Viernes, 6 de Junio de 2025
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Marchan junto a los jubilados
Miércoles, 4 de junio de 2025
Ley de Emergencia en Discapacidad: masiva movilización de familias y organizaciones al Congreso

Tras la histórica convocatoria del jueves pasado, personas con discapacidad, prestadores, cuidadoras y trabajadores del sector volvieron a congregarse para defender el derecho de una vida digna.
Familias, prestadores, personas con discapacidad y cuidadoras marcharon nuevamente al Congreso para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2027. Mientras tanto, dentro del recinto, la Cámara de Diputados se preparaba para debatir el proyecto que incluye la regularización de pagos, actualización de aranceles para prestadores, pensiones no contributivas, entre otros.

Esta nueva movilización ocurrió casi a una semana de las marchas en todo el país y paro histórico del sector. Los manifestantes se congregaron frente al Congreso y llegaron a cortar la circulación para visibilizar su reclamo. Luego buena parte de los presentes se sumaron a la marcha siguiente de jubilados y médicos del Garrahan.

El proyecto presentado por el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, busca aumentar el valor de las prestaciones de salud, educación y transporte que brindan las instituciones del sector. Dichos montos se mantienen congelados desde octubre del 2024.


En diálogo con C5N, desde el Congreso, Arroyo contó que "la situación en materia de discapacidad es catastrófica" , las personas que trabajan en talleres protegidos, cuatro horas al día, cobran 28 mil pesos por mes; en el caso de los transportistas, cobran cerca de 500 pesos el litro de nafta, mientras el litro sale 1.300 pesos, esto genera que "en vez de llevarlo los 5 días para hacer el tratamiento que corresponde lo lleva dos días".

En el programa La Mañana, por C5N, entrevistaron a Celeste Romero, licenciada en Terapia Ocupacional, quien relató que un kinesiólogo o psicólogo, cobra 12 mil pesos la consulta, monto que no sube dentro del nomenclador desde octubre del año pasado y que las obras sociales muestran un retraso de entre 3 y 6 meses.

"Si una mamá tiene que ir a trabajar, pero el transporte que tiene que pasar a buscar a su hijo para ir a la escuela o para ir alguna terapia ya no pasa porque hace cuatro meses que no le pagan, esa mamá también tiene que dejar de trabajar y la economía de esa familia impacta todo el sistema tan violento", sentenció.



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