El cierre de las sesiones ordinarias suma preocupación y serias advertencias
Derechos y garantías de los individuos, de trascendencia para la sociedad toda, serán afectados con algunos proyectos de leyes que el oficialismo aprobó en soledad sobre el cierre del período ordinario de sesiones del Congreso Nacional.
Tanto la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, como el proyecto que promueve la irresponsabilidad civil del Estado y de los funcionarios, están mereciendo duras críticas de distintas organizaciones sociales, que coinciden con expertos y entidades de profesionales del derecho.
Por una parte se rompe el principio de igualdad ante la ley, poniendo en situación de indefensión al ciudadano frente al Estado, y por la otra se introducen modificaciones que derriban garantías, cambian el concepto de persona y de familia, poniendo en juego un cuerpo de legislación de fondo, sin contar con un amplio consenso político y social.
A contramano del diálogo inaugurado ahora en el discurso oficial, se pretende - en los hechos-, refrendar las decisiones del Poder Ejecutivo en el Congreso, como en una simple escribanía. Así se quiere hacer nada menos que con el nuevo Código, que por su envergadura institucional reclama una verdadera política de Estado.
Si bien el proyecto inicial fue preparado por juristas de prestigio, sufrió luego graves amputaciones inducidas por el oficialismo, como negar el derecho al agua o dejar sin efecto práctico la fertilización humana asistida, que avanzan en abierta violación a tratados internacionales y normas constitucionales, con un sesgo contrario a los derechos ciudadanos.
Desde el radicalismo hemos demostrado voluntad de acompañar el debate, apostando al consenso, pero también hemos advertido que no seremos cómplices de ninguna garantía de impunidad para el futuro.
Nuestros bloques parlamentarios rechazan los cambios en el Código Civil, porque queremos para el país un cuerpo normativo que valore su diversidad, otorgue mayor autonomía a la voluntad, amplíe derechos y acciones positivas para la protección de las personas.
Basta citar, por ejemplo, que el oficialismo eliminó del nuevo Código el artículo 241 que establecía como un derecho fundamental de acceso al agua potable, en cuya redacción original se establecía que“todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”.
Queremos que también se incluyan los derechos de las comunidades aborígenes, respetando procedimientos de consulta y participación en la toma de decisiones que los afectan y que el oficialismo limita a las personas jurídicas.
También el oficialismo restringe los derechos ciudadanos, desconociendo los derechos de incidencia colectiva. Queremos que se reconozca la concepción de personas a los embriones implantados en el útero de la mujer por técnicas de fertilización humana asistida. Queremos también legislar adopciones adecuadas a los derechos de los niños, con un sistema de garantías que terminen con la discrecionalidad y las arbitrariedades, sin restricciones para participar en el proceso de adopción.
Para todos nosotros - desde nuestro Chaco-, resulta esencial garantizar el derecho al agua para fines vitales. Se trata de una restricción inadmisible del oficialismo, como otras en materia de protección ambiental, concesiones a las compañías mineras y negación de garantías y derechos de los pueblos originarios. Todas ellas revelan una claudicación evidente en la defensa del ambiente y los derechos humanos del siglo XXI.
Nos queda el desafío de impedir el desenfreno del oficialismo para sancionar estas iniciativas el año que viene. Claro que también podemos congratularnos de haber participado - con proyectos propios-, de algunas iniciativas como los beneficios a personas con diabetes, a pacientes transplantados o con problemas de hipoacusia. Algún editorial porteño, como el de Osvaldo Pepe, del lunes 2 de Diciembre, ha reconocido que con ellas, cada tanto el Congreso se acuerda del ciudadano de a pie.