La Justicia autoriza a nombrar docentes en Escuelas donde realizan paro - EsChaco.com - Resistencia

COBERTURA ES CHACO: SOTO DIJO QUE CUMPLIRÁN EL FALLO

Martes, 26 de marzo de 2013

La Justicia autoriza a nombrar docentes en Escuelas donde realizan paro

El ministro de Educación de la provincia, Sergio Soto, anunció hoy que el Gobierno de la provincia cumplirá con una sentencia judicial que ordena al reestablecimiento del dictado de clases “en defensa del derecho supremo del niño a aprender, que se encuentra por encima de cualquier otra cuestión”.

El Ministro Soto anunció que se cumplirá de inmediato un fallo de la Justicia para reanudar las clases en aquellas aulas afectadas por quienes mantienen los paros declarados ilegales

Soto sostuvo que la cartera a su cargo recibió la correspondiente instrucción del gobernador Jorge Capitanich, “quien por medio del memorándum número 2 de este año nos ordena cumplir con la decisión judicial” a través “de las medidas que tengamos a nuestro alcance de acuerdo a lo establecido por la ley vigente”.

El titular de Educación difundió en una conferencia de prensa una medida cautelar dictada “en función de una acción de amparo presentada por un grupo de padres preocupados porque sus hijos se hallan privados del servicio educativo”.

“El Gobierno de la provincia debe cumplir la medida judicial que dispone garantizar un mecanismo para la reanudación de las clases en los establecimientos educativos donde no se estén dictando clases, que felizmente son muy pocos”, remarcó Soto.

El funcionario destacó que “el propio juez interviniente ha ordenado dictar clases en todo el territorio provincial con una medida cautelar que tiene como objetivo el interés supremo del niño y el interés supremo de los habitantes de la provincia a efectos de que se garantice el dictado regular de clases”.

Acto seguido, Soto leyó un fragmento de la sentencia que considera “reunidos los requisitos de daño jurídico irreparable para dictar la presente medida cautelar, corresponde disponer y ordenar que en el plazo de 10 días a partir de dictada esta resolución sean adoptadas las medidas necesarias para garantizar el dictado regular de clases en forma provisoria y hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

El fallo judicial, según advirtió el ministro Soto, exhorta al Estado provincial a “superar todo obstáculo que atente o impida el dictado regular de clases en el territorio provincial”, por lo que faculta al Ejecutivo a “tomar las medidas que considere necesarias para el cumplimiento del servicio educativo que, por innegable contenido jurisdiccional, escapan a la judicatura”.

“Este mandato judicial está consagrado y no voy a ponerme en el papel de hacer un análisis más allá de lo que dice la sentencia, que nos habilita a proceder en consecuencia”; por lo tanto, “vamos a abrir las escuelas en todos los lugares donde estén cerradas por los medios que la ley nos proporciona”, ratificó el ministro.

“Vamos a abrir las escuelas”

El ministro Soto, estuvo acompañado por los subsecretarios de Educación, Daniel Farias; de Infraestructura Escolar, Gabriel Lemos; de Políticas Socioeducativas, Marcela Acquisgrana; de Interculturalidad y Plurilingüismo, Elizabeth Guadalupe Mendoza y de Gestión Administrativa, Financiera y Recursos Humanos, Martín Merniez, durante la conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno.

Allí informó que el 21de marzo el juez de Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña, HéctorHugo Osiska emitió la sentencia interlocutoria Nº 22/13, dictada en los autos caratulados “Canteros Elba Antonia y Otros contra Federación SITECH y otra sobre acción de amparo” expediente 101/13, a raíz de una acción de amparo presentada por la mencionada, madre de una alumna de la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 369 de esa localidad y dos señoras más que tienen sus hijos en ese establecimiento.

En función de ello, el ministro de Educación aseveró que “esta medida tiene como objetivo el interés supremo del niño y de los habitantes del Chaco a los efectos de que se garantice el dictado regular de clases. Por tal motivo desde hoy mismo, nosotros nos ocuparemos de hacer cumplir esta medida cautelar y de la manera que consideremos más adecuada, teniendo en cuenta de que esto no signifique el menoscabo de ningún derecho”.

De acuerdo a la medida cautelar, el juez ha expresado que prevalecen fundamentalmente los derechos de los niños y de los jóvenes en este para ejercer el derecho a aprender. “Nos habilita a proceder en consecuencia y nosotros vamos a abrir las escuelas en aquellos lugares en que permanecen cerradas”, aseguró el ministro.

La medida judicial en su fundamentación invoca “como derecho, lo regulado al respecto por la Constitución Nacional, Provincial y la Convención sobre los Derechos del Niño” y señala que “se resuelva conforme al principio del interés superior del niño”.

Además, manifiesta que “es de público conocimiento que el derecho de educación de sus hijos se encuentra vulnerado de manera ilegal y manifiesta debida a la paralización del ciclo lectivo 2013, en los distintos niveles, por la medida de fuerza dispuesta por Federación SITECH, como consecuencia del conflicto originado en reclamos de mejoras salariales”. “Que, sin perjuicio del derecho constitucional de huelga que asiste a los gremios, advierte que el mismo debe ser ejercido dentro de los límites de las leyes que reglamentan su ejercicio; esto es, ese derecho no puede afectar otro derecho constitucional –de mayor jerarquía-, el cual es el derecho de aprender consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional; asimismo, que la Ley 25.864 en su artículo 1, fija el ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clases”.

El caso San Bernardo

En cuanto a la citación por parte de la Comisión de Educación para brindar informes sobre la marcha del servicio educativo, el ministro Sergio Soto aseguró que concurrirá “siempre que se garanticen las mínimas condiciones de seguridad” en la sede parlamentaria.

“Es un lugar en el que hay mucha gente y yo pienso entrar por la puerta y no por la ventana o la claraboya, a eso me refiero cuando hablo de condiciones mínimas de seguridad”, aclaró Soto, además de recordar que “fui yo quien pidió asistir a la Comisión de Educación para proporcionar información sobre las políticas educativas”.

Aseguró además que entre los puntos a abordar explicará a los legisladores sobre el papel que desempeñó el pasado 6 de marzo en la localidad de San Bernardo, “donde insté a los padres que cortaban un acceso a deponer sus actitudes”.

Luego “me dirigí a la escuela 155, la recorrí por completo, verifiqué problemas edilicios que ya están siendo solucionados y retiré el libro de firmas de los docentes ante la detección de irregularidades, procedimiento que se hizo a través del labrado de un acta que firmaron la directora, la vicedirectora, la supervisora y quien les habla”.

El ministro destacó que entre las irregularidades encontradas hasta el momento en el libro en cuestión, que aún no fue revisado por completo, se hallan espacios en blanco en varios folios, tachas con líneas verdes, inscripciones en lápiz con la recomendación de “firmar” y otras anomalías “por las cuales se tomó la decisión de retirar el libro”.

Explicó finalmente que “cualquier otro comentario al respecto debe ser rechazado de plano porque son especulaciones de quienes, ante el accionar del Estado en su poder de control se enojan sin ningún tipo de fundamento” y a pesar de que “el control bien entendido hace bien cuando es para todos; por eso rechazo tales apreciaciones porque está comprobado que ese libro tiene todas estas irregularidades”.