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Supuestas maniobras defraudatorias
Jueves, 4 de abril de 2013
Irregularidades en Ruta 7: Investigan a funcionarios de Vialidad Nacional
La Corte dispuso investigar a funcionarios de Vialidad Nacional por supuestas maniobras defraudatorias en Ruta 7 en General San Martín. El juez federal porteño Julián Ercolini investigará presuntas irregularidades.


Tras dirimir una cuestión de competencia con una jueza de Garantías de San Martín, recomendó a su par federal Julián Ercolini considerar el "carácter nacional" de los intereses pecuniarios en juego.

El juez federal porteño Julián Ercolini investigará presuntas irregularidades en la ejecución de obras viales de un tramo de la ruta provincial número siete, en la provincia del Chaco, financiadas por Vialidad Nacional.

Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia, al dirimir una cuestión de competencia entre el magistrado porteño y su colega de Garantías y Ejecución Penal del distrito chaqueño de General José de San Martín, María de las Mercedes Pereyra.

Según documentación a la que tuvo acceso DyN, la causa se inició "por la denuncia de conductas de defraudación en la ejecución de obras viales en un tramo de la ruta provincial número siete, en la provincia de Chaco".

Se trata de un "convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad, por una parte, y la Dirección Provincial de Vialidad del Chaco, por la otra, que establecía que ?todos los gastos que demande la ejecución de la obra estarán a cargo de Vialidad Nacional, quien se compromete a incluirlos en sus partidas presupuestarias correspondientes a los años 2006 y sucesivos".

Ercolini había argumentado que "la defraudación denunciada recae sobre fondos que una provincia ha incorporado ya a su patrimonio", de modo tal que en ese caso la responsabilidad por las supuestas irregularidades sería de las autoridades provinciales.

Lo que dice la Corte

Pero la Corte, siguiendo el criterio del ex procurador general adjunto Luis González Warcalde, determinó que el convenio entre Vialidad Nacional y su par provincial incluye una cláusula "que obliga al Estado nacional por la totalidad de los gastos derivados de la obra", de modo tal que la investigación debe apuntar inicialmente a los funcionarios nacionales.

"Todos los gastos de la ejecución de la obra estarían directamente a cargo de la autoridad nacional, la que a su vez debe efectivizar los gastos de los certificados de obra que emitiría la autoridad provincial", estableció la Corte.

El fallo, firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, subraya que "dados los términos de la relación fijados en el convenio, el magistrado federal (Ercolini) no puede descartar a esta altura de la investigación el posible involucramiento de funcionarios federales en las maniobras defraudatorias denunciadas y el carácter nacional de los intereses pecuniarios involucrados en ellas".

(Fuente: DYN)


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