de discapacidad.
“También se avanzó en el otorgamiento de cerca de 24 mil certificados de discapacidad, a lo que se suman casi 70 mil tratamientos de rehabilitación anuales en la red del sistema público”, dijo Morante, para quien estos números “demuestran el compromiso del Estado provincial para con muchísimas personas que durante años estuvieron totalmente excluidas”.
Ampliar derechos
Yedlin coincidió en la importancia que implica “un Estado presente que va incluyendo más prestaciones”, e indicó que desde el Gobierno Nación se instrumentaron durante los últimos diez años políticas tendientes a “ampliar derechos, cerrar brechas y generar accesos en diversos aspectos como la salud, educación, justicia, derechos humanos y también en discapacidad”.
“Este sinfín de acciones de gobierno tienen que ver con una real intención de ampliar derechos, porque la ciudadanía no implica solamente encuadrarse en normas, sino en propiciar el acceso al cumplimiento de los derechos que esas leyes marcan”, acotó el viceministro.
El funcionario nacional explicó, asimismo, que esta política se sustenta en un sistema de financiamiento exclusivo para la atención de la discapacidad, que propicia el funcionamiento de más de 1.200 escuelas especiales en todo el país, así como de cientos de colegios integradores, servicios de transporte de pasajeros y el sistema único a través de prepagas y obras sociales, entre otros beneficios.
“También tenemos en el servicio nacional de rehabilitación y las Juntas de Discapacidad, que nos permiten seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva”, aseveró Yedlin, durante la disertación que ofreció en el auditorio del Domo del Centenario.
El eje de la prevención
Pese a aclarar que “la discapacidad no se previene”, el funcionario de la cartera sanitaria nacional explicó que existen enfermedades discapacitantes que sí son prevenibles y sobre las cuáles se está trabajando “muy fuerte” en todo el país.
“Estamos trabajando en la prevención de las enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial y la diabetes que, por ejemplo, generan ACV y amputaciones entre otras consecuencias”, puntualizó Yedlin, para quien una de las claves en este sentido pasa por la promoción de una alimentación más saludable. “Esto va a repercutir en que tengamos menos enfermos y menos discapacitados”, aseveró el viceministro de Salud.
Acceso a la justicia
Otro de los ejes que se debatió durante esta mesa de “políticas públicas”, estuvo centrado en la administración de Justicia respecto a las personas con discapacidad, que corrió por cuenta de la titular del ADAJUS, un programa que desde 2011 trabaja en este terreno y que ya recolectó valiosos reconocimientos a nivel nacional e internacional, entre ellos de las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“No se puede concebir que en el campo de la Justicia, donde se norma la moral del pueblo, no se ejerza un debido proceso en relación a las personas con discapacidad”, dijo Remón, y citó ejemplos gráficos sobre las inequidades que deben padecer personas con discapacidad a la hora de enfrentarse a los procedimientos judiciales o penales.
“En gran medida, las personas con discapacidades desconocen el terreno de los fallos y muchas veces no comprenden el significado del dolo o simplemente por qué están detenidas”, señaló la letrada, quien además remarcó la importancia de adecuar el Código Civil Argentino a la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad.
Remón indicó que en la actualidad se trabaja en la confección de un protocolo de procedimiento por cada tipo de discapacidad, que permita una articulación adecuada entre las ciencias sociales, médicas y jurídicas en el tratamiento de la administración de Justicia para las personas discapacitada. “No podemos concebir que en el campo de la Justicia, donde se norma la moral del pueblo, no se ejerza un debido proceso en relación a las personas con discapacidad”, concluyó.