El Gobierno continúa su lucha contra los códigos de descuento
La gestión Capitanich, sea a través de la ley 6.667 como del Decreto 1.082/12 “demostró voluntad política de defender los derechos de los trabajadores, ya que son instrumentos legales tendientes a salvaguardar el carácter alimentario de los haberes, la libertad de consumo de los agentes así como el fin social que representa el salario dentro del núcleo familiar”
Sin embargo, ambos instrumentos legales fueron frenados sistemáticamente en el Poder Judicial. Y como el mismo defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, lo menciona “estas pseudos cooperativas y mutuales cobran intereses excesivos y no aceptan el control por parte del Estado Provincial cuando se intenta limitar los intereses, dado que han realizado presentaciones en sede judicial y obtenido medidas cautelares que les permite seguir usufructuando haciendo uso y abuso de los mencionados códigos de descuentos mientras se sustancian las causas con grave deterioro para los agentes públicos”, precisó.
Para cambiar el statu quo de los intereses corporativos y dejar en claro el compromiso asumido por este Gobierno, se aprobó la ley Nº 6676 (que establece límites e informe de los costos financieros totales de la tasa de interés aplicada en las operaciones); y el Decreto Nº 1082/12 (que suspende la carga de nuevos descuentos a empleados públicos exceptuando entidades gremiales).
Queda claro que “ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Hacienda otorgaron nuevos códigos de descuentos. Estas entidades lo obtuvieron a través de amparos, es decir, en sede judicial por lo que existe la firme voluntad política y legal de control por parte del Gobierno”, dijo el subsecretario de Hacienda.
Este Gobierno “entiende, que “se encuentra con la obligación de respetar la independencia y división de poderes, por ende, acatar y cumplir, como siempre lo hizo, lo ordenado por la Justicia”, finalizó Arévalo.