Otro Estado, otros ciudadanos - EsChaco.com - Resistencia

Por: Sergio Schneider

Lunes, 27 de enero de 2014

Otro Estado, otros ciudadanos

Tres semanas atrás, en este mismo espacio, hablábamos sobre los veinte años que cumplirá en 2014 la introducción en la Constitución del Chaco -mediante una asamblea reformadora- de la cláusula que obliga a las empresas del Estado a incluir en sus directorios a sendos representantes de los usuarios. Dos décadas de ignorar ese mandato, que hablan de modo contundente sobre la calidad institucional en nuestra provincia.

El artículo mereció una respuesta por parte del actual presidente de Secheep, César Cotichelli, que fue publicada en NORTE. Allí corrigió algunos datos sobre cantidad de personal de la empresa, nivel de pérdidas del servicio eléctrico- pero evitó hablar de los planteos de fondo. No dijo por qué la empresa sigue sin un director que represente a quienes la sostienen ni por qué los datos sobre el patrimonio y el manejo de recursos de la compañía no son de acceso público. Planteó que sólo el Tribunal de Cuentas está facultado a revisar los números de la distribuidora de energía.

Pues bien, el año pasado un auditor del Tribunal de Cuentas elaboró el informe 05/2013 en el marco del expediente 24.435-E, relacionado con las rendiciones de cuentas de Secheep por el ejercicio 2011. Lo que se reporta allí es más que interesante.

El Derecho Estimativo

La primera observación que aparece en el informe es por una orden de pago del 29 de noviembre de 2011, por 2 millones de pesos, hacia la cuenta de Secheep Combustibles, pese a que la ley que aprobó el nuevo servicio la 6272- establecía en su artículo 4 que los recursos de la prestación eléctrica no podían ser afectados al nuevo rubro encarado por la compañía, “debiendo llevarse contabilidades separadas” para cada actividad.

¿Qué descargo se hizo desde Secheep sobre este punto? La respuesta llegó al TC con las firmas de los directores Marcos Verbeek y Miguel Armando Malarin, más la del gerente administrativo Raúl J. Cuesta, y más allá de las particularidades expone toda una manera de entender al Estado.

Los funcionarios se defendieron diciendo que mediante la resolución de Directorio 8944/11, y a los fines de hacer operativa la creación del área de combustibles, se autorizó la transferencia de los dos millones con carácter “transitorio y reintegrable”, y se consideró que con eso ya quedaba salvada la prohibición expresa de la norma legal.

Aunque el descargo está suscripto por Verbeek, Malarin y Cuesta, está redactado en primera persona del singular, indicando que en realidad el autor de las argumentaciones fue sólo uno de ellos. En Secheep todos creen que fue Verbeek. Como sea, la contestación al Tribunal de Cuentas expresa: “Estimo que al ser dicha transferencia transitoria y reintegrable, no implica violación al artículo 4 de la ley provincial 6272. Sería de cumplimiento imposible y tornaría en letra muerta los términos de la ley citada el inicio y puesta en funcionamiento (de Secheep Combustibles) sin contar con recursos de ninguna índole”.

Más allá de la pobre sintaxis de la nota, la base argumental se entiende: según la conducción de Secheep, las leyes se aplican “estimativamente”. Es decir, están sujetas a la revisión, juicio y eventual reforma fáctica de quienes deben aplicarlas. En este caso, la cláusula en cuestión no admitía dos lecturas, ya que carece de ambigüedad. La prohibición para mezclar las cuentas de los servicios eléctricos y de hidrocarburos era precisa y clara.

El descargo es aún más sorprendente. “Una consulta a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco pondría claramente de manifiesto que el espíritu del legislador fue impedir la utilización definitiva de los recursos propios de la distribución eléctrica (...) pero ello no impide la realización de una remesa transitoria”, dicen Verbeek y compañía. ¿Cómo pueden saber cuál fue “el espíritu” de los diputados?¿Qué los habilita a pensar que los legisladores quisieron votar algo distinto de lo que escribieron? Y si las sesiones espiritistas en Secheep permitían conocer tan en detalle las intenciones ocultas de los diputados, ¿por qué simplemente no les pidieron una modificación a la ley 6272 para que se autorizaran de modo expreso los pagos “reintegrables”?

El informe del encargado de auditar las cuentas de la empresa concluyó lo obvio: que el pago de los dos millones fue “contrario a lo prescripto por las leyes”, recomendando que se analizase si incluso no correspondía poner en conocimiento de lo ocurrido a la fiscalía penal en turno.

Cuestión de prioridades

Los directivos incluyeron en su decargo esta perla: “Consideramos oportuno poner en consideración del Tribunal de Cuentas que la incursión de Secheep en el mercado mayorista de combustibles (...) ha venido a resolver un problema de desabastecimiento y desequilibrio de precios en la provincia”. Hasta ayer las estaciones de servicio de Secheep seguían ofreciendo los precios más caros de la plaza, con la nafta premium a 16,49 pesos el litro, la súper a 15,69 y el diésel a 11,99. O sea, hasta un 50% por encima de otras expendedoras. Si esto es ayudar a los consumidores, por favor dejen que nos sigan pegando.

Pero además, si tan importante para la vida diaria de los chaqueños era sacar esos dos millones de la cuenta del servicio eléctrico, ¿por qué los recursos no se asignan con un criterio más razonable a la hora de definir prioridades?

Para habilitar las oficinas VIP de avenida Paraguay 60 se suscribió una contratación directa de alquiler (¿qué impedía una licitación?), para colmo asumida en dólares, y por las refacciones se pagaron al arquitecto encargado de los trabajos una factura de 287.091 pesos, otra de 242.908 y una tercera de 250.000, todo mediante otra contratación directa. Las sumas no incluyen el fino mobiliario instalado en el lugar. Es decir que, como mínimo, para la comodidad del directorio se gastó aproximadamente la mitad de lo que era tan necesario para Secheep Combustibles.

Entre sin golpear

Cotichelli, en su respuesta, rectificaba un dato sobre la cantidad de empleados de Secheep (dice que son 1.329 y no 1.600), buscando mostrar un panorama de austeridad en el tema. Se quejó, por ejemplo, de que en diciembre de 2007 la gestión peronista se encontró con 260 empleados conveniados “con distintos municipios de la provincia del Chaco, claro todos de la Alianza”. Fueron dados de baja. Lo que no dice Cotichelli es que eso generó varias demandas judiciales y que menos de un año después de aquel recambio de administradores, el 1 de noviembre de 2008, la conducción de Secheep definió otras 145 incorporaciones. Una de ellas, la de la hija de Cotichelli. Cinco meses antes también había ingresado su esposa, y en diciembre de 2012 lo hizo una segunda hija.

Seguramente la familia del actual presidente es idónea para los lugares que ocupa. Pero está claro que en una empresa que se sustenta con el aporte de los sufridos usuarios de un servicio eléctrico pésimo, la selección de personal debiera ser transparente, de modo que otros hijos y otros cónyuges estén en igualdad de condiciones a la hora de tener empleo estable en el sector público. Una deuda vale decirlo- que no solamente tienen las autoridades de la compañía energética, sino la de prácticamente todo el Estado provincial.

En 1991, Alberto “Toto” Torresagasti fue noticia nacional porque se descubrió que había convertido en personal de planta de la Legislatura a todos los jugadores de fútbol de su club, Independiente Tirol. A fines de agosto de 2010, y sin tanta repercusión, la Asociación del Personal de Conducción de Secheep denunció que todo el plantel futbolístico de Cune estaba por ingresar a la empresa, por vínculos de un funcionario con el club universitario. Y el año pasado circularon las fotocopias de pagos de viáticos a un entrenador de básquet que es personal de la compañía y viajaba fuera de la provincia a “visitar estaciones de servicio de gas natural comprimido” casualmente en los mismos días y las mismas ciudades en que jugaba su elenco de dirigidos.

Se veía venir

Los cuadros técnicos de carrera de Secheep elaboraron en 2012 un informe sobre lo que se venía para los veranos futuros. En ese reporte se anticipaba la crisis que los usuarios padecieron el verano pasado y la que vuelven a sufrir ahora en peores condiciones que antes.

“Hay cuestiones técnicas que no se pueden salvar con voluntarismos”, decía el informe, que había sido elaborado por un ingeniero del área jerárquica a quien sus pares encomendaron el trabajo. Allí se hablaba de inversiones erradas, desfinanciamiento, falta de articulación entre áreas y la adjudicación de jefaturas “sin criterio alguno”. “La realidad será que los chaqueños del Gran Resistencia nos quedaremos sin luz, existiendo zonas más críticas”, advertía.

Se acompañaba el informe con varios cuadros. Uno de ellos mostraba los datos sobre cortes desde 2006 hasta parte de 2012. En 2006 los minutos de corte en el servicio de Secheep habían sido 57.146, que importaron 877.213 kilovatios. En 2011 los minutos de corte ya eran 127.047, con 1.908.813 kilovatios de por medio. ¿Es un efecto no deseado del crecimiento del consumo interno en el país o el fruto de la improvisación?

Uno podría confiar en lo primero, si no fuera por las declaraciones de los funcionarios provinciales previas a la puesta en marcha del electroducto NEA-NOA, concretada el 18 de agosto de 2011. “Le dará confiabilidad al sistema en el NEA, es decir una seguridad de servicio y alternativas de alimentación extraordinarias”, dijo Ricardo Martínez Leone en septiembre de 2010. “Permitirá afrontar cargas récord de consumos sin problemas, lo que generará beneficios a todo el interior provincial”, dijo Cotichelli en enero de 2011 al hablar de ésa y otras inversiones. El enlace regional ya opera, y estamos peor.

¿Se equivocó también Jorge Capitanich al escribir sobre Secheep, en su memo reservado de diciembre de 2012, “invertimos más de 3.000 millones de pesos y tenemos los mismos problemas. Hay incompetencia y descontrol”?

Vicios naturalizados

Más allá de botones de muestra y penosas anécdotas, el trasfondo de todo es un contexto en el que los funcionarios sean del color partidario que sean- tienden a creer que son dueños del Estado y no sus administradores. Pero esa realidad, que se dio en los gobiernos de todos los signos, no podría persistir con la intensidad con que lo hace- si no hubiera enfrente ciudadanos que consideran que eso es así por una suerte de orden natural que impusieron los hábitos y los años.

El plebiscito provincial de 1994, que mostró el apoyo mayoritario de los chaqueños a la idea de que las empresas de servicios públicos se mantengan en la órbita estatal, fue un acto de lucidez notable en medio de la ola privatista que cubría al país. Sin embargo, no se lo puede entender como un cheque en blanco.

Los funcionarios no deben dar respuestas parciales ni con verdades a medias sólo para reaccionar a una publicación periodística. Están en su derecho de rebatir lo que consideren erróneo o falaz, pero al margen de ello están obligados a dar información fehaciente, periódica, oportuna y plena a los ciudadanos.

En gran medida, la apertura a desgano surgida en los tiempos del “que se vayan todos” quedó neutralizada con reglamentaciones que desvirtúan los postulados declamados en los años de convulsión social. Y si alguien no lo cree así, que intente hacerse de las declaraciones patrimoniales de cualquier funcionario invocando la Ley de Ética Pública.

Queremos, necesitamos, otro Estado. Es probable que la clave esté en que seamos capaces de ser otros ciudadanos. Diarionorte