Hacienda aprobó el Presupuesto 1010 millones de pesos del Poder Judicial - EsChaco.com - Resistencia

El lunes que viene con el Tribunal de Cuentas

Lunes, 4 de noviembre de 2013

Hacienda aprobó el Presupuesto 1010 millones de pesos del Poder Judicial

Presidida por la diputada Mirta Morel y con la presencia de sus pares Ricardo Sánchez, Elda Pértile, Fabricio Bolatti, Luis Verdún, Irene Dumrauf y Sergio Vallejos, se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Sala 1 de Comisiones “Alfredo Palacios”.

En esta oportunidad, los legisladores recibieron a los Ministros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Rolando Toledo y Ramón Ávalos, acompañados por la Directora General de Administración María Alejandra Reybet, con quienes abordaron el presupuesto de gastos y recursos para el año 2014 del Poder Judicial que suma 1010 millones de pesos.

Posteriormente, la Comisión recibió a los representantes del Sindicato de Empleados Judiciales, encabezado por la secretaria general Graciela Aranda y también de la Unión de Trabajadores Judiciales, con Walter Bernard, quienes hicieron sus aportes al tratamiento del presupuesto del Poder Judicial.

Continuando con la ronda de consulta que por metodología le corresponde a la Comisión de Hacienda y Presupuesto los legisladores acordaron recibir el próximo lunes a otra de las jurisdicciones importante como lo es el Tribunal de Cuentas, órgano de contralor externo también con diferencias en cuanto al presupuesto que ellos han elevado y lo que el Ejecutivo ha enviado.

Luego de brindar precisiones sobre las necesidades y prioridades formuladas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Ministro Rolando Toledo informó que “se había mandado oportunamente un proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el año 2014 que eran de 1010 millones de pesos y que el Poder Ejecutivo en sus funciones como dice la ley de manejo financiero redujo ese presupuesto en 12,7 por ciento, mas o menos 120 millones de pesos menos”. “Nuestra labor fue explicarle a los diputados que es lo que no vamos a poder hacer sin esa plata y que habían cosas muy importantes que merecían una revisión del asunto y extremar el estudio y analizarlo para ver como con algunos recursos mas poner en funcionamiento las nuevas oficinas y tribunales y tratar de ejecutar las obras edilicias que son necesarias en el interior de la provincia”.

Por ello subrayó frente a los legisladores de la Comisión que “hay dos grandes rubros donde impacta el faltante de presupuesto, uno es en personal y el otro es en construcción, en el personal en lo que respecta a la policía judicial, en los juzgados laborales de Sáenz Peña y Resistencia , en las defensorías, asesorías , juzgados de menores de familia y en lo edilicio en donde mas impacta es en los juzgados como el edificio de Villa Ángela donde teníamos una previsión de 40 millones de pesos , 20 en el 2014 y nos habían asignado la partida de 8 millones de pesos con lo cual nos esta faltando 12 millones de pesos y no vamos a poder ejecutar la obra”.

Como conclusión de la reunión añadió que “debemos ver si podemos reducir lo presupuestado tratando de ejecutar en el tiempo las partidas. Es cierto que no todo se empieza a gastar en enero sino que se empieza a veces en marzo por un lado, por otro lado en junio, entonces hacer una readecuación y eficientizar así la ejecución presupuestaria y reducir la diferencia que existe” señaló el doctor Toledo al final del encuentro con los legisladores.

Mirta Morel, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, tras la reunión con los miembros del STJ a modo de conclusión relató que el encuentro fue “interesante”, en el sentido de escuchar cuáles son las argumentaciones que sostienen en el presupuesto por ellos girados al poder Ejecutivo y que también ha ingresado en la Legislatura y que “no se compadece con el presupuesto general que por mandato constitucional le es propio al poder Ejecutivo”, razón por la cual “hemos escuchado con mucha atención las argumentaciones en término de las diferencias de los montos y donde habría que hacer alguna especie de ajuste”.

Precisó que “ellos plantean en materia de construcciones por algunos edificios nuevos para el funcionamiento de nuevos juzgados que no le dan los números. Por otro lado, la parte central que es lo que uno desprende de la lectura del presupuesto hace a la materia de personal, porque estamos hablando de casi 78 millones de pesos que tiene que ver con la creación de estos nuevos juzgados y por supuesto, la recategorización o la designación de jueces, fiscales, etc, en función de los distintos fueros y las distintas circunscripciones que fueron creados oportunamente por diferentes leyes” y en ese sentido la legisladora aclaró que “ no es que estén en funcionamiento sino que evidentemente en el plan de gobierno del poder Judicial en materia de gestión lo quiere llevar adelante en el año 2014”, en alusión a los juzgados laborales de Resistencia y Sáenz Peña que es lo que han priorizado en función del cúmulo de expedientes y la “necesidad de hacerlo en estas dos circunscripciones que son por demás importantes donde ellos apuntan en la puesta en funcionamiento de estos dos nuevos juzgados” indicó Morel.

Otra de las cuestiones sobre las que hicieron hincapié desde el STJ fue el juzgado multifuero de Misión Nueva Pompeya sobre el cual “eso está comprendido en la acordada por ellos y esto es una ley de estricto cumplimiento por una necesidad imperiosa que creo que si se lo va a considerar” evaluó Morel, no sin aclarar que “todas estas argumentaciones vertidas por el doctor Toledo y Ávalos y la directora de Administración en representación del STJ, no es que no sean sólidas sino que uno tiene que mirar que el ejecutivo en función de los recursos totales, casi ascienden a 20 mil millones de pesos, y las erogaciones de 18 mil millones de pesos, aproximadamente, tiene que hacer una distribución equitativa y justa”, en consecuencia, “nosotros le hemos pedido a quienes nos visitaron en el día de hoy que hagan un planteo respecto de las prioridades. Si bien es cierto que para la Justicia son todas prioridades, no menos cierto es que uno tiene que tratar de ir al punto de equidad con relación a las otras jurisdicciones que también tienen sus prioridades. Y lo que tenemos hay que distribuir en forma justa” apreció Morel. Y por otro lado afirmó “somos concientes que precisamente y respetuosos de la Constitución, el Presupuesto que envía el poder Ejecutivo únicamente puede ser modificado en función de alguna suerte de acuerdo que lleguemos con el área respectiva para lo cual el propio gobernador en los fundamentos que sostiene el proyecto de presupuesto girado a la Legislatura dice que todo este tipo de discusión, tenemos que llevarla adelante con el ministro de Hacienda que es lo propio”.

Finalmente Morel adelantó que “hemos tomado debida nota de cada una de las exposiciones que han ofrecido los miembros del STJ en representación del poder Judicial y lo vamos a trasladar al ministro de Hacienda”, no sin advertir que “naturalmente también nosotros como integrantes de la comisión de Hacienda vamos a tratar de unificar nuestro criterio respecto de algunos puntos para acompañar en algunos aspectos, algunos reclamos”.

En consecuencia, indicó que “la directora de Administración del poder Judicial ha asumido el compromiso de enviar una planilla fundamentalmente con el impacto presupuestario, porque nosotros tenemos los montos globales y la forma discriminada es la que nos hace falta para darle una correcta interpretación a esos reclamos”, insistiendo en las prioridades porque “es muy interesante es conocerlas en función de los reclamos que a posteriori hemos tenido con el sector que representa a los trabajadores de los distintos gremios del poder Judicial donde ellos hablan de condiciones de trabajo y que creo que es atendible y justo y el reconocimiento de algunas recategorizaciones” además reclaman en una “nueva ley que regule su reglamento interno para ser más justo en el tema de la distribución de los cargos” relató Morel.

Otro de los puntos que precisaron los miembros del STJ es la puesta en funcionamiento del nuevo procedimiento penal, e incluso la puesta en marcha de la policía judicial. Al respecto Morel indicó que “bien lo explicitaba el propio Toledo que en el propio seno de la justicia tienen distintos criterios o miradas en el funcionamiento de la policía judicial, ya que lo haga la misma policía que depende del Ejecutivo, o que dependa exclusivamente del poder Judicial. Seguramente ese es un tema que la comisión competente lo va a tener en consideración próximamente” marcó la presidenta de la comisión de Hacienda.

Con gremios judiciales

Graciela Aranda, desde el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCH), detalló las prioridades planteadas ante los miembros de la comisión en el marco del tratamiento del presupuesto del poder Judicial y lo primero que desde el sindicato se planteó es “la participación dentro del poder Judicial cuando se analiza o elabora el presupuesto” dijo Aranda. “Hoy ya estamos hablando sobre un presupuesto confeccionado por el poder Judicial donde ya no hay mucho para agregar. Lo que sí hemos resaltado es la necesidad de mayor personal en cuanto a los ascensos, promociones, apuntamos a una ley que sea más equitativa, a recategorizaciones de ciertos sectores que vienen siendo postergados pero que tampoco se confundan con las recategorizaciones que están en los juzgados de Paz donde por ejemplo - no todas - donde se recategoriza al juzgado pero no al personal, entonces, tenemos jueces que ganan como jueces de primera instancia pero resulta que el personal siguen siendo ordenanzas, mantenimiento, o no hay jefe de despacho, jefe de división, entonces, esa faltante dentro de la estructura del personal es lo que va empeorando cada vez más la situación” reclamó la secretaria general del SEJCH y similar reproche manifestó con la no participación de los trabajadores en el edificio de las Fiscalías por ejemplo “donde no vimos donde están contempladas realmente la estructura de cargo de acuerdo con las necesidades y función del servicio, que tienen que ir de la mano”.

Aranda afirmó que “ha quedado bien en claro y reflejado de que lo que nos está faltando es una ley donde establezca un estatuto escalafón, las promociones, los ingresos de todo el personal judicial y no pase como está pasando con esto que hoy se está reduciendo un monto pero que algunas cosas sirven o tienen prioridades y otras no” y en ese sentido consideró que “estamos trabajando sobre parches” y “creo que hoy tenemos que trabajar sobre una ley definitiva, porque el parche nos puede servir para un tiempo y un lapso limitado y debemos tener una ley definitiva donde discutir la carrera judicial”.

La secretaria general del SEJCH también dedicó un párrafo especial para reclamar las sentencias judiciales a favor de los trabajadores judiciales al considerar que “tienen que estar prevista dentro del presupuesto”. “Hoy hay sentencias firmes por lo tanto necesitamos que esas sentencias estén contempladas en el presupuesto, analizarlas, ver cuántos son los números y qué solución le encontramos. El trabajador está dispuesto a escuchar y buscar solución pero hoy al no estar contemplado absolutamente nada dentro del presupuesto otra vez nos dejan sin nada” planteó Graciela Aranda.

Walter Bernard, desde la Unión de Trabajadores Judiciales agradeció a la presidencia de la Comisión de Hacienda, “por darnos la posibilidad de expresar la problemática de los trabajadores” indicó e informó que se requirió algunas cuestiones que son fundamentales como “juzgados laborales de Resistencia, la puesta en funcionamiento, que ya ordenan varias leyes de varios juzgados laborales; como así también planteó “requerimientos que nos viene haciendo magistrados y funcionarios de las distintas dependencias, que es personal capacitado administrativo” y en este sentido expuso el caso puntual de la Defensoría Penal de General San Martín donde nos mostraron que la defensoría no tiene baño por ejemplo, cuando estamos hablando de un presupuesto de mas de mil millones de pesos para el año 2014 que este año se ya se ejecutó en varios millones de pesos y nos encontramos con esa desagradable visión y demostración que nos hizo el defensor oficial Nº 1 el cual esta haciendo falta un baño y una cocina que son necesidades humanas de una persona” reclamó Bernard.

Además comentó que “ requerimientos para la ciudad de Sáenz Peña que también están necesitando mas juzgado laborales y mas personal y esto es lo que básicamente exigen los juzgados, las fiscalías penales, en relación con los juzgados de paz que se ha incrementado en cuanto a la cantidad de juicios pero no se ha incrementado el personal, ni los juzgados de paz, entonces lo que se solicitó es que haya una visión especifica desde la Legislatura en como se va a invertir el dinero que se esta destinando al poder Judicial”. No obstante, Bernard fue optimista asegurando que dentro de las diferencias, en definitiva, dijo “creo que también hay una visión por parte del ejecutivo hacia el judicial que en definitiva vamos a llegar a alguna resolución conveniente para toda la ciudadanía”.

Asuntos con preferencias

En otro orden de temas la comisión de Hacienda y Presupuesto también abordó los temas que tienen preferencias para la próxima sesión.

Al respecto la diputada Mirta Morel en su calidad de presidenta adelantó que desde el oficialismo acompañaron la aceptación del veto parcial del poder Ejecutivo a una norma sancionada por la legislatura que lleva el Nº 7293 y que está vinculada con la ley primigenia que es la 7220 y en ese sentido explicó que “lo que se hizo es prorrogar los vencimientos de la cuota del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente al año 2013 hasta el 31 de mayo de 2014, de conformidad con la ley 4817”.

Detalló que “lo que el Ejecutivo hace es una observación respecto del artículo 2º ya que en ese artículo nosotros incorporamos un artículo donde modificamos la bonificación que anteriormente era del 30 % la elevamos al 50%. Lo que el ejecutivo observó o vetó es esa segunda parte y coincidir, - ofrece una nueva redacción - donde a los efectos de esa bonificación especial del 30% también es necesario una readecuación respecto del plazo de vencimiento”.

“Dice a los efectos de la bonificación por pago anticipado establecida en el primer párrafo del artículo segundo de la ley 7220 para el ejercicio 2013, el vencimiento operará en la fecha que alude el artículo anterior que sería el 31 de mayo de 2014. Y esto tiene que ver con una iniciativa que en su momento fue discutida en el Recinto donde hablábamos de una suerte de bonificación para el impuesto inmobiliario rural en función de la emergencia. Como este es un tema que lo está trabajando el Ejecutivo y está en consonancia con una disposición del orden nacional, - una resolución ministerial, - y acá tienen que trabajar las comisiones zonales de emergencia y de ahí va a devenir la actitud que va a asumir el gobierno, por eso, entendió que no es consistente el hecho de elevar la bonificación cuando en realidad próximamente la Legislatura estaría abordando una iniciativa que contemple toda esta situación donde se van a considerar las zonas, las superficies de producción, etc. Por ello el motivo de la aceptación de este veto parcial de la comisión - quedando a criterio de la alianza el día miércoles su acompañamiento o no, - pero, en principio resulta necesario aceptar el veto porque sino va a caer la ley en cuanto a los plazos si no prorrogamos su vencimiento” precisó la diputada Morel.

Otro de los temas que se acompañó en la comisión es un decreto remitido por el Ejecutivo para su tratamiento legislativo. Se trata del decreto Nº 2490 por el que se fija un nuevo monto correspondiente a conceptos de “asignaciones familiares”, esto es 200 pesos por hijo a partir del 1 de septiembre de 2013. “Lo único que queda es acompañar la iniciativa sancionando una ley donde se establece un nuevo monto por ese concepto” detalló Morel.