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Lunes, 26 de agosto de 2013

Amplían medidas para restringir el uso de armas en situaciones de violencia de género

La Cámara de Diputados de Chaco sancionó esta semana una ley que prohíbe que los policías denunciados por violencia de género porten un arma cuando no están en servicio.

De esta manera, se adecúa la legislación a las normas nacionales que regulan su uso en contextos de maltrato, en un país donde en los últimos cinco años 339 mujeres murieron baleadas.

De los 1.236 femicidios registrados entre 2008 y 2012 por el observatorio Marisel Zambrano de la ONG La Casa del Encuentro, en base al relevamiento noticias de 120 medios de prensa, 339 fueron por uso de armas de fuego en contextos de violencia de género.

La presencia de un arma en un ambiente de maltrato "es letal para la mujer, además de la violencia simbólica que implica la subyugación de ella", por eso "es fundamental que el Estado impulse medidas en este sentido", dijo a Télam el abogado Darío Kosovsky cofundador de la Red Argentina para el Desarme.

La ley chaqueña se adecua a la norma de enero de este año del Ministerio de Seguridad de la Nación que restringió la portación, tenencia y transporte del arma de dotación para los efectivos de las fuerzas de seguridad con antecedentes de violencia familiar.

La norma impulsada por la ex ministra Nilda Garré abarca al personal de la Policía Federal, de Prefectura Naval, de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La decisión establece además que esta situación será notificada por las fuerzas de seguridad al Registro Nacional de Armas (Renar), para que revoque su conformidad de tenencia privada a los efectivos que tiene arma propia.

En tanto, en abril, el Ministerio también dispuso que las fuerzas de seguridad federales que tomen conocimiento de un hecho de violencia intrafamiliar deberán verificar inmediatamente si existe un arma de fuego a disposición del agresor.

Si se comprueba que el violento tiene un arma, el personal de seguridad deber solicitar "inmediatamente" una orden de allanamiento y secuestro al juez de turno, dice la norma.

Este protocolo de actuación y las otras medidas adoptadas "tienen un abordaje de género amplio. Es un gran paso desde del Estado para prevenir la violencia", aseveró Kosovsky quien también integra la coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada.

También en abril, el ministro de Justicia, Julio Alak presentó un nuevo sistema de participación ciudadana (www.renar.gov.ar/sccua) para la solicitud de tenencia y portación de armas de fuego, que permite que la ciudadanía pueda oponerse a que el Renar autorice la portación a determinada persona.

Hasta entonces, los cuatro requisitos para solicitar la autorización de posesión eran no tener antecedentes penales, tener el apto psicofísico, aptitud para el tiro y un medio de vida lícito.

Estos requisitos "pueden escapar de alguna otra situación como violencia de género", dijo durante el anuncio de la medida el secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien destacó que "un alto porcentaje de los casos de violencia de género se producen con armas de fuego, y este mecanismo ayudará a disminuir los casos".

En 2010, el Mapa de la Violencia de Género elaborado por la Asociación para Políticas Públicas (APP) aportó que 3.230 de los 5.681 homicidios de mujeres cometidos entre 1997 y 2009 se llevaron a cabo con la utilización de armas de fuego.

El mismo estudio determinó que "son hombres quienes utilizan en su gran mayoría las armas de fuego, lo cual expone a las mujeres a sufrir no sólo físicamente, sino que también se las intimida psíquicamente mediante la utilización de las armas”.

Este año, los Estados miembro de las Naciones Unidas (ONU) votaron a favor del Tratado sobre Comercio de Armas donde se reconoció, por primera vez, el vínculo existente entre el comercio internacional de armas y la violencia de género.

"Es un hecho que las armas son un instrumento de violencia contra la mujer; mujeres y niños sufren de forma directa o indirecta la violencia armada. El comercio de armas tiene especificas dimensiones de género, relacionadas con la discriminación y la violencia basada en genero", dijo a Télam Pía Devoto, directora de APP.

Sobre la decisión de la ONU, la activista sostuvo que "al igual que todas las iniciativas internacionales, debemos seguir de cerca su efectiva aplicación a nivel nacional. En Naciones Unidas se ha dado un paso importante para la paz, la seguridad y la defensa del derecho de las mujeres, pero el trabajo recién comienza".