Entre Ríos sigue los pasos de Chaco y desconoce el salariazo - EsChaco.com - Resistencia

A los policías por "extorsivo"

Sábado, 4 de enero de 2014

Entre Ríos sigue los pasos de Chaco y desconoce el salariazo

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, decidió dar marcha atrás con el "salariazo" otorgado a los policías en diciembre cuando estaban acuartelados y ahora considera "nula" el acuerdo firmado en Concordia por considerarlo "extorsivo".

Así se los hizo saber el jueves su ministro de Gobierno, Adán Bahl, a los uniformados luego de una reunión que tuvo con el jefe de la fuerza, Roberto Massuh. Les avisó que tendrán un aumento, pero no será el del acta firmada "bajo presión", donde habían conseguido un sueldo básico de $8.500 sino que será negociado en paritarias.

De esta manera, el mandatario kirchnerista se suma a su par chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien se negó a darles la suba salarial pactada durante la huelga de las fuerzas de seguridad y mientras la provincia sufría una ola de saqueos y robos.

Durante el encuentro, Bahl explicó porqué el acta del 9 de diciembre estaba caída y también se avanzó en la determinación de disponer un incremento salarial, que se conocerá en las próximas horas.En este sentido, quedó en claro que para el caso de la fuerza policial, el incremento es una decisión del Ejecutivo; no el producto de una discusión o negociación, como sí la tendrá el gobierno con los gremios de los trabajadores estatales en el marco de las paritarias que comenzarán el lunes 6 de enero.Es más, resulta previsible que tras esa puja con los gremios surja un porcentaje de recomposición salarial que seguramente se trasladará luego también a la fuerza policial, informó el diario UNO de Entre Ríos.Tras la firma del acta con los policías, Urribarri había confesado se arrepentía del "salariazo" que había rubricado. "Lo volvería a hacer mil veces porque estaba en juego la paz social. Tenía la Constitución, las leyes, la Justicia lista para ocupar su rol, pero sentí que no me servían si el riesgo era un baño de sangre", explicó en ese momento."Fue un momento de tensión extrema donde todos fuimos conscientes de que estábamos en el terreno del delito, pero había que tomar una decisión. Yo tenía la Constitución, la leyes, la Justicia lista para ocupar su rol, pero sentí que no me servían", señaló.Unos días después el jefe del Gabinete nacional, Jorge Capitanich, consideró que la firma de las actas con los policías, en varias provincias, habían sido producto de la extorsión por parte de los uniformados hacia las autoridades políticas.

Los policías, bajo la lupa de la JusticiaLo cierto es que Urribarri tomó la decisión de dar marcha atrás en el "salariazo" a los policías luego de las declaraciones el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, quien consideró que el acta y la foto de su firma son una prueba contundente de la extorsión ejercida por los policías acuartelados en Concordia, y anticipó que será la primera prueba que incluirá en la denuncia que presentará contra ellos apenas finalice la feria judicial de enero.

"Será contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial y, paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en tantísimas filmaciones. Así también contra los que crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos, por ejemplo efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados", precisó el funcionario judicial. Se supo que serían 70 los policías denunciados y una docena de ellos los que están más complicados judicialmente. "El encuadramiento normativo de los funcionarios policiales está en el delito de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados y, además, la instigación a robos calificados. Por el lado de los autores de los saqueos, robos calificados de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad", remarcó el fiscal. Así, la investigación judicial apunta tanto a los policías que se plegaron a la protesta dejando de cumplir con sus tareas, como a las personas que participaron de los saqueos, y también a determinar la presunta relación entre los policías amotinados y los saqueadores. Según explicó García la cuestión que es "crucial" está contemplada en el artículo 229 del Código Penal "en los delitos que se llaman atentados contra el orden democrático. Esta corrección fue la primera producida una vez que se recuperó la democracia y fue confirmada en la reforma constitucional de 1994", indicó. Allí se plantea que la sedición "es el alzamiento policial en el ámbito provincial. Si bien a un lego le puede resultar raro porque el objetivo explícito no era voltear a un gobierno, queda claro que se trató de una exigencia extorsiva, cuyo propósito fue arrancar una medida mediante el uso de las armas, lo que irremediablemente la constituye en ilegítima". Obviamente, desde el punto de vista del procurador, el acta firmada para poner fin a la protesta es ilegítima y carece de valor alguno.