Procesaron con prisión preventiva a contador obereño por evasión de más de 70 millones
A partir de una extensa investigación de la AFIP, la Justicia Federal de Posadas dictó el procesamiento con prisión preventiva al contador público Rubén Eduardo Kuhlmann, por ser el jefe de una asociación ilícita fiscal que ayudó a evadir más de 70 millones de pesos al fisco. A pesar de la medida, Kuhlmann está prófugo y tiene prohibido salir del país.
A partir de una extensa investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia Federal de Posadas dictó el procesamiento con prisión preventiva al contador público Rubén Eduardo Kuhlmann, como “jefe de una asociación ilícita fiscal que ayudó a evadir más de 70 millones de pesos al fisco” a través de maniobras realizadas por la “Consultora Centro”, con sede en Oberá. A pesar de la medida, Kuhlmann está prófugo y tiene prohibido salir del país.
Además, la conjuez Alba Larraburu les trabó un embargo de 10 millones de pesos a los presuntos partícipes de la banda y dictó el procesamiento sin prisión preventiva del abogado Hugo Lesiuk; de los contadores Adriana Minoura, Nancy Rodríguez, Raúl Kuhlmann y Rolando Ranzoni y también de Norma Trzcinski, Mauricio Arias y Gustavo Komatsu. Todos están sindicados como responsables del delito de asociación ilícita fiscal.
El caso causó conmoción en la sociedad obereña y la investigación de la Afip involucró a varias firmas conocidas, aunque esta es la primera sentencia que se conoce.
Según la Justicia, Rubén Eduardo Kuhlmann lideraba una organización – Consultora Centro- dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de prestanombres, documentación apócrifa, simulación de empleados y cesiones permanentes de socios.
La AFIP detectó que las firmas “de cartón” generaron comprobantes apócrifos para que las empresas usuarias omitieran declarar ventas al fisco por 300 millones de pesos.
La Ley Penal Tributaria establece la pena desde 3 años y medio hasta 10 años de prisión para este tipo de delito, con un mínimo de 5 años para los "cabecillas" de la organización.
¿Cómo se genera la evasión?
La creación de sociedades que solo son un sello permite simular operaciones de compraventa y así generar crédito fiscal a favor de las empresas.
Las firmas operaban como proveedoras y trasladaban a los empleados de una compañía a otra en forma permanente, simulando así la apariencia de una empresa en marcha.
Las operaciones se cancelaban con cheques emitidos por alguna de las firmas involucradas y se descontaban en financieras creadas por el grupo investigado a un tipo de interés irrisorio.
En un mismo lugar se fijaba el domicilio fiscal de diversas empresas apócrifas.
Por ejemplo, la dirección particular de uno de los integrantes de la asociación ilícita –ubicada en la ciudad de Oberá- era utilizada por trece personas físicas y jurídicas. Para la habilitación de las sociedades crearon, además, un grupo de inmobiliarias que confeccionaban los contratos de locación, utilizando en muchos casos los mismos domicilios (propiedad del grupo) que eran alquilados a distintos contribuyentes casi en forma simultánea.
Se detectaron innumerables modelos de mutuo o reconocimiento de deuda, utilizados por los contribuyentes para deducir incorrectamente gastos en las declaraciones juradas, tal como un contrato de “Reconocimiento de Deuda” con opción de aporte irrevocable entre las firma involucradas por la suma de 1.050.000 dólares, instrumento que fue confeccionado con la única intención de ser utilizado durante la fiscalización que se estaba llevando a cabo a una de las firmas.
La maniobra
En esta causa se investiga la actuación de un grupo de profesionales de la zona centro de Misiones que ofrecía servicios a terceros entre los cuales se puede mencionar: creación de empresas apócrifas; creación de documentación falsa; utilización de prestanombres; utilización de cheques de manera cruzada; simulación de relaciones laborales; utilización indebida de exenciones impositivas; falsificación de sellos y firmas; estafas procesales en procesos ejecutivos; maniobras con obras sociales; maniobras de lavado de dinero.
La AFIP detectó que las firmas “de cartón” generaron comprobantes apócrifos para que las empresas usuarias omitieran declarar ventas al fisco por 300 millones de pesos, permitiendo una evasión superior a los 70 millones en Oberá.
Kuhlmann, a través de la Consultora Centro, fue el principal asesor de la Familia Klimiuk, integrada por el padre, Vicente Klimiuk y sus cuatro hijos, Félix, Miriam, Cristian y Renso.
El clan Klimiuk operaba básicamente sobre cinco empresas: Klimiuk Hnos; El Trébol SRL; Koniczyna SRL; Yerbatera Don Máximo SRL y la Cooperativa Yerbatera y Tealera Los Precursores LTDA.
La causa se inició en febrero del 2013, luego de una denuncia de la AFIP ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, por presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal de una organización compuesta por profesionales.
En el curso de la investigación, la cual inició el Juez Federal Ramón Claudio Chávez y la continuó en febrero de este año Alba Larraburu (como conjuez) y el secretario Juan Andrés Acasuso, dispusieron 22 allanamientos a domicilios reales, fiscales y legales de las personas involucradas y se secuestró documentación relevante para la causa. Asimismo, se estableció el secuestro de libros de protocolo de dos escribanías de Oberá.